Por: Juan Sebastián Peña Editor – Pares
El día de ayer, en la Comisión Quinta del Senado, se archivó el Proyecto de Ley 044 de 2021: una iniciativa de la oposición que buscaba prohibir el uso de glifosato en procesos de erradicación forzada de cultivos ilícitos. Con nueve votos a favor de esta decisión, y tres en contra, finalmente este proyecto de ley fue archivado antes de su primer debate.
La ponencia con la que se buscaba hundir la iniciativa fue liderada por senadores del Centro Democrático y, además, fue respaldada por integrantes de los partidos de gobierno. Precisamente, Alejandro Corrales, senador del Centro Democrático, ponente de esta proposición de archivo, reiteró lo que el país conoció de forma oficial desde el pasado 12 abril (cuando, a través del decreto 380 del 2021, el Ministerio de Justicia anunció la regulación que tendría el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato): que el Gobierno actual se mantiene firme en su compromiso con el reinicio del uso de glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito.
En su argumentación, Corrales defendió que el uso del glifosato no tendría consecuencias graves sobre la salud de las personas y que, además, las aspersiones aéreas se ajustarán a las normativas ambientales y de seguridad pertinentes. El senador del Centro Democrático afirmó que “La aspersión es contra el narcotráfico, que es nuestro peor cáncer”. Y, en ese sentido, mencionó que tanto los cultivos de uso ilícito como la producción de clorhidrato de cocaína han crecido en el país desde que se suspendió, en 2015, la aspersión aérea con glifosato. La postura de Corrales es una reafirmación de la política contra las drogas que ha priorizado el Gobierno Duque: la erradicación forzada. “Nadamos en mares de coca por quitar una herramienta que sí era efectiva”, puntualizó el senador.
Frente a esta defensa de la aspersión aérea como el camino más efectivo para combatir el aumento de cultivos de uso ilícito, Juan Camilo Rodríguez, investigador de la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), sostiene una posición contraria: “La ONU lo deja muy claro en el último reporte de hectáreas con hoja de coca en el país: donde tu erradicas, al año vas a tener hoja de coca alrededor o ahí mismo, porque erradicar no genera presencia estatal en Colombia. Erradicar es llegar a un lugar apartado a destruir un cultivo e irse. No queda una presencia, no quedan proyectos productivos alternativos sostenibles”. En contraste con esta realidad descrita por Rodríguez, en el Informe No. 23 sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), con corte al 31 de diciembre de 2020, se reveló que en el 98% de los casos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito hubo cumplimiento de la no resiembra por parte de las familias que se acogieron al PNIS.
Volviendo a la discusión de la Comisión Quinta del Senado, como parte de la defensa que hicieron los partidos de oposición que respaldaban el proyecto de ley, Jorge Londoño, senador del Partido Alianza Verde, trajo a colación las cifras entregadas en 2019 por la entonces directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Claudia Salcedo, en las que se revelaba que cada hectárea asperjada le costaba al Estado cerca de 72 millones de pesos, mientras que la sustitución voluntaria de esa misma hectárea tendría un costo de 40 millones de pesos.
Por su parte, Guillermo García Realpe, senador del Partido Liberal, coautor y ponente del proyecto de ley que buscaba la prohibición de la aspersión aérea con glifosato, señalando que este tipo de erradicación forzada no resolvía de forma integral el problema del aumento de cultivos de uso ilícito, sostuvo que “El narcotráfico ha sido un negocio de las élites políticas y económicas de Colombia, no de nuestros campesinos que son el eslabón más débil de toda la cadena de producción. El narcotráfico financió campañas presidenciales, ha comprado gobernaciones y alcaldías en Colombia, no los campesinos”.
Respecto a esta necesidad de medidas y acciones estructurales para enfrentar el problema de los cultivos de uso ilícito, Juan Camilo Rodríguez reitera la necesidad histórica de una reforma rural integral para asegurar la sostenibilidad económica, a través de proyectos productivos legales, de muchas poblaciones de zonas rurales del país. Y, en ese sentido, refiere lo siguiente: “En los últimos 30 años, con la llegada del neoliberalismo, en Colombia se priorizaron ciertos proyectos que han generado muchísimo dinero, pero muy poco empleo y muy poco desarrollo rural: proyectos extractivos y mineros, por ejemplo, en donde hay muy altas regalías pero no hay desarrollo en los territorios. Y la sustitución voluntaria pretendía, precisamente, partir de ese punto para transformar las lógicas económicas en el campo”. A partir de allí, como concluye Rodríguez, sería posible “reconocer que muchas de las familias campesinas (diría que la gran mayoría) no cultivan coca porque eso las vuelva millonarias o les genere muchas rentas, sino porque realmente cualquier otro proyecto en el territorio en el que habitan no es sostenible económica ni ambientalmente. Entonces, en ese sentido, el insistir en buscar formas de erradicar, por supuesto, puede servir para reducir las cifras en un año pero no va a solucionar el problema, no va a reducir la producción de hoja de coca a menos de que se tome de una manera muchísimo más integral, que es reconocer que hay zonas donde no se puede hacer otra cosa a menos que el Estado llegue a apoyar en la construcción de proyectos productivos y a apoyar las iniciativas de PDET, por ejemplo, y generar, así, las condiciones mínimas (ni siquiera óptimas, pero mínimas) para que la producción económica basada en la legalidad sea posible”.
De modo que con esta decisión tomada en el Congreso, una vez más, parecen ser pocos los caminos que desde el Estado se abren para implementar de forma integral el Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP, especialmente en lo que se refiere a una reforma rural integral y al fortalecimiento y avance del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), condiciones necesarias para que haya un desarrollo sostenible (tanto económica como ambientalmente), a través de proyectos productivos legales, en distintas zonas rurales del país abandonadas por el Estado.
Precisamente, hace unos días, Juan Camilo Rodríguez realizó un balance del desarrollo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). A continuación, el análisis que hizo al respecto: