Crítica situación para familias desalojadas en Bogotá

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares


Sobre Covid19: El trato que le han dado las autoridades a esta pandemia con relación a las comunidades históricamente marginalizadas ha sido un cierre de fronteras. Es decir, materializa el aumento de prácticas de exclusión y, definitivamente, ha dado mayor fuerza al discurso de ‘las vidas matables’; ese discurso de que hay algunas vidas que son desechables y no importan tanto como otras, señaló Juli Salamanca, directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans.


El caso del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, sirve de ejemplo para enmarcar el efecto en bucle que ha desatado el virus en términos de las violencias dadas por las brechas sociales. El hambre se toma las calles en manifestaciones. Quienes viven del día a día, quienes han sido reducidos a la clandestinidad; están sufriendo efectos económicos severos para sobrevivir a la cuarentena obligatoria.


«Jodidos, rejodidos”


Adicionalmente, a nivel distrital y nacional se han lanzado la pelota para atender el caso de los desalojos que, en gran medida, están afectando a la población venezolana que reside en la capital colombiana. Cabe señalar que, según cifras de Migración Colombia, de los 1.771.237 venezolanos y venezolanas que residen en suelo colombiano; 352.431 están en Bogotá. (cifras a corte de diciembre de 2019). Por otra parte, según Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); cerca del 60% de la población venezolana en Bogotá vive en estrato 1 y 2.


Por su parte, según la alcaldesa Claudia López; la inmensa mayoría de personas que viven en la calle es población venezolana. A pesar de eso, la alcaldesa ha dicho, en entrevista con RCN Televisión, que nosotros no podemos desviar inversión que se necesita urgente en capacidad hospitalaria para atender a población migrante. Esa siempre ha sido una obligación del Gobierno no cumplida.


Ahora bien, el presidente Iván Duque señaló, en entrevista a Radio Nacional de Colombia, que es inviable que se cubran los arriendos. No se puede hacer populismo diciendo: venga, protejamos a unos vulnerables para tirarnos a otros vulnerables. En otras palabras, en tiempos de pandemia, se empieza a develar una priorización de clase.


De esta forma, las poblaciones más vulnerables han sido arrojadas el peor estilo del poema de Eduardo Galeano, ‘Los nadies’; “los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos.”


La ley está quedando en el papel


A pesar de que el presidente Iván Duque, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señalaron que se prohibía el desalojo de vivienda durante la emergencia del COVID-19, empezando desde abril; la realidad parece obedecer más a este dicho popular: del dicho al hecho hay mucho trecho.


Para Juli Salamanca, los desalojos que se han presentado en el barrio en el barrio Santa Fe, y que se han agudizado el 31 de marzo y el 1 de abril, ponen en evidencia la ausencia de un plan de contingencia y de choque por parte de las autoridades. Aunque las autoridades hayan emitido la orden que impide a los paga-diarios sacar a las personas de sus habitaciones, esto no se está llevando a cabo. Es decir, la ley está quedando en el papel.


Por otra parte, explica Juli, la exclusión de estas comunidades no es algo nuevo, no es algo que se haya presentado por la llegada del coronavirus. Lo que hizo el coronavirus fue visibilizar la situación de olvido y abandono que están sufriendo estas comunidades hace mucho por parte del Estado.


“Las personas que están siendo víctimas de estos desalojos son familias migrantes, familias venezolanas, mujeres trans trabajadoras sexuales, familias empobrecidas; que las están siendo sacadas de sus piezas, por no tener con qué pagar lo del día. No hay una todavía una ruta clara donde esté incluido un plan de contingencia, que incluya verdaderamente estas comunidades”, señala Juli.

Un ejemplo de ello tiene que ver con el desalojo de las familias Embera Katío (40 adultos y 20 niños) que habitan el barrio Santa Fe. Familias compuestas por niños, niñas y adultos mayores; que fueron expuestos a múltiples riesgos.


Nuevamente, no hay claridad con las rutas de acceso, ni sobre en el decreto que prohíbe los desalojos. La ley está quedando en el papel por cuenta de la inasistencia de las instituciones a los territorios en los que suceden este tipo de hechos victimizantes.


Información tan cruda como la realidad


La población Embera Katío, tras su desalojo, fue trasladada a la fundación Hogar Salud Mariana, para que pasen la cuarentena. Con esta acción del distrito, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, salió a decir que No permitiremos el desalojo de ninguna familia vulnerable en Bogotá. No solo porque así lo establece el decreto distrital y nacional, sino porque nuestra responsabilidad como seres humanos en este periodo tan difícil en materia económica y de sanidad es cuidar de los más débiles y vulnerables.


Sin embargo, tanto los anuncios del gobierno como los de la alcaldía no vislumbran un panorama en el que ninguna familia sea desalojada. Nacen muchas dudas debido a que, de acuerdo con el mismo Luis Ernesto, hay más de mil familias en el barrio Santa Fe con riesgo de desalojo.


La incertidumbre se acrecienta luego de que el mismo Duque señalara que es inviable que el Estado cubra los arriendos. En dicha entrevista con Radio Nacional de Colombia dijo: (…) a veces hay gente que habla con mucha ligereza y no se toman el tiempo de mirar la información cruda, la información real, y resulta que en Colombia casi que el 90% de los arriendos están en los estratos 1,2, y 3 y, las personas que arriendan es esos estratos no son ricachones (…) muchas personas que tienen un arriendo de un local o un apartamentico, les representa más del 40% del ingreso.


¿Qué pasará entonces con el decreto que estipularía que se prohíben los desalojos durante la emergencia económica y dos meses adicionales? Además, de acuerdo por el Ministro de Vivienda, “Congelamos el precio de los arrendamientos en Colombia, de manera que se suspende el reajuste anual de los cánones, así como la causación de los intereses moratorios o las penalidades por incumplimiento (así los contratos lo estipulen), desde el mes de abril hasta dos meses después de finalizada la emergencia”. ¿Qué vendrá con las nuevas declaraciones de Duque, si no se llega a ningún acuerdo de pago?


Se atrincheran con su propia solidaridad


Para Juli Salamanca, hay es un manejo con mucha fuerza mediática, con mucho ruido en redes sociales, pero sin acciones concretas. Por ejemplo, la alcaldesa Claudia López aporta mucha tranquilidad en sus discursos cuando dice que ninguna familia se le dejará en la calle y sin con comida. Pero falta ver una realidad, pues en el barrio Santa Fe es la solidaridad de la gente; la que ha dado qué comer y dónde dormir a las compañeras y a las comunidades que han sido históricamente marginalizadas. Esto evidencia que a punta de donaciones privadas no se va a poder dar una solución real a este problema.


Por otra parte, una de las preocupaciones que esboza la Red Comunitaria Trans, es que las instituciones distritales no están entrando al barrio Santa Fe. Hecho que está dejando a la deriva a la comunidad.


En este sentido, quienes están sintiendo el rigor de esta realidad son justamente las comunidades que históricamente han sido marginalizadas, excluidas y olvidadas por el Estado. Nos preocupa mucho que el discurso xenofóbico está incrementando y los tratos discriminatorios contra personas trans, habitantes de calle y usuarios de droga están siendo más violentos, sin ningún tipo de atención, sentencia Juli.


A la deriva


La comunidad del barrio Santa Fe es testigo de cómo las dificultades se recrudecen en la época de pandemia. De hecho, Juli ha advertido que en el barrio las medidas que se han tomado de desalojo y los hechos de violación de Derechos Humanos; develan una exacerbación de discursos como la xenofobia, apor