Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que el 22 de junio un grupo de paramilitares amenazaron a indígenas de la comunidad Embera de esta zona del Chocó. Según la de denuncia, los hombres armados —que vestían camuflados y que portaban armas de fuego— presuntamente se habrían reconocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Tras su llegada al Territorio Colectivo de Jiguamiandó, los paramilitares amenazaron la comunidad indígena ya que, según ellos, las familias están ‘obstaculizando’ el movimiento del grupo paramilitar entre Nuevo Cañaveral y Urada.
Amenazas y ataques que no son nuevos
La Comisión Intereclesial de Justica y Paz, en todo lo que ha corrido el año, ha advertido que hay una situación de seguridad que está poniendo en riesgo la vida de los habitantes de Jiguaminadó y Curvaradó. De hecho, la Comisión registró que para el mes de febrero un grupo de hombres armados intentaron acabar con la vida de Luis Cogollo, líder de la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Jiguamiandó.
La Comisión ha hecho constantes llamados a la institucionalidad para que responda frente a la presencia de grupos paramilitares; en este caso ha insistido que quienes han perpetrado ataques y amenazas en contra de la comunidad son hombres de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Cabe resaltar que las incursiones las están perpetrando en contra de una zona humanitaria reconocida por la CIDH.
A su vez, el pasado 29 de mayo, también la Comisión Intereclesial de Justica y Paz había denunciado una incursión de un grupo paramilitar. Según el informe, presuntamente, también se trataban de paramilitares de las AGC y, en esta ocasión, los hombres llegaron vestidos de civil y portando armas cortas.
Después de su llegada a Uradá le dispararon a Bernardo Zapia en el tórax, quién después de ser herido estuvo retenido por el grupo de paramilitares quienes lo acusaban de ser del ELN.
Zapia es un líder Embera y hace parte de la comunidad de Alto Guayabal, en Jiguamiandó. Además, tal como lo dio a conocer la Comisión, para el mes de abril se habría conocido un “plan de tipo paramilitar contra las comunidades indígenas”.
Según lo enunciado, el objetivo de dicho plan era “asegurar el silencio de las comunidades ante el control social y los modos de operación paramilitar en los territorios que se consolidan con la ineficacia de las fuerzas militares, para asegurar agronegocios y operaciones extractivas”.
Crisis humanitaria en Jiguaminadó
Según informes de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA, “se destacan intimidaciones y amenazas por parte del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y del ELN contra líderes sociales que habitan estos territorios, causando temor en las comunidades circunvecinas de la cuenca del río Jiguamiandó”.
Los indígenas emberas del resguardo Urada Jiguamiandó, que han resistido al conflicto armado por décadas en el Bajo Atrato chocoano, denuncian nuevas amenazas y posibles incursiones armadas de paramilitares. De esta forma, en junio se han conocido las amenazas y las incursiones armadas de paramilitares que han puesto en riesgo la seguridad de los indígenas emberas del resguardo Urada Jiguamiandó.
Tal como lo describe un comunicado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, desde febrero de este año “las comunidades y sus líderes se encuentran amenazados por operaciones paramilitares y en altísimo riesgo debido a la ausencia de una respuesta eficaz del Estado en materia de desestructuración de las AGC y de los vínculos de tolerancia con estas”.
Una crisis departamental desatendida
Según el último informe de OCHA sobre acciones armadas en el departamento de Chocó, ha habido un aumento en las violaciones a los DD. HH. y que han puesto a las comunidades de la región en un escenario de riesgo. De hecho, según dicho informe que va hasta finales de abril; los mayores actores armados responsables se desprenden de los enfrentamientos de ELN contra los grupos autodenominados AGC.
Asimismo, han sido afectadas 5.617 personas pertenecientes a comunidades indígenas y 2.232 pertenecientes a comunidades afrodescendientes. Otro tema alarmante que aqueja al departamento chocoano es el aumento del confinamiento y el desplazamiento con respecto a 2018. Para 2019 el confinamiento y restricción de movilidad aumentó en un 282% y el desplazamiento masivo en un 238%.