Por: Laura Cano. periodista Pares.
Los últimos días han puesto de nuevo la lupa sobre el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe Vélez por posible manipulación de testigos, en la que avanza continúa también el proceso contra Diego Cadena, y por lo que ha salido un comunicado del partido Centro Democrático en el que se “expresa la grave preocupación ante las diferentes versiones de prensa que avisan la inminente decisión que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia se aprestaría a tomar contra el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez”.
Esto, pues es posible que esta semana el alto tribunal decida la suerte del exmandatario, por lo que el partido ha decido salir públicamente a apoyar al expresidente agitando sus banderas políticas y apelando a una “propaganda antiuribista” que se estaría realizando y que supuestamente habría logrado “tejer un imaginario criminal desde el cual fueron preconstituyendo la apariencia de una verdad, ficticiamente incriminante, para deformar -en la percepción pública- la conducta institucional y privada de quien ha observado una vida intachable”.
La comunicación, que además circuló por la prensa del país, se da en el marco de la continuación de la audiencia contra Diego Cadena, a quien la Fiscalía y la Procuraduría le solicitaron detención domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal, tras conocerse declaraciones importantes como la del exparamilitar, Enrique Vélez, quien afirmó haber recibido varios millones de pesos como pago de una promesa total por $200 millones a cambio de declarar a favor del ahora senador.
No obstante, en el proceso no han faltado avances que llaman la atención como, por ejemplo, que el fiscal Daniel Hernández, encargado del caso contra Cadena, afirmó que: «Él no solo engañó a la administración de justicia, sino también a los abogados titulares y a su cliente (Álvaro Uribe)», dejando así resaltada la presunta inocencia del expresidente y a su equipo de abogados.
Aunque se ha puesto sobre la mesa si está dentro de las funciones emitir dichas afirmaciones por parte del fiscal, o si, en efecto, el actuar del abogado fue realizado conjuntamente con el interés de encubrir a Álvaro Uribe Vélez y de desviar la investigación que se le adelanta, lo cierto es que ahora sale el comunicado, al parecer, ejerciendo una presión con valoraciones políticas ante la Corte Suprema de Justicia, ente que tiene en sus manos definir la situación del expresidente, contra quien en los últimos días también se ha insistido en su responsabilidad por las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle.
El transcurrir de los falsos testigos
La acusación lleva 12 años rondando en búsqueda de justicia. El testimonio que abrió la presunta responsabilidad de Uribe fue el hecho por Francisco Villabalba, exjefe paramilitar, quien en 2008 contó ante el Tribunal de Justicia y Paz que, en el marco de la masacre de El Aro, en la que había participado, habría escuchado una conversación entre Salvatore Mancuso y Álvaro Uribe Vélez, quien para ese momento era gobernador de Antioquia, donde habrían quedado en “borrar al pueblo”.
Villalba fue asesinado en abril de 2009; luego que le dieran casa por cárcel, un año después de sus declaraciones, y once años después de entregarse a la justicia como miembro de las AUC, por lo que le imputaron 37 años de prisión.
Su muerte provocó varios inciertos, por un lado, porque dejó las afirmaciones abiertas; segundo, porque poco después de sus declaraciones Villalba envió una carta a la Casa de Nariño rectificándose de las acusaciones hechas. Hay que mencionar que para ese momento Uribe estaba en su segundo periodo presidencial.
Fue en 2011 el año en el que otras declaraciones vendrían a crear más cuestionamientos sobre Uribe en sus cargos de poder. Se trataba de las que presentó Iván Cepeda, para ese entonces representante a la Cámara, en las que por testimonios de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve se involucraba al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe como cofundadores del Bloque Metro de las Autodefensas.
Tras esas declaraciones la Fiscalía sindicó por concierto para delinquir a Luis Guillermo Villegas, Santiago Gallón y Santiago Uribe Vélez. Luego de esto, también por medio de Iván Cepeda se medió la entrega de Carlos Areiza, quien después en dos diligencias en la Corte Suprema relacionaría a políticos antioqueños con nexos con el paramilitarismo. En este caso, como el anterior, las versiones tuvieron un vuelco, pues en 2015 Areiza cambió lo dicho contando que había recibido presiones de Iván Cepeda, más $100 millones para que declarara en contra de los acusados. También como el caso anterior Areiza fue asesinado en abril de 2018 en Bello.
