Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares.
A pesar de la insistencia del Gobierno Nacional por una política antidrogas a través de operativos de erradicación forzada y su clara intención por reanudar la aspersión de glifosato; los recursos de consulta previa continúan generando autonomía a las comunidades que esperan la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
El tire y afloje se ha dado por una avanzada en la modificación del Plan de Manejo Ambiental para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea.
El nuevo pulso ganado por las comunidades al glifosato tal como lo dio a conocer el Colectivo de Abogad@s José Alvear Restrepo (CAJAR); tuvo que ver con que la sala de decisión penal del Tribunal Superior de Pasto ordenó la suspensión de la resolución 001 de 2020 correspondiente al tema de aspersiones aéreas y pueblos indígenas. Esta fue emitida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Interior gracias a la acción de tutela interpuesta por Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (REDHPANA) con el acompañamiento del Colectivo Fals Borda (OFB).
La REDHPANA, que mantiene suspendida la intención del retorno del Glifosato, están constituidos por resguardos indígenas y consejos comunitarios de la subregión del Pacífico Nariñense. En este sentido, las comunidades de los municipios de San Andrés de Tumaco, Mosquera, Maguí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas; interpusieron la tutela, de acuerdo con el documento oficial, en contra del presidente de la República, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
El colectivo OFB celebró la decisión por lograr frenar temporalmente la reanudación de las fumigaciones aéreas con glifosato. Además, señaló que “aún se requiere seguir trabajando para que definitivamente el gobierno nacional abandone la idea de envenenar los territorios, el agua y las comunidades más afectadas por el conflicto en el país.”
Celebran en los territorios
Para la lideresa social Ivonne Quiñónez, investigadora de la Costa Pacífica Nariñense de Pares, “la suspensión de la Resolución 001 del Ministerio del Interior, por parte de la Sala de decisión penal del Tribunal Superior de Pasto, ante Tutela interpuesta por la Red de Defensores de Derechos Humanos de la Costa Pacífica Nariñense REDPHANA y el Colectivo Socio-Jurídico Orlando Fals Borda, es un acto de justicia con la Costa Pacífica Nariñense.
Recordemos que la subregión está conformada fundamentalmente por comunidades étnicas negras e indígenas, organizadas en 58 consejos comunitarios y 32 Resguardos indígenas, más otros que están en proceso de conformación, a las que se les estaba violando de manera flagrante, su derecho colectivo fundamental a la Consulta Previa.”
Entre otras cosas, para la lideresa es “un derecho al que tienen todos los pueblos étnicos sin la cual no pueden ser intervenidos sus territorios; más aún, en el caso de las aspersiones aéreas con glifosato de la cual estos pueblos fueron víctima durante 15 años consecutivos, dejando a su paso una crisis humanitaria y ambiental de enormes proporciones evidentes hasta el día de hoy, que el Estado colombiano, se ha negado a ver y a atender.”
Finalmente, la lideresa señala que “en la Costa Pacífica Nariñense celebramos esta decisión del Tribunal Superior de Pasto, y una vez más pedimos al presidente de Colombia y accionado de la presente Tutela, Iván Duque, respeto por el cuarto punto de los Acuerdos de la Habana; sustitución, no erradicación”.
Las medidas
Fundamentalmente, la denuncian la vulneración de “los derechos fundamentales de consulta previa, consentimiento libre, previo e informado, salud, vida digna, mínimo vital, debido al proceso y al derecho de paz”. En este sentido, según el documento, las medidas pueden ser adoptadas en dos casos:
(i) Cuando estas resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se concrete en una vulneración.
(ii) Cuando, constatada la ocurrencia de una violación, sea imperioso precaver su agravación.
Es decir, el Despacho consideró “que es dable conceder la medida provisional deprecada a fin de evitar la presunta vulneración de los derechos fundamentales deprecados, hasta tanto se resuelva de manera definitiva la presente acción constitucional”. La acción fue concedida a REDHPANA por “reunir los requisitos exigidos por el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991.”
De acuerdo con CAJAR, “»Los efectos de dicha resolución quedan suspendidos sin efectos jurídicos y se abre la posibilidad de que para el trámite de modificación de licenciamiento ambiental para el reinicio del programa de fumigación sea necesario agotar el proceso de consulta».”
Situación PNIS en el Pacífico nariñense
Es importante señalar que tal como ha venido insistiendo la lideresa social Ivonne Quiñónez, investigadora de la Costa Pacífica Nariñense de Pares, Tumaco es el segundo municipio de Colombia con mayor concentración de cultivos de uso ilícito. Según el Observatorio de Drogas para 2019 Tumaco registró aproximadamente 11.830 hectáreas de coca sembradas.
Las comunidades de esta subregión de Colombia aguardan por la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Continuando con lo que ha venido indicando la lideresa social, la falta de interés y de ejecución del Gobierno Nacional son notorias.
Por ejemplo, al PNIS de los 54 Consejos Comunitarios existentes —compuesto por 10 municipios que conforman tres subregiones: el Pacífico Sur, constituido por Tumaco y Francisco Pizarro; la Subregión del Sanquianga, de la cual hacen parte, Olaya Herrera, Mosquera, El Charco, Iscuandé y La Tola; y por último, El Triángulo del Telembí, del cual hacen parte Barbacoas, Roberto Payán y Maguí—; sólo han sido vinculados cuatro (4) Consejos Comunitarios.
Por supuesto, es necesario recordar que conforme con investigaciones Pares, en 2020 —en el marco de los operativos de erradicación forzada adelantadas por el Ejército Nacional— se han presentado cuatro (4) ejecuciones extrajudiciales, en el Pacífico nariñense. Por otra parte, se ha registrado la muerte de siete (7) personas por minas antipersonas y cuatro (4) miembros de la Fuerza Pública.