Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares.
El largo y revictimizante camino de los campesinos por reclamar las tierras que les fueron despojadas es fielmente retratado por los casos de los corregimientos de Macondo y Blanquiceth, en el municipio de Turbo. Actualmente, estas comunidades que retornaron a su territorio en 2014 están siendo víctimas de amenazas, agresiones y presiones. Incluso hombres armados exigen el 50% de las tierras de estos campesinos. Son cerca de 30 reclamantes de tierra los que están en riesgo, quienes no cuentan con las garantías de no repetición.
La mano armada
De acuerdo con la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Instituto Popular de Capacitación (IPCI), las agresiones se dan en el marco de una disputa judicial en el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó. La disputa judicial entre los campesinos reclamantes y los administradores de las Haciendas quienes —según el comunicado a la opinión publica de estas tres organizaciones— estarían siendo acompañados por hombres armados para exigir la entrega de ese 50% de los predios que trabajan los campesinos.
Asimismo, según estas organizaciones, la situación se ha venido presentando desde hace 15 días en las veredas de El Cedro y Tumaradocito que componen la Hacienda Flor del Monte. Según el comunicado, está hacienda “figura en cabeza de la familia Hernández de la Cuesta, opositores en procesos de restitución de tierras”.
Las organizaciones responsabilizan de la seguridad e integridad de las comunidades de Macondo y Blanquiceth a las personas y empresas que actúan como opositores del proceso de restitución de tierras que se encuentra en trámite de en Juzgado Primero Civil, del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Quibdó.
Comunidades protegidas por medidas cautelares
Por otra parte, las organizaciones han señalado que la acción por vías ilegales adelantadas por los administradores de las haciendas —y denunciadas por las comunidades— tiene que ver con que las familias campesinas reclamantes de tierras están protegidas por medidas cautelares. Una emitida, el 12 de diciembre de 2014, en el auto 181 por el Juzgado Primero Civil, del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Quibdó. Otra emitida, el 21 de marzo de 2018, auto Nº 035.
Por tanto, las medidas cautelares han ordenado “la suspensión de cualquier proceso legal contra estas comunidades, hasta que las reclamaciones de esos predios se decidan mediante la sentencia judicial”. Tras esto, denuncian las comunidades, es que ha llegado a intervenir la mano armada criminal.
El lastre criminal
Históricamente las comunidades de la región del Urabá Antioqueño —ubicada entre los d epartamentos de Antioquia, Chocó, y Córdoba, en la zona conocida como Tapón del Darién en zona fronteriza con Panamá— han adelantado una lucha en busca de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición. Precisamente, una de sus luchas tiene que ver con la restitución de tierras en una zona bananera, con alta presencia y victimización paramilitar.
Vale la pena recordar que, según un análisis hecho por la Fundación Forjando Futuros a 3.761 sentencias, arrojó que el paramilitarismo es responsable del 55% del despojo y abandono de tierra, por enfrentamientos el 22%, guerrilla el 16%, no definido el 6% y el Estado 1%.
En el caso del municipio de Turbo, el despojo de tierra ha sido, en el mayor de los casos, responsabilidad de los grupos paramilitares en un 87%. Durante el proceso paramilitar, testaferros vendieron o cedieron a políticos y empresarios tierra despojada. Muchos de ellos se hicieron pasar como Terceros de Buena Fe que adquirieron la tierra pero que, alegan, no sabían que era producto de desplazamiento.
Según investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, Turbo es el bastión originario del Clan del Golfo. De hecho, el Clan del Golfo opera en 27 municipios del departamento de Antioquia, ubicando su despliegue criminal hacia la zona del Tapón del Darién, las fronteras entre suelo antioqueño y los departamentos de Chocó y Córdoba. A su vez, sobre toda la zona fronteriza con Panamá. Especialmente, Turbo comunica estratégicamente a las poblaciones del Golfo de Urabá, tiene la salida por el mar Caribe —salida de rutas del narcotráfico— y está bañado por el Río Atrato. Por otra parte, los Caparrapos hacen presencia en este municipio del Urabá antioqueño.
Una disputa por la tierra
La región viene presentando estas disputas por la justicia de los campesinos despojados. Hace no más dos meses, el Tribunal Superior de Antioquia, por medio de la Sala Especializada en Restitución de Tierras— le solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a BANACOL, Bananeras de Urabá S.A y UNIBAN por, presuntamente, concierto para delinquir y financiación voluntaria de grupos paramilitares, delito que es considerado por la Fiscalía como de Lesa Humanidad, tal como señala el fallo.
Este fallo resuelve declarar imprósperas las oposiciones planteadas por Bananeras de Urabá S.A., Aristóbulo Vinicio Cabrales Barrera y Agricola Sara Palma S.A. y, en consecuencia, no reconocer compensación por no acreditarse el obrar de buena fe exenta de culpa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; ni tampoco se otorgará ninguna medida adicional a su favor al no reunir las condiciones descritas por la Corte Constitucional en la sentencia C-330 del 23 de junio de 2016 para ser considerados segundos ocupantes, según lo motivado en esta providencia.