Por: Katerin Erazo, Periodista
Hoy miércoles 28 de agosto, a las 3 de la tarde, la Corte Constitucional de Colombia se enfrentará a una de las decisiones más trascendentales en materia ambiental de los últimos años: la revisión de la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú. Este tratado internacional, que tiene como objetivo principal fortalecer el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, ha sido un tema de amplio debate y movilización social desde su firma en 2019.
El Acuerdo de Escazú fue suscrito por Colombia en un momento crucial de su historia reciente, durante el Paro Nacional de 2019, bajo la administración del entonces presidente Iván Duque. Este periodo estuvo marcado por una serie de movilizaciones sociales que exigían, entre otras cosas, una mayor protección de los derechos ambientales y la vida de los líderes sociales y defensores del medio ambiente.
La firma del acuerdo fue vista como un paso significativo hacia el fortalecimiento del marco normativo ambiental en el país y la región, reflejando un compromiso con los estándares internacionales en la protección de los recursos naturales y la participación ciudadana.
Sin embargo, el camino hacia la ratificación del Acuerdo de Escazú no ha sido sencillo. A pesar de su aprobación por el Congreso de la República a finales de 2022, el tratado ha enfrentado críticas y resistencias, especialmente por parte de sectores que temen que su implementación pueda afectar la seguridad jurídica de proyectos minero-energéticos que ya cuentan con títulos y licencias ambientales, así como poner en riesgo la soberanía nacional debido a la intervención de organismos internacionales en decisiones internas. Ver: (Aprobado el Acuerdo de Escazú en Colombia)
El Acuerdo de Escazú es más que un simple tratado ambiental; es un instrumento que tiene el potencial de transformar la manera en que se gestionan los recursos naturales en la región y en Colombia. Este acuerdo establece protocolos claros para garantizar que la información ambiental sea accesible para toda la ciudadanía, lo que es crucial en un país donde los conflictos socioambientales son frecuentes y, a menudo, violentos. Además, promueve la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones que afectan sus territorios, un aspecto fundamental en la defensa de los derechos humanos y la protección del ambiente.
Uno de los elementos más innovadores del Acuerdo es su enfoque en la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, quienes en Colombia enfrentan un contexto de alta vulnerabilidad. De acuerdo con el informe de Global Witness, Colombia es el país más peligroso para los defensores del medio ambiente, lo que hace que la ratificación del acuerdo sea aún más urgente.
La decisión de la Corte Constitucional no solo definirá si el Acuerdo de Escazú es compatible con la Constitución de Colombia, sino que también enviará un mensaje contundente sobre el compromiso del país con la protección ambiental y los derechos humanos. En caso de que el tratado sea declarado constitucional, Colombia se unirá a los 14 países de América Latina y el Caribe que ya han ratificado el Acuerdo, posicionándose como un líder regional en la promoción de la justicia ambiental.
No obstante, si la Corte decide en contra del acuerdo, las consecuencias podrían ser significativas. Colombia podría perder una oportunidad histórica para fortalecer su marco normativo ambiental, lo que dificultaría la prevención y resolución de conflictos socioambientales. Además, el país podría ver erosionada su credibilidad y liderazgo en la región en temas de sostenibilidad y protección del medio ambiente.
El proceso de revisión ha contado con una participación ciudadana sin precedentes. Cerca de 80 intervenciones han sido presentadas ante la Corte, la mayoría solicitando la declaración de constitucionalidad del acuerdo. En abril de 2024, se realizó una audiencia pública donde se discutieron ampliamente los impactos del tratado en la seguridad jurídica, la soberanía nacional y su potencial para fortalecer los derechos ambientales en Colombia.
Organizaciones de la sociedad civil, académicos, representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, y defensores del medio ambiente han abogado firmemente por la ratificación del Acuerdo de Escazú. Argumentan que este tratado es esencial para enfrentar la triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, tres desafíos que amenazan no solo la sostenibilidad ambiental, sino también la estabilidad social y económica de la región.
La no ratificación del Acuerdo de Escazú podría acarrear una serie de riesgos significativos para Colombia. En primer lugar, el país perdería la oportunidad de fortalecer su marco normativo ambiental, lo que es crucial para prevenir y resolver conflictos socioambientales. La falta de acceso a información pública de calidad y la limitada participación ciudadana podrían perpetuar un entorno donde la deforestación, la presencia de actores armados en territorios biodiversos y los riesgos en materia de inversión continúen siendo problemas graves.
Además, la pérdida de liderazgo y credibilidad regional sería otra consecuencia directa.
Colombia, que ha sido un actor clave en las negociaciones del acuerdo, podría ver debilitada su influencia en América Latina y el Caribe, afectando su capacidad para liderar una agenda sostenible en la región.
La vulnerabilidad de los líderes ambientales también se vería exacerbada. Sin las herramientas de protección que ofrece el Acuerdo de Escazú, los defensores del medio ambiente continuarían enfrentando amenazas y violencia, en un contexto donde ya se han registrado numerosos asesinatos y ataques contra ellos.
La próxima decisión de la Corte Constitucional será un hito en la historia ambiental de Colombia. A pocos meses de la COP16 sobre Biodiversidad, que se celebrará en octubre en Cali bajo el lema "Paz con Naturaleza", la ratificación del Acuerdo de Escazú sería una señal clara de que el país está comprometido con un nuevo modelo de desarrollo que reconoce y valora la importancia de proteger sus recursos naturales y a quienes los defienden.
El Acuerdo de Escazú no solo representa una oportunidad para fortalecer la acción climática y la gestión ambiental en Colombia, sino que también es una herramienta clave para garantizar la transparencia, la participación y la justicia en un país que enfrenta desafíos ambientales sin precedentes. Lo que está en juego hoy miércoles es, en última instancia, el futuro del medio ambiente en Colombia y la capacidad del país para liderar con integridad y compromiso en la protección de la naturaleza y los derechos humanos.
En Pares, respaldamos firmemente el Acuerdo de Escazú, alineados con nuestro compromiso de proteger la vida y los derechos humanos a través del Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA). Este proyecto, que se centra en generar conocimientos e intervenir socialmente, tiene como misión promover y defender los derechos humanos en Colombia, Perú y Venezuela.
Odevida se dedica a visibilizar los valiosos aportes de líderes y defensores de derechos humanos en la construcción de territorios, comunidades y democracias en la región andina. A través de la investigación, la comunicación estratégica y el fortalecimiento de capacidades, buscamos no solo visibilizar los riesgos que enfrentan estas personas, sino también contribuir a su autoprotección y a la prevención de la violencia en su contra.
Nuestro enfoque se dirige a todas las personas que lideran y defienden los derechos humanos en Colombia, Perú y Venezuela, con un alcance que también incluye a organizaciones sociales, la academia, los medios de comunicación y el sector privado, sectores que consideramos clave para la defensa de esta población.
Por todas estas razones, desde Pares y ODEVIDA, apostamos decididamente por la ratificación del Acuerdo de Escazú. Además, estamos preparando un informe sobre liderazgos ambientales que será presentado próximamente en la COP16, donde Pares también estará presente.
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