Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada del: El País
En medio de una compleja y tensa situación de conflicto armado en el departamento del Cauca, la comunidad campesina del corregimiento de San Juan de Mechengue, ubicado en el municipio de El Tambo, ha logrado un hito importante al adquirir maquinaria pesada para el mejoramiento de la infraestructura vial de la región. Este logro es fruto del esfuerzo colectivo de las doce veredas que conforman la comunidad, quienes, ante el abandono del Estado, decidieron organizar diversas actividades para recaudar los fondos necesarios.
La adquisición de una motoniveladora y una retroexcavadora representa no solo un avance en términos de conectividad y desarrollo local, sino también un símbolo de resistencia y autodeterminación frente a la precariedad que enfrentan a diario.
La compra de esta maquinaria, según relata Carlos Ovidio Valencia Moreno, representante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Honduras, fue posible gracias a la realización de actividades comunitarias como bingos, rifas y bailes, que durante más de un año permitieron reunir los recursos suficientes para adquirir el equipo.
Valencia Moreno, al igual que otros líderes locales, ha sido enfático en destacar que esta acción refleja la necesidad de las comunidades rurales de buscar soluciones por sí mismas ante la falta de intervención estatal. "Nos cansamos de estar siempre en el olvido del Estado", afirmó, señalando que la maquinaria será utilizada principalmente para el mantenimiento de las vías que permiten el transporte de productos agrícolas y el acceso a servicios básicos en la zona.
Sin embargo, este importante logro no ha estado exento de controversia. La presencia de disidentes de las FARC en el evento de entrega de la maquinaria ha generado preocupación tanto a nivel local como nacional, despertando nuevamente el debate sobre la relación entre las comunidades rurales y los grupos armados en zonas de conflicto. A pesar de esto, los líderes comunitarios han sido enfáticos en rechazar cualquier estigmatización que relacione a la población campesina con estos grupos.
Según explicó Jorge Vaquero Cárdenas, otro representante de la comunidad del Cañón del Micay, la adquisición de la maquinaria fue totalmente legal y financiada con los recursos obtenidos por la misma comunidad. "El Gobierno Nacional nunca nos ha ayudado, menos las autoridades regionales, entonces como comunidad trabajamos por más de un año para reunir los recursos necesarios y comprar esta maquinaria", expresó Vaquero Cárdenas.
La falta de apoyo estatal en el Cañón del Micay no es un fenómeno reciente, sino una constante que ha marcado la historia de la región. Las comunidades han tenido que organizarse y autogestionarse para subsistir y mejorar sus condiciones de vida, a pesar de los numerosos desafíos que enfrentan. La adquisición de la maquinaria representa un paso significativo hacia la mejora de la infraestructura local, pero también es un reflejo de la ausencia del Estado en territorios que siguen siendo dominados por grupos armados ilegales.
Los representantes de las comunidades han dejado claro que, aunque los grupos armados ilegales están presentes en la zona, su participación en eventos como la entrega de la maquinaria no implica que hayan contribuido financieramente a las obras o ejercido presión sobre las decisiones comunitarias.
"Son máquinas compradas legalmente, con dinero reunido con mucho esfuerzo de todos los campesinos del Cañón del Micay", explicaron, subrayando que los miembros de los grupos armados solo aportaron ideas en algunas discusiones, pero no recursos ni apoyo directo para la compra de la maquinaria. "Es injusto que se nos estigmatice por la presencia de estos grupos, cuando la realidad es que son las comunidades las que han trabajado para mejorar sus condiciones", concluyó Vaquero Cárdenas.
En este contexto, la situación del Cañón del Micay ilustra una problemática más amplia que afecta a varias regiones rurales de Colombia, especialmente en el Cauca. La presencia de disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia ha generado una dinámica de control territorial que agrava la violencia en la región. De acuerdo con algunos habitantes de la zona, el control militar del área está en manos de los disidentes de las FARC, lo que ha provocado enfrentamientos mortales con otros grupos armados que buscan expandir su influencia.
La falta de presencia estatal, sumada a los intereses de estos grupos ilegales, ha creado un ambiente de inseguridad permanente para los pobladores, quienes se ven atrapados en medio de la guerra y el narcotráfico.
Un ejemplo reciente de esta situación fue la inauguración de un puente vehicular sobre el río Micay en el mes de julio, obra que fue financiada, según informes, con recursos provenientes del narcotráfico por parte de la estructura Carlos Patiño, una de las disidencias de las FARC liderada por Iván Mordisco. El puente, ubicado en la vereda Honduras del corregimiento San Juan de Mechengue, tiene la capacidad de soportar hasta cuarenta toneladas de peso y es fundamental para la movilización de la comunidad. No obstante, la presencia de guerrilleros armados en la ceremonia de inauguración, junto con líderes locales, ha generado críticas y preocupación debido a la legitimidad que estos grupos buscan al participar en proyectos de infraestructura pública.
La comunidad de San Juan de Mechengue, al igual que otras comunidades del Cauca, sigue luchando por mejorar sus condiciones de vida en medio de un entorno de violencia y abandono. La adquisición de maquinaria pesada para el mantenimiento de sus vías es solo un ejemplo de cómo las comunidades han aprendido a resistir y a sobrellevar las dificultades que enfrentan. Sin embargo, la presencia de grupos armados ilegales sigue siendo una realidad que condiciona el día a día de estos pobladores, quienes, a pesar de todo, continúan buscando formas de salir adelante.
Este caso pone en evidencia la necesidad urgente de una mayor intervención estatal en zonas rurales afectadas por el conflicto armado, no solo para garantizar la seguridad de sus habitantes, sino también para apoyar los esfuerzos de desarrollo que las comunidades están llevando a cabo por su cuenta.
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