Por: Paola Perdomo. Investigadora Pares.
Las aceleradas y cambiantes dinámicas de seguridad impuestas por las Estructuras Armadas Ilegales que se disputan la frontera colombo venezolana en Norte de Santander, especialmente en el área metropolitana de Cúcuta, no cesan. En tan solo un año, durante 2020, esta zona del país ha dado lugar a tres momentos que evidencian cómo se reconfiguran dichas dinámicas en un abrir y cerrar de ojos.
A inicios de año, aunque se preveían algunas confrontaciones que ponían en riesgo la fuerte presencia y control territorial que ‘Los Rastrojos’ habían alcanzado en el área metropolitana de Cúcuta desde 2018, luego de ganar una cruenta disputa con el Clan del Golfo, dicho grupo armado delincuencial mostraba una amplia consolidación en municipios como Puerto Santander, Cúcuta y Villa de Rosario, donde además contaba con un importante respaldo del Frente Fronteras del Ejército de Liberación Popular, EPL, mejor conocido como ‘Los Pelusos’.
No obstante, a mediados de febrero e inicios de marzo, es decir, en el marco del paro armado declarado por el ELN y el aislamiento obligatorio por la pandemia, la configuración de estos grupos empezó a transformarse. Por un lado, el ELN sacó provecho de este panorama para moverse tácticamente desde el Catatumbo a zona de frontera del área metropolitana de Cúcuta, donde no tenía una presencia significativa, y dar un golpe militar a ‘Los Rastrojos’, en área venezolana limítrofe, en su centro de operaciones en Boca de Grita, Táchira, Venezuela. Este tendría como resultado el repliegue de ‘Los Rastrojos’ al municipio vecino de Puerto Santander, en el lado colombiano.
La intensa violencia desplegada en este municipio da cuenta de la fuerte disputa que iniciaron ambos grupos desde entonces, y dentro de la cual ‘Los Rastrojos’ no consiguieron un balance positivo, viendo reducida su presencia y actividad delictiva. Mientras tanto, el saldo de la violencia se hizo alarmante. Actualmente, Puerto Santander constituye el municipio, en todo el país, con mayor violencia homicida durante 2020 con una tasa de homicidio de 237.52, cifra que supera considerablemente tasas de homicidio muy altas en otras zonas del país como Argelia (195.67) y Corinto (169.025), en Cauca; o Tarazá (192.89) y Betania (175.02), en Antioquia. Las masacres y el desplazamiento forzado en Cúcuta y Puerto Santander también se sumaron a este lamentable escenario con el registro de cuatro (4) masacres y más de 1.000 víctimas de desplazamiento forzado en lo corrido de 2020.
Alrededor de ambas situaciones, la fuerza pública venezolana había venido intensificando sus operaciones dando importantes golpes a grupos armados delincuenciales organizados como el ‘Tren de Aragua’, ‘La Línea’ y ‘Los Rastrojos’ en territorio venezolano. Situación que, nuevamente, fue aprovechada por el ELN y resultó contundente en su posicionamiento en ambos lados de la frontera entre el área metropolitana de Cúcuta y Táchira, Venezuela, durante 2020. Imagen: Pares.
Por otro lado, el principal aliado de ‘Los Rastrojos’, el Frente Fronteras del EPL o ‘Pelusos’, empezó a sufrir un acelerado debilitamiento por cuenta de los problemas de acción colectiva al interior de este grupo criminal que condujeron a la muerte del comandante de dicho frente, alias Grillo, en un juicio de guerra.
En mayo de este año, el Frente Libardo Mora del mismo EPL, con el que existía la tensión, se atribuyó la muerte de alias Grillo y justificó el ajusticiamiento como cobró a este cabecilla de lo que consideraron actos de desobediencia y traición al haberse convertido en un aliado más de ‘Los Rastrojos’ en área metropolitana de Cúcuta, donde inicialmente el Frente Fronteras había sido enviado con otros propósitos de expansión y control territorial. En general, este fue un importante factor en la avanzada del ELN contra ‘Los Rastrojos’ y la limitada capacidad de respuesta de estos últimos frente dicho ataque.
