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Contralores de bolsillo: organismos de control bajo el dominio de los clanes regionales

El comienzo del año 2016 llegó con una agitada agenda política para el país. La posesión de alcaldes y gobernadores arrancó con el anuncio de un centenar de investigaciones contra estos funcionarios públicos, que advierten sobre la posibilidad de que al menos 350 mandatarios tengan cuentas pendientes con la justicia y no puedan terminar sus periodos. A esta polémica se ha sumado una nueva: la elección de contralores departamentales.

Hasta el momento la Procuraduría General de la Nación ha abierto 135 investigaciones relacionadas con los procesos de elección de contralores, quienes serán los máximos responsables del control fiscal de las administraciones departamentales y municipales en el país.

La elección de los máximos jueces del control fiscal y administrativo de los recursos de la nación, ha estado marcada por el interés de políticos que buscan bloquear y limitar las posibles investigaciones sobre la gestión de las administraciones departamentales y municipales. La manipulación de esta figura de control se ha llamado: contralores de bolsillo.

En 2015 la reforma de equilibrio de poderes introdujo cambios en la elección de contralores y personeros con el propósito de hacer de la elección un proceso más transparente y meritocrático. El proceso de selección de candidatos cambió,  pasó de ser elegido por ternas integradas por dos candidatos presentados por el tribunal superior de distrito judicial y uno por el correspondiente tribunal de lo contencioso-administrativo, a ser un proceso de selección de méritos por concurso público que debía ser evaluado por medio de un examen de conocimiento y entrevistas.

Sin embargo, las casas políticas se las ingeniaron para burlar y corromper la elección a su favor, de nuevo bajo el esquema “yo te elijo, tú me cuidas”. Vale la pena destacar, que a pesar de los esfuerzos en el cambio de la configuración de los postulados, la responsabilidad final de la elección se mantiene en los concejos municipales y las asambleas departamentales, factor que permite la injerencia de los políticos en la elección de estos órganos.

Entre los casos recientes que han alertado a las autoridades se pueden destacar al menos cuatro: la elección de Emilio Otero en Córdoba, César Cerchiario en Cesar, Ricardo Salinas en Magdalena y Miguel Arrázola Sáenz en Sucre.

La expectativa por que la elección de los organismos de control estuviera menos viciada y politizada que en anteriores ocasiones era alta, en tanto una de las mayores transformaciones de la reforma política de 2015 fue la modificación en los mecanismos de elección de este órgano.