Por: Dennis Huffington. Investigador regional Pares-Pacífico
Sin servicio de agua potable, con una red de salud desmantelada, con bloqueos constantes en las vías por la protesta social y con el control territorial ejercido por los grupos armados, así se padecen las consecuencias de décadas de saqueos al erario público y las complicidades entre las autoridades administrativas y la ilegalidad en Buenaventura.
En las últimas dos semanas este escenario de crisis se vivió en todo su esplendor y la ciudad se enfrenta a un panorama desalentador en materia sanitaria y económica.
La pandemia ha puesto en evidencia la profundidad de las desigualdades sociales que, en la cotidianidad, a veces se normalizan pero que en los días recientes no hubo forma de ocultar: la falta de un servicio vital como el agua potable llevó a la angustia a los habitantes de la zona urbana del Distrito y despertó la rabia social de las comunidades que no aguantaron la situación, convirtiendo la calle y las redes sociales en los canales de desahogo, esperando que las lluvias recurrentes del Pacífico paliaran la necesidad.
Y si bien el servicio de agua potable fue restablecida luego de 14 días críticos vividos en Buenaventura, causados por el daño en la tubería principal de 39 pulgadas en el paso por San Cipriano, y que dejó al 70% de la población sin el servicio de agua desde el 23 de junio, los problemas con la prestación de servicios de saneamiento básico han sido la constante desde que la empresa Hidropacífico S.A E.S.P es la operadora.
Así le despojaron el agua a los bonaverenses
En 1996 el Gobierno nacional aprueba el CONPES 2861 el cual permitió al Estado contratar créditos externos de hasta $17.000 millones de pesos para financiar el plan de alcantarillado y saneamiento de Buenaventura.
Para hacer uso de estos recursos la administración municipal debía permitir la participación del sector privado a través de la creación de una empresa que estuviera a cargo de la operación, administración y gestión de los servicios de acueducto y alcantarillado que hasta el momento venían desempeñando las Empresas Públicas Municipales de Buenaventura y la empresa Sociedad De Acueductos y Alcantarillados Del Valle Del Cauca – Acuavalle S A E S P –, contrato que tenía fecha de finalización diciembre de 2001.
En los 18 años que llevan operando la Saab e Hidropacífico en Buenaventura, el servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad desmejoró, al punto que se tuvo que sufrir la ausencia del líquido durante 14 días en medio del peor momento de la emergencia sanitaria del COVID-19 en el distrito, donde el agua es esencial como medida de bioseguridad para prevenir los contagios del virus con el lavado constante de manos, el agua es un derecho. Fotografías: Cortesía .
Ese mismo año, en la administración del entonces alcalde Jaime Mosquera Borja, se creó a través de la escritura 902 del 30 de julio del 2001 la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura –Saab –, empresa mixta que se encargaría de la administración del sistema. Cinco meses después, la Saab y el municipio realizaron un polémico contrato a 20 años con la empresa Hidropacífico.
Dicho contrato se realizó el 28 de diciembre de 2001, fecha paradójica de la corrupción en Colombia y en la que se celebra el día de los inocentes, con el agravante que esta empresa tan solo llevaba 24 horas de ser creada, según reposa en el registro No. 330 del libro IX de la Cámara de Comercio de Medellín.
Se trata de una sociedad entre la empresa antioqueña Conhydra anónima y la firma bogotana HMV Ingenieros Limitada, que nació de la fusión que realizó el Grupo Helm entre Hidroservicios, fundada por los ingenieros Julio Escobar, Ernesto Carrizosa, Carlos Tamayo y Hernando Duran, y la empresa medellinense Mejía-Villegas de Víctor Mejía y Álvaro Villegas en 2001.
En los 18 años que llevan operando la Saab e Hidropacífico en Buenaventura, el servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad desmejoró, al punto que se tuvo que sufrir la ausencia del líquido durante 14 días en medio del peor momento de la emergencia sanitaria del COVID-19 en el distrito, donde el agua es esencial como medida de bioseguridad para prevenir los contagios del virus con el lavado constante de manos, el agua es un derecho.
Según manifestó el comité por el agua – hoy Comité del Paro Cívico –, en el 2002 el promedio de servicio de agua en los hogares era de 12 horas diarias mientras que en la actualidad es de 6 horas día de por medio. Además, una cuarta parte de la ciudad no tiene acceso al servicio de acueducto y una tercera parte no tiene un sistema de alcantarillado (Dane, 2018).
Buenaventura: otra víctima de los “Bonos Carrasquilla”
A lo anterior se le suma el despilfarro de recursos y las escandalosas deudas que hoy arrastra el municipio producto de los créditos para lo que se suponía iba a ser la adecuación del acueducto y alcantarillado que han administrado Hidropacífico y la Saab en estos 18 años. Hasta el 2017 se habían conseguido alrededor de $200.000 mil millones de pesos con el propósito de mejorar las redes.
En 2004 se adquirió un crédito con Instituto para el Desarrollo de Antioquia para mantenimiento de tanques y extender algunas redes. En el 2007 ingresaron producto de regalías $22.000 millones de pesos para la construcción del acueducto, sin que se ejecutaran las obras.
