Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Hoy se cumplen 101 días en los que el Congreso no ha sesionado. Si bien, el inicio de esta labor estaba planeado para el pasado 16 de marzo, esto no tuvo su orden normal, pues la emergencia sanitaria que se vive en el país también afectaba la modalidad en las que se dan las discusiones en el Capitolio.
La gran duda era cómo se iban a llevar al debate público las medidas que ha venido decretando Iván Duque para responder a las diferentes situaciones que ha desatado la propagación del Covid-19, no solo las de salubridad, sino también las problemáticas sociales que se han mostrado más vigentes en este tiempo.
Ante esto el Gobierno Nacional activó un plan de contingencia para los servidores y contratistas del Estado a través del Decreto 491 del 2020, el cual por medio del artículo 12 da vía libre para que: “(…) todas las ramas del Poder Público puedan realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir”.
Así desde el pasado 28 de marzo el Congreso está de alguna forma habilitado para realizar las sesiones virtuales y así hacer control de lo que desde el poder Ejecutivo se ha estado decidiendo. Sin embargo, dado el panorama actual han salido dos escenarios: por un lado, la preocupación por una posible inconstitucionalidad en esta medida, y por otra parte, la urgencia de ejercer veeduría política por parte del Congreso al presidente Iván Duque.
¿El limbo entre lo constitucional e inconstitucional?
Este debate lo abrieron varios excongresistas y congresistas quienes ponen como argumento que la Ley Quinta de 1992, la cual dinamiza el funcionamiento del Congreso, no contempla la posibilidad de sesiones virtuales, y que al ser una ley orgánica sólo puede ser reformada cuando haya un consenso mayoritario absoluto por los organismos del Congreso, es decir, en este contexto las decisiones que pueden llegar a ser tomadas podrían carecer de legalidad posteriormente.
Asimismo, el senador Jorge Robledo se ha referido al tema a través de sus redes sociales, donde ha dicho que “es un abuso de Iván Duque haber tomado esa decisión”. Igualmente, hace referencia pudieron exceptuar a los congresistas de las medidas del aislamiento preventivo obligatorio para que estos pudieran legislar con normalidad. “Hacer esto por medios virtuales es una farsa. Si aprueban las leyes que aprueban estando presentes los de la oposición vigilando, ¿se imaginan la Casa de Nariño manejando el Congreso como se le da la gana?”.
Por otra parte, Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, hizo referencia en El Espectador: “Que el artículo 140 de la Constitución autoriza al Congreso a reunirse en otros lugares en caso de perturbación del orden público. Así, lo del coronavirus puede interpretarse como una perturbación del orden público, y los espacios virtuales como lugares a los que se asiste. De esa forma existe entonces una autorización constitucional y legal para que el Congreso decida y sesione virtualmente”.
A esto se le suma otra de las preocupaciones que han hecho públicas algunos representantes a la Cámara como, el presidente de este organismo, Carlos Cuenca y el primer vicepresidente, Óscar Villamizar (Centro Democrático), quienes advirtieron que aunque están de acuerdo con la virtualización de las sesiones, no saben qué medidas se van a tomar para decidir un canal comunicativo que les permita tener una buena dinámica de las sesiones, además de condiciones adecuadas técnicamente y en cuanto a seguridad informática.
La urgencia es el control político al poder Ejecutivo
Hasta el jueves 26 de marzo el Gobierno Nacional había tomado 144 medidas a través de decretos, resoluciones y circulares dada la situación sanitaria, social y económica relacionada con el COVID-19, todas estas han sido implementadas sin pasar por la veeduría y control del Congreso, a pesar de que estas medidas están determinando lo que será de los colombianos dado el aislamiento preventivo obligatorio.
“Es necesario que el Congreso ejerza el control político y que juegue un papel de liderazgo en representación de sus electores y de las regiones, que le aporten al presidente y al ejecutivo, y a su vez que también vigilen y limiten sus decisiones”, afirmó León Valencia, director de Pares.
Desde el 16 de marzo no se hacen las sesiones que estaban programadas durante este año, esto no solo representa un abandono durante este periodo de discusiones alrededor del Coronavirus, sino también de proyectos de ley que no han podido ser discutidos y que representan la misma importancia de cara a las problemáticas sociales que se están agudizando con la pandemia que se vive.
La senadora Sandra Ramírez del partido Farc afirmó a través de Twitter que: “Un Estado sin un Congreso activo se parece más a una dictadura. En estos momentos es necesario que comencemos a sesionar para hacer control político a todas las medidas tomadas por el Gobierno frente al Covid-19”.
Hasta el momento lo cierto es que la decisión final está en manos de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes; Lidio García y Carlos Alberto Cuenca, quienes aunque se han pronunciado al respecto no han dado una respuesta que permita comenzar ya a evaluar las medidas que se han tomado y a ponerle atención a otros temas que no son ajenos a la realidad nacional: asesinato a lideres sociales, falta de fortalecimiento al sistema de salud, problemáticas educativas, crisis carcelaria y desatención a poblaciones que hoy piden garantías de vida digna.
“La tentación del Presidente de tomar decisiones de gran alcance utilizando sus facultades extraordinarias puede derivar en arbitrariedades”, concluyó León Valencia.
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