Cuatro años y ni un minuto más

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares.

Persiste el rumor, mantenido de manera no desinteresada por algunos medios, de que un sector de congresistas animados por el gobierno con la promesa de compensaciones atractivas, estarían dispuestos a secundar la propuesta clientelista que hace meses viene agitando la presidencia de la Federación Colombiana de Municipios, organismo que desde hace tiempo, más allá de velar por los intereses reales de los entes territoriales pone su pomposo nombre al servicio de la politiquería, de unificar períodos de funcionarios de elección popular, lo que en este momento significa prolongar el mandato presidencial y de parlamentarios a 6 años.

El sustento de la propuesta es bastante oportunista, arguyendo un supuesto interés en ahorrar costos de eventos eleccionarios para paliar efectos económicos de la pandemia y alinear los mandatos territoriales con los nacionales. Tamaña coartada no se les ocurrió ni a una economía poderosa, como la de EE.UU., ni a una modesta como la de Ecuador. La democracia, en medio de todas las controversias, implica respeto a las reglas establecidas, entre ellas el fortalecimiento de un proceso de descentralización cada vez más burlado y utilizado en favor del centralismo político mafioso.

Tras el frágil argumento, surge asuntos de fondo: la casi inevitable opción de que una coalición de centroizquierda se imponga en las elecciones a Congreso y presidenciales del próximo año y la crisis del uribismo, que aún con la concesión de una fiscalía amiga para pedir la preclusión de la investigación contra Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal, por la que estuvo preso en casa por orden de la Corte Suprema de Justicia, no logra sacudirse del desprestigio del líder, más aun, cuando la JEP procesa el abominable caso de 6.402 ejecuciones extrajudiciales durante su mandato.

El que el presidente no se oponga de manera enfática al rumor, como, dicho sea de paso si lo han hecho uribistas como Paloma Valencia, marcando diferencias en la crisis interna del Centro Democrático, deja percibir que la iniciativa no le es del todo ajena y que un sector de esa corriente, frente a la posible victoria de una opción alternativa, está dispuesto a impedirlo a como dé lugar. No se trata de una preocupación por la salud económica el país ni de alinear positivamente la administración, sino de impedir una opción distinta al autoritarismo corporativo que representa el actual presidente, bien disimulado con su demagogia efectista.

Aún si existieran argumentos fundamentados para que el país aceptara revisar la conveniencia de ampliar el período presidencial, es obvio que no sería el momento actual, afectado por intereses evidentes de corte antidemocrático orientados a impedir que se escoja de manera libre opciones representativas de fuerzas subalternas y alternativas que se han abierto paso tras décadas de exclusión, barbarie y expoliación. ¿Alguien con dos dedos de frente cree que este subpresidente mediocre merece la prolongación de su período?

La historia reciente ha demostrado que cuatro años son suficientes para que cada gobierno demuestre que es peor que el anterior, se ahogue en las aguas pútridas de los pactos criminales (pactos de Chivolo y Ralito) y llegue angustiado al fin. En Colombia a los dos años los gobiernos están con el Sol a las espaldas, de tan poca envergadura es su alcance. Que lo diga Gaviria amargado por el apagón, Samper hastiado de soportar el peso del proceso 8 mil, Pastrana rogando irse luego del fracaso del Caguán con las Farc.

Dirán que eso no es así, que a Uribe se le permitió la reelección porque era providencial y necesario. Falso. Con el sofisma de la “seguridad democrática” los poderes reales toleraron que destrozara la estructura de balances y contrapesos de la Constitución, pervirtiera las instituciones y comprarse la reforma de “un articulito” para reelegirse, tras un primer período de aplausos llevando al país a la guerra en medio de ficciones periodísticas y el ocultamiento de horrores.

En el segundo período, logrado a punta de compra de congresistas con puestos, embajadas y notarías, se incrementaron las violaciones de derechos humanos, los “falsos positivos”, y mediante la trampa del “estado de opinión” impuesta a los medios se mantuvo una popularidad conveniente a un gobierno para los ricos. Con trucos e ilegalidades casi le permiten un tercer período del que nos salvó la Corte Constitucional. Cuatro años eran fue suficientes para saber de qué se trataba pero lograron engatusar a la gente.

Juan Manuel Santos, mañoso jugador de póker, advertido que el giro que iba a dar frente al conflicto interno y la necesidad de tiempo para redondear un acuerdo de paz no se cerró la puerta de inmediato, se habilitó para un segundo período al tiempo que promovió la reforma constitucional para cerrarla. Y más allá del acuerdo, que le dio el aire para sobreponerse a las dificultades y refrenar un movimiento social socio en la tarea, las angustias del segundo mandato en términos de realizaciones sociales tampoco lo sacan avante.

En hombros de Uribe llegó Duque a quien el virus Covid19 le tendió la mano para sobreponerse a la sin salida en la que se encontraba cuando a escaso mas de un año de haber iniciado mandato, un vigoroso movimiento social empujado por los jóvenes lo tenía contra las cuerdas, en noviembre de 2019, debido al carácter antipopular de sus medidas y la marcada tendencia derechista del gobierno empecinado en dar al traste con los acuerdos de paz con las Farc y las instituciones que lo consolidan.

En medio de la desgracia de la pandemia, la bendición para un mandato sin rumbo, el país dio un compás de espera. Hoy está decepcionado por la evidente y descarada preferencia por los banqueros y los grandes empresarios, una política de migajas al pequeño propietario y emprendedor que tanto promueven como disfraz de la informalidad y subsidios miserables a una población empobrecida y un manejo dependiente, errático y tardío de la vacunación y la pretensión de liderar desde la pantalla.

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Conmueve el recrudecimiento de la violencia derivado del guerrerismo que anima a buena parte de los funcionarios aupados al poder en un golpe de fortuna, jóvenes sin experiencia pero visionarios de la oportunidad y al acomodo de posición que requieran las circunstancias. De forma indignante, el ministro de defensa, que antes fue consejero de no sé qué cosa de Duque y antes director de la institución que cuida a la niñez de Santos, frente a la denuncia de que la Fuerza Aérea bombardeó niños en un ataque, de manera miserable solo atina a decir que “son máquinas de guerra”. Y lo aplauden el Ministro del Interior y los consejeros de paz, estabilización y seguridad nacional, la camada de cachorros rugientes del uribismo.

No es por la maravillosa gestión adelantada que los sin vergüenzas promotores soterrados de la prolongación del mandato Duque, quieren que continúe. Está claro que son la punta de lanza de los dueños del poder y la riqueza, la vida y la muerte, que ante la inminencia de un cambio de rumbo están dispuestos a quebrarle el pescuezo a la Constitución con tal de mantenerse y no permitir reformas justas que le den un rostro nuevo a esta nación dolida.

Frente a ese propósito siniestro, de abierto desconocimiento de la democracia, de desafío a una ciudadanía y un pueblo que hastiados del pasado quieren intentar un proyecto que supere la exclusión, la discriminación y las violencias propias del régimen imperante desde los albores de la república, la exigencia del momento es una gran alianza progresista que de manera contundente valide los nuevos rumbos.

Lo urgente en Colombia es el cambio, no la prolongación de este remedo de democracia en la que se cooptaron todos los poderes, se simula gobernar con histrionismo y el destino del país es el interés de los conglomerados económicos y las alianzas territoriales de clanes políticos y narcotraficantes. Con las cosas así, cuatro años no solo son suficientes, son demasiados.