Por: Katerin Erazo, Periodista
Perú cumple un mes de fuertes protestas en las calles, luego del intento de golpe de Estado que pretendía realizar el expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido el pasado 07 de diciembre.
Los manifestantes exigen cuatro puntos: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte; el cierre del Congreso; el adelanto de elecciones generales a 2023; y la convocatoria de una asamblea constituyente.
Las protestas, que iniciaron el pasado 11 de diciembre, han dejado, al día de hoy, un saldo de 47 muertos. Estefany Luján, periodista peruana, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que al menos cuarenta de estas muertes se han producido durante las marchas y otras cinco en el contexto de estas, es decir, a causa de accidentes y bloqueos que se han presentado durante las protestas.
Estas cifras han desatado la indignación de algunos manifestantes, especialmente por la muerte de seis adolescentes que tenían entre 15 y 17 años, se registró que tenían heridas de balas presuntamente provenientes de las fuerzas militares.
Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado. Según Luján, en su país existe una normativa que indica que en manifestaciones y eventos de este tipo, “por más violentas que sean, se tienen que utilizar los mecanismos disuasivos”, como bombas lacrimógenas, perdigones de goma, entre otros artefactos que no afecten la vida de los manifestantes. Sin embargo, se han registrado heridas por armas de fuego, balines de acero, entre otros. Por esta razón, se ha hablado de graves violaciones contra los derechos humanos en Perú.
Aun así, el Gobierno, liderado actualmente por la presidenta Dina Boluarte, constantemente ha negado estos hechos y ha adoptado un discurso que busca estigmatizar a los manifestantes, tachándolos de “violentistas” o señalándolos de que están siendo conducidos por grupos de poder, que el mismo Gobierno no ha identificado. Para Luján este discurso no tiene sentido: “el Gobierno menciona que existen grupos interesados en desestabilizar al país, pero si realmente tuviera dicha información dudo mucho de que no la hicieran pública (…) queda una idea muy abstracta sobre esto”.
El 09 de enero de 2023, en la ciudad de Juliaca, al sur de Perú, se vivió una de las jornadas más violentas en el país durante este periodo de protestas. 17 manifestantes fallecieron ese día, 112 personas resultaron heridas y un bebé de 35 semanas, quien debía ser trasladado a un centro médico, no pudo llegar a causa de los bloqueos.
Debido a esto, las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en el Perú (ONU) exhortaron a las autoridades y fuerzas de seguridad a "tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos", expresando su preocupación por los disturbios que se han presentado, en especial el del día 09 de enero.
"Exhortamos a las autoridades y fuerzas de seguridad a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la manifestación pacífica; a observar los estándares y normas aplicables al uso de armas contra los manifestantes; y a facilitar una solución pacífica y dialogada a la crisis", así lo manifestó ONU Perú en un comunicado.
Por su parte, el Gobierno Peruano decretó un toque de queda de tres días en la zona andina de Puno, anuncio que realizó Alberto Otárola, primer ministro del Gobierno. Cabe señalar que pese a las cifras de muertos que han dejado los enfrentamientos con las fuerzas del Estado, el Congreso peruano otorgó el martes 10 de enero el voto de confianza al gabinete presidido por Otárola, con lo cual confirmó su investidura.
73 votos a favor, 43 votos en contra y 6 abstenciones fueron los resultados de su Plan de Gobierno para los siguientes meses, resultado que para Estefany Luján confirma la clase de institución que es el Congreso peruano, criticado por muchos de los habitantes del país y a nivel latinoamericano.
Durante esta jornada de votación, Edgar Reymundo, vocero de la bancada de Cambio Democrático, afirmó que el gobierno de Dina Boluarte tenía "más muertos que días en el poder”.
Cambio Democrático fue uno de los partidos que pidió la renuncia de Boluarte y de Otárola para dar paso a un gobierno de transición y un adelanto de elecciones generales inmediatas. Petición a la que se sumó el legislador Flavio Cruz, portavoz del partido Perú Libre, quien coincidió con Reymundo en exigir la renuncia de la mandataria y de Otárola con el fin de que haya paz en el país.
Miguel Jugo Viera, secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, le mencionó a Pares que la situación que está viviendo el país es crítica y que los hechos violentos demuestra un “desprecio total por la vida humana” por parte de la presidenta Boluarte.
Miguel Jugo mencionó que ya hay un total de 460 heridos, decenas de viviendas allanadas y cientos de ciudadanos arbitrariamente detenidos y procesados, “esta situación vulnera los principios fundamentales del Estado de derecho”. Para él, el panorama es bastante incierto, ya que se anunciaron nuevas movilizaciones y la llegada de muchos contingentes de regiones y de grupos indígenas hacia la capital, Lima. “Es una situación bastante delicada porque no hay un criterio de cuidado de las personas, sino todo lo contrario”.
Cabe añadir que hoy inician las reuniones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), en las que se espera que se realicen las recomendaciones pertinentes para dar un poco de alivio a esta crisis que está viviendo el país peruano.