En el año 2009, el municipio recibió: $32.000 millones por parte del Ministerio de Ambiente; $11.400 millones por parte de la CVC para la construcción del acueducto de Ladrilleros, Juanchaco y La Barra; y, $43.000 millones en créditos del Plan Carrasquilla o denominados ‘bonos carrasquillas’. En 2012 ingresaron $12.000 millones de pesos desde la nación.
Los demás recursos han ingresado por concepto de regalías, convenios o transferencias de recursos de la nación, sin embargo, por los ‘bonos carrasquilla’ el Distrito se ha visto en la obligación de abonar a la deuda $56.000 millones, de los cuales $49.000 son en intereses y solo $7.000 al capital. Y aún quedan 10 años de pagos de intereses.
Lo que se proyecta es que el distrito de Buenaventura terminará pagando $230.000 millones de pesos por las deudas de los “bonos Carrasquilla”, de un crédito inicial por $43.000 millones para unas obras en acueductos y alcantarillados que en su mayoría no se realizaron. Fotografías: Cortesía.
Las consecuencias de 18 años de mala gestión
Desde el 2002 hasta la fecha, los más beneficiados en la prestación del servicio de agua potable han sido las empresas Hidropacífico y la Saab. Según especificaciones del Contrato, a Hidropacífico se le adjudicó la planta física con un canon mínimo de arrendamiento.
Se le eximió de responsabilidad en el mantenimiento y obras de para el mejoramiento del servicio; se le concedió el recaudo del servicio sin especificaciones en su distribución y se le entregó una cartera de $8.000 millones en mora que le pertenecía a Acuavalle. Además, recibe un porcentaje del 12% por cada obra de adecuación o construcción: 8% por los diseños y 4% por la interventoría, del total del contrato.
Mientras que la Saab, tampoco ha cumplido a cabalidad con su responsabilidad de hacer los mantenimientos a las tuberías del acueducto y alcantarillado de la ciudad, lo que generó el daño del tubo de 39 pulgadas en San Cipriano que fue instalado hace más de 50 años sin que se le hicieran los mantenimientos requeridos y que pudo haber evitado la emergencia presentada en plena pandemia desde el 23 de junio hasta el 6 de julio.
Del río Escalerete, de donde proviene el agua que abastece a la ciudad de Buenaventura, se toman 1.700 litros por segundo, pero se pierde un 70% por falta de infraestructura, control y mantenimiento.
Todo esto hizo que las consecuencias recaigan sobre la ciudadanía, que en los desesperos y la urgencia por contar con el líquido se va a las vías de hecho, como ocurrió durante los 14 días donde se presentaron 9 bloqueos en toda la ciudad exigiendo suministro de agua.
Esas semanas se convirtieron en un cruel reflejo de las decisiones políticas de los últimos 20 años y que por las crisis por la pandemia, se vieron atravesadas por hechos de violencia que dejaron múltiples robos en vías principales y cuatro (4) personas asesinadas, tres (3) de ellas por en un atraco frustrado a una buseta del transporte público en inmediaciones del barrio La Inmaculada.
El lastre de Vidal, el alcalde cívico de Buenaventura
En Buenaventura hay una administración de corte alternativo, nacida de las entrañas de los movimientos sociales que se articularon en lo que hoy se conoce como el Comité del Paro Cívico y que la lucha por el agua ha sido protagonista.
Al alcalde Víctor Vidal es a quien le ha tocado lidiar en los últimos meses con algo para lo que el Distrito no estaba preparado: la COVID-19, la reactivación de la violencia entre los grupos armados de La Empresa y el Clan del Golfo (AGC)/La Local, sumada a la peor de las crisis en la prestación del servicio de agua de la ciudad en los últimos años y las fuertes críticas de los sectores que tradicionalmente gobernaban la ciudad. Hasta el momento el mandatario ha podido hacerle frente a la crisis, pero el movimiento del Paro Cívico se ha visto entre el reclamo popular como lo hacía antaño o apoyar la administración actual.
Desde el 23 de junio se declaró la Calamidad Pública en el Distrito, se deducía que la ineficiencia de las dos empresas encargadas del servicio no permitiría una solución pronta, gracias a esta medida se convocaron ayudas a nivel nacional y departamental para la reparación del daño. En palabras del alcalde: “Se logró obtener el apoyo de la ANI, el Batallón de ingenieros Agustín Codazzi de Palmira y el programa presidencial Todos Somos Pacífico, para salir de la emergencia lo más pronto posible.«
A pesar de que la emergencia por el servicio del agua se pudo subsanar, el alcalde distrital debe fijar una meta en a largo plazo que permita darle una solución al tema del agua en Buenaventura. A Hidropacífico le queda un año y medio de contrato en la ciudad y él, como alcalde cívico de la dignidad, en cumplimiento de su promesa, no podría renovarle el contrato.
Desde ya se debe ir diseñando la estrategia que permita que un nuevo operador trabaje de manera eficiente, principalmente ahora que se viene la implementación del Plan de Maestro de Acueducto y Alcantarillado logrado en el paro cívico que manejará $153.000 millones de pesos.
Todo apuntaría a una asociación entre una empresa pública de Buenaventura y un operador con experiencia y prestigio. Lo que no debe quedar en duda es que ya se tiene que considerar el remplazo de la Saab e Hidropacífico.