Por: Hugo Acero Velásquez.
Alcaldes, gobernadores y ciudadanos quieren más policías para mejorar la seguridad. Sin embargo, antes que aumentar el número de policías, está disminuyendo, porque algunos se están pensionando. Ya van cerca de quince mil y se espera en los próximos tres años otros veinticinco mil pensionados; policías que no se pueden reponer tan rápidamente.
Frente a esta situación, hay que proponer alternativas para utilizar de mejor manera el pie de fuerza existente, redistribuyéndolo, optimizando su rendimiento, profesionalizándolos y aumentando el número de policías dedicados a las labores de inteligencia e investigación criminal para enfrentar las estructuras criminales organizadas que hoy operan en el país.
Estas estructuras están afectando la seguridad de los ciudadanos, especialmente en las principales ciudades, a través del narcotráfico y la venta al menudeo de las drogas, el hurto de carros, motos, autopartes, celulares, extorsión, pagadiarios, comercio de armas y trata de personas, entre otras modalidades delictivas.
Como bien lo expone el general Jorge Luis Vargas, Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en entrevista con El Tiempo, es necesario, en coordinación con la Fiscalía, concentrar el personal y las acciones de inteligencia e investigación criminal en las ciudades, sitios, días y horas donde se vienen presentando el mayor número de hechos, particularmente de homicidios y hurtos que no han dejado de crecer y que afectan de manera grave la seguridad de los ciudadanos.
Pero, ¿de dónde sacar los policías que se requieren para fortalecer las acciones propuestas?
Hace unos días en Medellín ví pasar a más de quince motorizados de la policía escoltando el bus del equipo de fútbol Atlético Nacional hasta el estadio, es decir más de treinta policías. Y aunque esa labor es loable y cumple con los mandatos constitucionales de garantizar la seguridad de los ciudadanos, la pregunta que surge es ¿por qué se invierte tanto personal en cuidar 22 jugadores, mientras algunos barrios y calles no cuentan con un policía?
¿No sería mejor que los equipos de fútbol, que tienen este servicio, inviertan en un bus de bajo blindaje y solo se les asigne a uno o dos policías para que los acompañen y los demás garanticen la seguridad de los ciudadanos en las calles?
Por otro lado, para contar con más policías en las calles, hay que recordar que a finales del año pasado la Corte Constitucional dejó en firme los artículos 52 y 62 del Código de Policía que obligan a los organizadores de eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol, que dispongan de su propia seguridad en dichos espectáculos y la policía solo hará acompañamiento y vigilancia del espacio público.
Esta decisión deja en firme que «en casos excepcionales de riesgo grave a la convivencia y a la seguridad ciudadana, la Policía podrá, sin descuidar sus responsabilidades frente al resto de la población, complementar la seguridad privada en las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas». En Chile se hace así desde hace algunos años y ha tenido buenos resultados en seguridad.
Si se cumple esta orden, se podrá reducir de manera sustancial el número de policías que se dedican a estas labores, que en algunos casos casi llegan a los dos mil efectivos en algunos partidos, mientras los barrios quedan desprotegidos.
Adicional a lo anterior, para tener más policías en las calles y cuidando líderes amenazados, es necesario replantear los servicios de escoltas. Sería importante, en este campo, que la gran mayoría de los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que comienzan a ejercer a partir de enero de 2020 y que se les asignan escoltas, solo se les garantizara vehículo y conductor dado que el nivel de riesgo es muy bajo, casi nulo. Ojalá, también muchos congresistas y funcionarios públicos, en un comportamiento solidario con la seguridad y con los líderes, devolvieran sus escoltas.
Igual se puede pensar de algunos servicios de seguridad que se prestan a bancos, centros comerciales y otros sectores, es importante exigirle al sector privado corresponsabilidad para que inviertan en materia de seguridad, son sectores con buenas ganancias y lo pueden hacer.
Hay que racionalizar el uso de policías en labores administrativas para que cumplan en las calles las funciones para lo que fueron formados, y en este caso contratar personal administrativo no uniformado, seguramente a menor costo y con mayor profesionalismo. Por otro lado, hay que redistribuir el personal de policía en las ciudades y territorios con base en la población y los problemas de violencia y delincuencia.
En esta misma línea, la Policía debe buscar solución al problema grave de no aptos, policías que no prestan servicios de seguridad por problemas de salud, cumplir con los ascensos de los patrulleros que están insatisfechos y estudiar la viabilidad de reglamentar el uso del celular por parte de los policías en servicio, ya que, por estar concentrados en redes y asuntos personales, descuidan la seguridad y convivencia de los ciudadanos. Es posible más y mejores policías en las calles.
Finalmente, hay que destacar dos anuncios que se hicieron en los últimos días. Primero, el plan expuesto por el general Jorge Luis Vargas y el segundo, el plan para las zonas priorizadas por presencia de grupos y economías ilegales a través de las Zonas Futuro, presentado por el Consejero de Seguridad, Rafael Guarín, que focalizará acciones en cinco regiones.
De estos planes no queda claro cuál va a ser la participación de los alcaldes, gobernadores y ciudadanos en general, actores sin los cuales va a ser muy difícil solucionar los problemas de violencia y delincuencia y sobretodo sostener los resultados. Hay que trabajar con los mandatarios locales actuales y comenzar con los elegidos a partir de su elección. No se pueden seguir manejando estos temas desde Bogotá, sin contar con la participación de estos actores.
Frente a la necesidad de más policías, ojalá no se caiga en la tentación de conseguirlos a la carrera, mal seleccionados y mal capacitados, como sucedió en los últimos gobiernos y que hoy, a muchos de ellos, los están retirando por problemas de corrupción, indisciplina y violación de DD. HH.