Por: Laura Cano Periodista – Pares
Han pasado casi 5 años desde la firma del Acuerdo de Paz, un hecho que, para más de 13.000 personas, significaba un paso importante para la materialización de muchas de sus apuestas políticas. No obstante, el tiempo transcurrido desde entonces ha estado marcado, para muchas de las personas excombatientes, por situaciones de persecución, amenazas y dolor, pues desde que se pactó la salida dialogada de las FARC-EP como actor del conflicto armado, han sido constantes las noticias y denuncias sobre la situación de seguridad de estas personas. Situación que hoy se ve reflejada en cada una de las 287 vidas que se han perdido (de acuerdo al registro que ha realizado el Partido Comunes).
Una de esas vidas era la de Ruber Erney Dorado, quien se encontraba realizando su proceso de reincorporación y hacía parte de la cooperativa del municipio de Bordó, en el departamento del Cauca.
De acuerdo con información preliminar, el hombre habría sido atacado por miembros de un grupo al margen de la ley (aún no identificado) con armas de fuego. Los responsables no habrían permitido que los familiares de la víctima recogieran el cuerpo.
Sobre este caso, las autoridades no han brindado mayor información. Sin embargo, es importante puntualizar varias cosas. Por un lado, recordar que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 047/2020, en la que señala el riesgo para los firmantes del acuerdo y sus familias, quienes trabajan y viven en la zona, y en la que, además, reconoce que estas personas han sido objeto de amenazas y víctimas de asesinatos.
Hay que señalar que, según este mismo documento de la Defensoría, la región es disputada por la columna móvil ‘Carlos Patiño’, de las disidencias de las FARC, y el frente ‘José María Becerra’ del ELN. Sin embargo, en los últimos meses también estarían haciendo presencia en el territorio integrantes de la ‘Segunda Marquetalia’ a través de la estructura ‘Diomer Cortés’.
Respecto a la ola de violencia, así como en lo que se refiere concretamente a la situación de las personas firmantes de paz, Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), exponía que: “El frente ‘Carlos Patiño’ llegó a acosar a excombatientes para que se les unieran. Ha sido tanta la presión que se terminó configurando un tercer grupo, inicialmente lo llamaban ‘Los Pocillos’, por un comandante de las antiguas FARC. Este grupo ya se configuró como la ‘Segunda Marquetalia’. Esto ha sido un rifirrafe, en el último año y medio, que ha llevado a una situación constante de amenaza”.
Hay que señalar que de acuerdo a la información del Sistema de Información de Pares (SIPARES), en lo que va del año, en el Cauca han sido asesinadas 7 personas firmantes de la paz: Brayan Secue (Argelia, 31 de enero), Franky Ortega (El Tambo, 24 de febrero), Arnoldo Medina (Santander de Quilichao, 30 de abril), Arbey Garcés (Miranda, 13 de mayo), José Ignacio Loaiza (Popayán, 21 de mayo), Norelia Trompeta (Buenos Aires, 25 de junio) y Yorbis Valencia (Buenos Aires, 25 de julio).
Justamente, vale la pena traer a colación que, a partir de los datos suministrados por el SIPARES, en ninguno de los casos se conoce al agente perpetrador y responsable de los hechos. Situación que no es particular de este departamento, pues en la mayoría de los casos ocurridos contra firmantes de paz, son muy pocas las investigaciones eficaces adelantadas que lleven a determinar los responsables intelectuales y materiales de estos hechos.
Además, durante los últimos días también se conoció que había sido asesinado Duberney Gómez Rodríguez, otro firmante de paz que adelantaba su proceso dereincorporación en el departamento de Nariño. Gómez estaba desaparecido desde el mes de septiembre, hasta que fue hallado su cuerpo sin vida en la tarde del pasado 5 de octubre, en un paraje de la vía que del corregimiento de El Palmar conduce hasta la cabecera de Leiva, Nariño. Sobre este caso tampoco se ha esclarecido lo sucedido.
Respecto a este panorama, el representante de la ONU Carlos Ruiz Massieu se refirió recientemente, en una entrevista realizada en El Tiempo, sobre la situación de los y las firmantes, enfatizando en lo preocupante de la situación de seguridad de estas personas, y exponiendo que: “Hay varias regiones que están en situaciones complejas: el Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Chocó, que son varias de las zonas afectadas por el conflicto y que tienen esta misma problemática de la limitada presencia estatal, economías ilícitas, narcotráfico, minería ilegal y pocas opciones de desarrollo. Son estas zonas en las que se requieren más esfuerzos, porque, de hecho, en 25 municipios de estos departamentos es dónde se concentra entre el 60 % y el 70 % de los homicidios de excombatientes y de líderes sociales”.
Justamente, la JEP también comparte que Cauca y Nariño, departamentos donde ocurrieron los más recientes hechos, son de los más peligrosos para los firmantes de paz. En estos, como se informó desde este organismo el pasado mes de agosto, junto con el Valle del Cauca, la proporción de asesinados es 104% más alta que en el resto del país.
Ante esto, “la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ordenó a las instituciones convocar una mesa técnica que: 1) Presente una estrategia para garantizar la seguridad de los excombatientes que están en las Nuevas Áreas de Reincorporación. 2) Diseñe una estrategia de reubicación de los excombatientes, y sus familias, que hayan salido de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) garantizandoles la protección de su vida, la libertad, salud, la vivienda y el acceso a los proyectos productivos”, se comunicó desde la JEP.
Hay que señalar que, como estos, han sido múltiples las denuncias y llamados de alerta para que se atienda la situación de seguridad de las personas firmantes de paz, quienes además de representar una esperanza de reconciliación y verdad para el país, también son quienes están detrás y hacen parte de proyectos productivos, familias, comunidades y tejidos sociales que hoy, además de perder vidas, pierden parte esencial de lo que se ha querido construir en los últimos cinco años.