Sin embargo, un elemento más hizo parte de esta determinante expansión del ELN a zonas de control de Los Rastrojos en ambos lados de la frontera: el accionar de las fuerzas militares venezolanas. Desde la Fundación Paz y Reconciliación, en el informe reciente Situación de seguridad y migración en la frontera Colombia- Venezuela, hemos llamado la atención sobre el lugar que ha tenido la fuerza pública venezolana en este ataque frontal contra la delincuencia armada organizada, relacionada con reductos de grupos paramilitares. “Al menos dos factores podrían explicar este rápido cambio de la correlación de fuerzas en la región, que se ha materializado en la expansión del ELN.
Por un lado, cambios políticos, en especial la mayor atención que le presta Caracas a la situación de seguridad a esta frontera luego de febrero de 2019 [tras evidencias del polémico rol que jugaron ‘Los Rastrojos’ en el paso de Juan Guaidó al lado colombiano de la frontera], y por el otro, los cambios económicos que impactan en las dinámicas ilegales por la acentuación de la crisis venezolana”.
Alrededor de ambas situaciones, la fuerza pública venezolana había venido intensificando sus operaciones dando importantes golpes a grupos armados delincuenciales organizados como el ‘Tren de Aragua’, ‘La Línea’ y ‘Los Rastrojos’ en territorio venezolano. Situación que, nuevamente, fue aprovechada por el ELN y resultó contundente en su posicionamiento en ambos lados de la frontera entre el área metropolitana de Cúcuta y Táchira, Venezuela, durante 2020.
Como efecto de esta reconfiguración se percibió una “distensión” en los repertorios de violencia recurrentes en esta zona fronteriza, según fuentes en terreno.
“Varias personas se remiten a los antes habituales casos de violencia extrema y de exceso de crueldad, mencionan un práctico cese en las extorsiones que habían impuesto los grupos que controlaban las comunidades fronterizas, así como un apaciguamiento de los castigos sanguinarios y arbitrarios, que han sido sustituidos por amonestaciones, sanciones simbólicas y labores de trabajo comunitario para los infractores”.
Sin embargo, en estos los últimos días, cuando todo parecía indicar que Los Rastrojos estaban lejos de responder o tener intenciones de reactivar la disputa por mantener su control en área metropolitana de Cúcuta, por lo menos en lo que quedaba de este año, estos han vuelto a aparecer con fuerza en la capital del departamento.
Wilfredo Cañizares, de la Fundación Progresar, a través de una Acción Urgente, alertó ayer que desde el 14 de diciembre de 2020 Los Rastrojos hacen presencia en los corregimientos de Palmarito y Banco de Arena, jurisdicción de Cúcuta, con alrededor de 100 hombres fuertemente armados distribuidos en varios grupos que se han identificado como miembros de esta estructura armada ilegal. Imagen: Cortesía.
La preocupación de la población y los defensores de derechos humanos no podría ser menor, pues “este grupo paramilitar ha sido denunciado de manera reiterada en los últimos años, por cometer graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil, por su sevicia y prácticas atroces de torturas, desmembramiento de cuerpos y desapariciones forzadas. Así mismo han cometido masacres, desplazamientos forzados, confinamiento de comunidades, reclutamiento forzado en jóvenes colombianos y migrantes venezolanos, amenazas contra comunidades, organizaciones locales y líderes sociales. Instalan retenes ilegales sobre las vías principales, trochas o pasos ilegales de contrabando hacia y desde Venezuela sobre los ríos Guaramito y La Grita, imponiendo restricciones a la movilidad y exigiendo el pago de cuotas por el tránsito” Fundación Progresar.
De esta manera, el año finaliza con un temible e inesperado escenario que vuelve a encender las alarmas de seguridad en esta zona del país. Tres asuntos resaltan de ello. El primero y más importante, la urgencia de protección de las comunidades en este territorio como obligación constitucional del gobierno de garantizar los derechos fundamentales de la población, especialmente cuando existen unos riesgos de seguridad latentes y claramente alertados.
En segundo lugar, la importancia que sigue constituyendo la frontera colombo venezolana para las estructuras criminales, por las ventajas de movilidad, rentabilidad de las economías ilegales y el lugar estratégico militar que ofrece esta zona. Especialmente, si se trata de un plan expansión como el que ha declarado y demostrado tener el ELN en territorio fronterizo. En tercer lugar, la necesidad imperante de visibilizar y atender la situación de seguridad fronteriza en un esfuerzo binacional que implica el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela.