Por: Laura Cano Periodista – Pares
La Sala Plena de la Corte Constitucional ha decidido extender el periodo de funcionamiento de la Comisión de la Verdad por siete meses más. Esta decisión se produce ad portas de que la Comisión terminara sus tres años de funcionamiento desde su creación en el año 2017.
Esta decisión fue tomada tras una demanda realizada por la Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo del Programa Paiis de la Universidad de los Andes y Dejusticia, quienes argumentaron que era urgente compensar los retrasos causados por la pandemia y que, con las restricciones que trajo la propagación del covid-19, muchos procesos de la Comisión quedaron truncados. En este sentido, se puntualizó que la Comisión solo ha funcionado un año, tres meses y 14 días en condiciones de normalidad, lo que corresponde solo a un 40% de su periodo. «La imposibilidad de viajar a los territorios donde se vivió el conflicto armado ha perjudicado el cumplimiento de los cuatro objetivos de esta institución creada por el Acuerdo Final de Paz: el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición. De no hacerse, se estaría incumpliendo con el acuerdo de Paz», indicaron las organizaciones.
Hay que señalar que a esta petición se había sumado la Procuraduría, organismo que había solicitado que se extendiera el tiempo, explicitando que las regiones más apartadas del país son las que más se han visto afectadas, pues las limitaciones de movilidad durante la pandemia no han permitido que la Comisión pueda visitarlas, por lo que se solicitaron los siete meses adicionales que hoy fueron concedidos.
Justamente, los nueve magistrados de la Corte Constitucional, luego de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentara una ponencia tras estudiar la demanda mencionada, tomaron esta decisión, la cual permitirá que ya no sea noviembre el mes en el que la Comisión deba presentar su informe final, sino que este se conocerá en junio de 2022.
“De cualquier modo, el escenario político para el informe de la Comisión es complejo puesto que sus resultados, en materia de esclarecimiento, reabrirán heridas nacionales y territoriales que salpicarán a diversos sectores políticos y económicos de élite, a grupos armados legales e ilegales y, por supuesto, a la indiferencia del conjunto de la población. Como es de esperarse, el esclarecimiento traerá consigo fuertes reacciones de los sectores beneficiados y enriquecidos por la guerra, una guerra por otros medios, a lo que se suma el recrudecimiento de las violencias políticas que atraviesa el país”, analizó Alejandro Restrepo, Coordinador de la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares).
Asimismo, el tema fue priorizado por los magistrados de la Sala Plena, al considerar que las demoras en esta decisión podrían tener consecuencias en el presupuesto que se le debe asignar para que pueda funcionar durante los meses de más. Esto, sumado a la importancia de la Comisión para las víctimas del conflicto armado, llevó a que la decisión fuera tomada unánimemente.
No obstante, como lo menciona Alejandro Restrepo, “aún está en entredicho la disposición presupuestal para que la Comisión pueda funcionar durante esta extensión, dado que es el Gobierno nacional el encargado de asignar los recursos necesarios. Para nadie es un secreto que este Gobierno ha buscado atacar y deslegitimar el accionar de las instituciones del sistema por distintas vías: desde limitaciones en sus competencias (especialmente en contra de la JEP), limitaciones presupuestales (como lo fue el recorte de alrededor del 30% del presupuesto de las instituciones del sistema para 2020) y, por supuesto, la captura del Centro Nacional de Memoria Histórica en manos del uribismo para hacerle contrapeso a los hallazgos de la Comisión y a la diversidad de víctimas del conflicto armado”.
Por otra parte, hay que recordar que la pandemia no solo afectó procesos operativos de la Comisión, además, dio duros golpes internos, pues, por ejemplo, a causa de la pandemia de covid-19 falleció la comisionada Ángela Salazar, el comisionado Saúl Franco estuvo hospitalizado por la misma enfermedad, y 218 funcionarios también se contagiaron. De igual forma, no hay que perder de vista que, incluso con la pandemia, la Comisión ha adelantado importantes acciones para el esclarecimiento de lo ocurrido en el conflicto armado, en donde se resaltan importantes espacios como el del antiguo secretariado de las FARC-EP con víctimas de secuestro.
La extensión del tiempo implica que el informe saldrá posterior a la segunda vuelta presidencial. En este sentido, sus hallazgos no podrán ser tenidos en cuenta en los debates presidenciales, lo cual dificultará el necesario posicionamiento de la agenda de paz y de implementación del Acuerdo. No obstante, de llegar un Gobierno afín a la paz, este tendrá la posibilidad de utilizar sus hallazgos para desarrollar una política de paz y de memoria en función de las recomendaciones elaboradas por la Comisión y dirigidas a la no repetición.
“La decisión de la Corte Constitucional ratifica el derecho de las víctimas a la verdad dada la situación de la pandemia y las consecuencias que tuvo para el funcionamiento proyectado de la Comisión. En este sentido, su extensión era de esperarse, puesto que el centro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) son las víctimas del conflicto armado interno, su dignificación y las garantías de no repetición, vinculadas directamente con la posibilidad de esclarecer lo sucedido en la guerra colombiana”, concluyó Alejandro Restrepo.