Después de estos relacionamientos Álvaro Uribe Vélez interpuso una denuncia contra Iván Cepeda por abuso de la función pública, soborno y fraude procesal. En 2012, Juan Guillermo Monsalve, quien había testificado en 2011 fue atacado con arma blanca, tras esto tuvo que ser trasladado a La Picota, sin embargo, poco después en su celda fue encontrada por Medicina Legal una sustancia altamente venenosa.
Vale la pena mencionar que Juan Guillermo Monsalve tuvo relacionamiento con la familia del expresidente desde sus ocho años, pues su padre, Óscar Monsalve – quien luego fue llamado a declarar en el proceso contra Iván Cepeda-, trabajó desde 1986 en la finca Guacharacas, propiedad de los Uribe. Allí estuvieron hasta 1994. A finales de los 90 Juan Guillermo se une formalmente al Bloque Metro de las AUC.
En agosto de 2014 la defensa de Uribe cita a declarar en el marco del proceso contra Iván Cepeda, además de Óscar Monsalve, también a Pedro Manuel Benavides y a los paramilitares Jesús Henao y Gabriel Muñoz. Al final los testimonios fueron desestimados por la Corte. Tras esto el ahora senador, Iván Cepeda, cita a debate de control político por los presuntos nexos de Uribe con el paramilitarismo, allí presenta 27 declaraciones que dan razón de lo anterior.
En diciembre de 2014 el proceso contra el expresidente pasó al despacho del exmagistrado Gustavo Malo -quien luego sería vinculado al Cartel de la Toga-. En 2015 ordenaron interceptar a Óscar Monsalve buscando pruebas de las presiones para declarar en contra de Cepeda. No obstante, y dando una nueva pista de las amenazas a las que se enfrenta este caso, en marzo de ese año se pierden las grabaciones del sistema de intercepciones, lo cual era un importante material probatorio contra Uribe, esto provoca que la Corte Suprema solicité vincular a una agencia de inteligencia británica.
Terminando 2017 la Corte Suprema cierra proceso a favor de Cepeda y abre investigación preliminar contra Uribe por las masacres de San Roque, El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle. Sobre estos hechos el organismo de justicia los declaró en 2018 como crímenes de lesa humanidad.
En julio de ese mismo año el ahora senador renuncia a su curul, la Corte le abre proceso formal y lo llama a indagatoria. Tras esto uno de los primeros en pronunciarse fue Iván Duque, para ese momento presidente electo, quien por medio de Twitter aseveró: “Conocemos al expresidente Uribe. Somos testigos de su honorabilidad, rectitud, patriotismo y su incuestionable servicio al país y al Estado de Derecho”.
El 08 de octubre de 2019, más de diez años después de que comenzó a conocerse los hechos que darían paso a la situación jurídica, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema vinculó formalmente a Uribe bajo investigación por fraude procesal y soborno. Esto tras rendir indagatoria. En octubre y diciembre del mismo año se reanudó la indagatoria. Hay que mencionar que uno de los argumentos que salieron en estas sesiones fue que los pagos que se hicieron obedecen a auxilios humanitarios.
Así otro hecho a resaltar es en el que se ha relacionado a Diego Cadena, en el que también está el abogado Juan José Salazar, caso que además está atado a lo que ocurra en la Corte Suprema de Justicia con Álvaro Uribe Vélez, en donde por el momento participan en la Sala de Instrucción que tomará la decisión, los magistrados: César Reyes, Héctor Alarcón, Misael Rodríguez, Marco Rueda y Francisco Farfán. Ellos tienen en sus manos si se avanza con un llamado a juicio, y de ser así, si se requiere imponer medida de aseguramiento.
Esto da luces a muchos sectores que siendo víctimas han exigido justicia, verdad y reparación, incluso a sectores políticos que han aportado denuncias, testimonios y presión para que la situación del expresidente no continúe sin resolverse. Mientras, por el contrario, otro sector, como el del Centro Democrático sigue insistiendo en una supuesta “táctica de conseguir la aniquilación reputacional”.