Por. Redacción Pares.
Un nuevo giro se produjo en el caso judicial del ex senador Uribe Vélez. Esta vez, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitir el expediente que adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, porque con la renuncia a su curul perdió la competencia para continuar con los procesos que tengan relación con delitos comunes.
El Ministerio Público ratificó el llamado del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, frente al deber que tienen todos los funcionarios de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, y señaló que, con la separación definitiva del entonces congresista a su curul, desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba, por lo que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista.
“El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso consagra, y a ninguno otro ajeno al mismo, por parte de las autoridades o de los ciudadanos.» indicó Carrillo.
El funcionario añadió que: «Todos los funcionarios públicos desde el Señor Presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos deben respetar y cumplir las decisiones de la justicia, absteniéndose de cuestionar, desacatar o promover el incumplimiento de las mismas, sin interferir los principios de independencia y autonomía del poder judicial, básicos para un Estado que presuma ser de derecho”.
Con renuncia al senado desaparece competencia de CSJ
El pasado 4 de agosto de 2020, en una histórica decisión, la Corte Suprema dictó medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez. El expresidente es investigado por presunta manipulación de testigos, en un caso que involucra a exparamilitares y al abogado Diego Cadena, y que perjudicó a Iván Cepeda. En los últimos días de nuevo ha vuelto a debate nacional el proceso de Uribe por posible manipulación de testigos.
Esta inédita decisión de un tribunal de justicia colombiano ocurrió luego de iniciado el proceso contra Diego Cadena y Juan José Salazar por soborno en actuación penal y fraude procesal en calidad de coautores. Tras esto hubo dos comunicaciones importantes; por un lado, la del partido Centro Democrático blindado al expresidente. Por otra parte, la de la Corte Suprema de Justicia haciendo un llamado a confiar en la acción de los jueces dentro de este proceso, en el que la presión política ha resaltado.
Sin embargo, para la Procuraduría, con la renuncia de Uribe al senado desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado el exsenador corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista.
En su análisis, la Procuraduría estableció que la Sala no relacionó actuaciones desplegadas por el entonces senador dirigidas a consolidar un abuso de poder para controlar su liderazgo político, que pudiera tener incidencia en el caudal electoral o que diera paso a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo.
Tampoco se demostró que hubiera utilizado servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo –UTL–o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República.
«No hay prueba de que el doctor URIBE VÉLEZ –con ocasión de los presuntos punibles en los que incurrió-, hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder; ello, pues téngase en cuenta: por un lado, que si no existe prueba siquiera sumaria de que el sindicado se hubiere valido o utilizado sus facultades como Senador para supuestamente cometer tales delitos, mucho menos obra alguna encaminada a demostrar que en la presunta comisión de los mismos se excedió o abusó de sus labores congresuales; y por el otro, se observa que los hechos ocurrieron en época ajena a campañas políticas o contiendas electorales –en tanto ya era Congresista para ese momento-, sin que pueda entonces evidenciarse relación entre estos y los objetivos de lograr una curul en el Senado de la República».
A juicio del Ministerio Público, la simple coincidencia temporal de la presunta comisión de los hechos y la condición de ostentar el cargo de Senador de la República, no puede considerarse como suficiente para extender el fuero y por ende la competencia de la Sala Especial de Instrucción, luego de la renuncia al cargo.
Finalmente, precisó la Procuraduría que esta intervención responde a sus funciones constitucionales como Ministerio Público, en defensa de los intereses jurídicos y en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y no puede ser interpretada como el desconocimiento a la dignidad de la Corte Suprema de Justicia y sus decisiones.
Ires y venires del caso
La acusación lleva 12 años rondando en búsqueda de justicia. El testimonio que abrió la presunta responsabilidad de Uribe fue el hecho por Francisco Villabalba, exjefe paramilitar, quien en 2008 contó ante el Tribunal de Justicia y Paz que, en el marco de la masacre de El Aro, en la que había participado, habría escuchado una conversación entre Salvatore Mancuso y Álvaro Uribe Vélez, quien para ese momento era gobernador de Antioquia, donde habrían quedado en “borrar al pueblo”.
Villalba fue asesinado en abril de 2009; luego que le dieran casa por cárcel, un año después de sus declaraciones, y once años después de entregarse a la justicia como miembro de las AUC, por lo que le imputaron 37 años de prisión.
Su muerte provocó varios inciertos, por un lado, porque dejó las afirmaciones abiertas; segundo, porque poco después de sus declaraciones Villalba envió una carta a la Casa de Nariño rectificándose de las acusaciones hechas. Hay que mencionar que para ese momento Uribe estaba en su segundo periodo presidencial.
Fue en 2011 el año en el que otras declaraciones vendrían a crear más cuestionamientos sobre Uribe en sus cargos de poder. Se trataba de las que presentó Iván Cepeda, para ese entonces representante a la Cámara, en las que por testimonios de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve se involucraba al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe como cofundadores del Bloque Metro de las Autodefensas.
