Por: Esteban Andrés Tello Fernández, investigador Universidad Católica de Cali.
Basta un acercamiento a la población de los centros urbanos del Alto y Medio San Juan, en Chocó, para reconocer la carencia de economías alternativas a la minería en el departamento. Las actividades extractivas y el aumento repentino de los ingresos han eclipsado el desarrollo de otros sectores económicos como la agricultura y la industria. Ahora que la renta de la minería empezó a descender, queda en evidencia la falta de planeación y construcción de políticas claras para sacar de la pobreza al Chocó.
Para entender el salto que tiene que dar el departamento, debemos observar las dimensiones de la minería, pues representa el 17% de su economía según cifras del DANE para el 2017. Las exportaciones departamentales en un 70% son de oro, sin embargo, hasta mayo del 2018 habían disminuido 88% frente al año anterior. Estas cifras, que reflejan la grave disminución de la producción aurífera, permiten mostrar la situación que afecta a la zona del Alto y Medio San Juan, cuya economía aún depende de este sector explotado.
Según el DANE, la explotación de minas y canteras representa los siguientes porcentajes del valor agregado municipal por grandes ramas de actividad económica en la región: en Condoto el 40%, en Istmina el 47%, en Medio San Juan el 0.94%, en Novita el 63%, en Río Iró el 88%, en San José del Palmar el 8%, en Sipí el 44%, en Tadó el 28% y en Unión Panamericana el 66%.
Esa preponderancia explica que hoy la principal preocupación de los habitantes de estos municipios sea encontrar alternativas económicas viables que les permita reemplazar los ingresos que genera la minería y disminuir el impacto ambiental de esta. La búsqueda de alternativas económicas del Alto y Medio San Juan también surge debido a los males que aquejan al sector. Uno de ellos es la disminución de la producción, el mineral ya no lo encuentran en muchos ríos que por décadas han sido trabajados: todos sus rincones, sus vueltas y revueltas fueron dragadas y lavadas. “Hoy el mineral se agotó” dicen comunidades cercanas a Istmina y Tadó.
Los lugares donde están encontrando oro no son los tradicionales. Esto amplía el impacto ambiental en la región, que se agravó desde que esta práctica mecanizada apareció y se hizo común el uso de mercurio.
Otro mal que identifican las comunidades es la política del gobierno: dragas y dragones, retroexcavadoras, motobombas y motores, entre otros, han sido quemados a lo largo y ancho del territorio para llevar adelante la guerra contra la minería ilegal. Las comunidades han expresado su preocupación por práctica. Argumentan que la quema de la maquinaria afecta no sólo a quienes señalan de ser los empresarios de la minería ilegal mecanizada -gente de otras regiones o extranjeros-, o a los actores armados ilegales que cobran extorsiones a muchos entables mineros, sino, también, a comunidades afrodescendientes, indígenas y a personas de las zonas urbanas y rurales que participan en la extracción como única opción de ingresos.
Por ahora, hay pequeños emprendimientos que ya señalan algunos caminos alternos, como la producción de cacao y achiote que se procesa y se comercializa desde Tadó. En Istmina, por ejemplo, hablan de la necesidad de hacer énfasis en la transformación de las “pepitas” de oro, más que en la extracción y comercialización. En todo caso, es indispensable una participación activa y directa del Estado en la generación de políticas claras para encontrar alternativas económicas frente a la minería en el Alto y Medio San Juan.