Tras esas declaraciones la Fiscalía sindicó por concierto para delinquir a Luis Guillermo Villegas, Santiago Gallón y Santiago Uribe Vélez. Luego de esto, también por medio de Iván Cepeda se medió la entrega de Carlos Areiza, quien después en dos diligencias en la Corte Suprema relacionaría a políticos antioqueños con nexos con el paramilitarismo. En este caso, como el anterior, las versiones tuvieron un vuelco, pues en 2015 Areiza cambió lo dicho contando que había recibido presiones de Iván Cepeda, más $100 millones para que declarara en contra de los acusados. También como el caso anterior Areiza fue asesinado en abril de 2018 en Bello.
Después de estos relacionamientos Álvaro Uribe Vélez interpuso una denuncia contra Iván Cepeda por abuso de la función pública, soborno y fraude procesal. En 2012, Juan Guillermo Monsalve, quien había testificado en 2011 fue atacado con arma blanca, tras esto tuvo que ser trasladado a La Picota, sin embargo, poco después en su celda fue encontrada por Medicina Legal una sustancia altamente venenosa.
Vale la pena mencionar que Juan Guillermo Monsalve tuvo relacionamiento con la familia del expresidente desde sus ocho años, pues su padre, Óscar Monsalve – quien luego fue llamado a declarar en el proceso contra Iván Cepeda-, trabajó desde 1986 en la finca Guacharacas, propiedad de los Uribe. Allí estuvieron hasta 1994. A finales de los 90 Juan Guillermo se une formalmente al Bloque Metro de las AUC.
En agosto de 2014 la defensa de Uribe cita a declarar en el marco del proceso contra Iván Cepeda, además de Óscar Monsalve, también a Pedro Manuel Benavides y a los paramilitares Jesús Henao y Gabriel Muñoz. Al final los testimonios fueron desestimados por la Corte. Tras esto el ahora senador, Iván Cepeda, cita a debate de control político por los presuntos nexos de Uribe con el paramilitarismo, allí presenta 27 declaraciones que dan razón de lo anterior.
En diciembre de 2014 el proceso contra el expresidente pasó al despacho del exmagistrado Gustavo Malo -quien luego sería vinculado al Cartel de la Toga-. En 2015 ordenaron interceptar a Óscar Monsalve buscando pruebas de las presiones para declarar en contra de Cepeda. No obstante, y dando una nueva pista de las amenazas a las que se enfrenta este caso, en marzo de ese año se pierden las grabaciones del sistema de intercepciones, lo cual era un importante material probatorio contra Uribe, esto provoca que la Corte Suprema solicité vincular a una agencia de inteligencia británica.
Terminando 2017 la Corte Suprema cierra proceso a favor de Cepeda y abre investigación preliminar contra Uribe por las masacres de San Roque, El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle. Sobre estos hechos el organismo de justicia los declaró en 2018 como crímenes de lesa humanidad.
En julio de ese mismo año el ahora senador renuncia a su curul, la Corte le abre proceso formal y lo llama a indagatoria. Tras esto uno de los primeros en pronunciarse fue Iván Duque, para ese momento presidente electo, quien por medio de Twitter aseveró: “Conocemos al expresidente Uribe. Somos testigos de su honorabilidad, rectitud, patriotismo y su incuestionable servicio al país y al Estado de Derecho”.
El 08 de octubre de 2019, más de diez años después de que comenzó a conocerse los hechos que darían paso a la situación jurídica, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema vinculó formalmente a Uribe bajo investigación por fraude procesal y soborno. Esto tras rendir indagatoria. En octubre y diciembre del mismo año se reanudó la indagatoria. Hay que mencionar que uno de los argumentos que salieron en estas sesiones fue que los pagos que se hicieron obedecen a auxilios humanitarios.
Así otro hecho a resaltar es en el que se ha relacionado a Diego Cadena, en el que también está el abogado Juan José Salazar, caso que además está atado a lo que ocurra en la Corte Suprema de Justicia con Álvaro Uribe Vélez, en donde por el momento participan en la Sala de Instrucción que tomará la decisión, los magistrados: César Reyes, Héctor Alarcón, Misael Rodríguez, Marco Rueda y Francisco Farfán. Ellos tienen en sus manos si se avanza con un llamado a juicio, y de ser así, si se requiere imponer medida de aseguramiento.
Esto da luces a muchos sectores que siendo víctimas han exigido justicia, verdad y reparación, incluso a sectores políticos que han aportado denuncias, testimonios y presión para que la situación del expresidente no continúe sin resolverse. Mientras, por el contrario, otro sector, como el del Centro Democrático sigue insistiendo en una supuesta “táctica de conseguir la aniquilación reputacional”.