Por: Katerin Erazo, Periodista
La Defensoría del Pueblo emitió un llamado urgente a las entidades nacionales y departamentales para que tomen acciones inmediatas frente a la situación de confinamiento que enfrentan alrededor de 5,000 residentes del área urbana de Nóvita, Chocó. Esta medida se debe a los enfrentamientos armados entre el ELN y el Clan del Golfo, que han obligado a aproximadamente 600 personas a abandonar sus hogares en las zonas rurales.
El confinamiento en Nóvita es el resultado del paro armado declarado por el ELN el pasado 27 de mayo, lo cual ha impedido el transporte de caravanas con asistencia humanitaria hacia las personas desplazadas y refugiadas en la zona urbana. Ante esta preocupante situación, la Defensoría del Pueblo instó a las entidades a proteger y garantizar los derechos fundamentales de estas personas, como el acceso a la alimentación, el agua potable, la libre movilidad, la salud y la vida.
La Defensoría del Pueblo está trabajando en colaboración con otras entidades para establecer un corredor humanitario que permita llevar la ayuda necesaria a Nóvita. Es imprescindible contar con este paso para asegurar que la población civil no siga sufriendo las consecuencias indiscriminadas de los grupos armados ilegales. Sin embargo, la situación se agrava debido al colapso de un puente vehicular en el municipio de Río Iró desde hace más de 20 días. La estructura sigue en estado de colapso y las reparaciones no han comenzado, sin que hasta ahora haya una respuesta por parte de las entidades competentes. Este hecho dificulta aún más el acceso a la asistencia humanitaria y agrava la precariedad en la que se encuentran las personas afectadas.
La Defensoría del Pueblo también solicitó la protección de las viviendas y pertenencias de aquellos que tuvieron que abandonar todo en busca de seguridad. Asimismo, ha hecho un llamado al Gobierno Nacional y a las fuerzas de seguridad para garantizar la libre movilidad en la región de San Juan, en la zona centro-sur del departamento de Chocó.
Es importante destacar que los eventos masivos de desplazamiento y confinamiento van en contra del Derecho Internacional Humanitario y no contribuyen a la construcción de la paz en el país. La entidad ha instado al ELN a poner fin al paro armado y a buscar soluciones pacíficas que no pongan en riesgo a la población civil.
Según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, durante los primeros cinco meses del año se registraron 43 eventos de desplazamiento forzado en el país, afectando a aproximadamente 15,437 personas pertenecientes a 6,081 familias. Los departamentos del Pacífico, como Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Cauca, son los más afectados por estos desplazamientos.
Francisco Palacios, periodista de Radio Nacional en Chocó, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), las diversas situaciones que afectan la seguridad en el Chocó. En primer lugar, mencionó que el tema de seguridad continúa siendo complejo y se ha agravado debido a la imposibilidad de transitar libremente entre Istmina y Nóvita, lo cual impide llevar elementos al municipio de Nóvita. Esta problemática se ha intensificado aún más debido al colapso de un puente que conecta varios municipios, situación que ya lleva aproximadamente 50 días sin respuesta oportuna por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales.
Según el periodista, esta falta de acción por parte de las autoridades ha generado mayores dificultades para el traslado de ayuda humanitaria a las familias desplazadas. Palacios también mencionó que han recibido información de diversas fuentes, como el representante a la cámara James Mosquera, quien ha manifestado que el número de desplazados que han llegado a Istmina ha aumentado. Sin embargo, las autoridades en terreno no han podido verificar esta situación debido a la falta de un albergue en el municipio. Las personas que llegaron a Istmina se han alojado en el Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del San Juan, en casas de familiares, amigos o incluso han tenido que alquilar lugares, lo que dificulta establecer el número exacto de desplazados de los municipios del Chocó.
Palacios también destacó que esta situación se ha presentado durante varios años, donde los grupos armados, especialmente el ELN, amenazan y se enfrentan al Clan del Golfo, generando graves afectaciones a la población civil. Es importante recordar que, a finales del año pasado, el alcalde de Nóvita se vio obligado a pasar dos noches en un corregimiento debido a la presencia de ambos grupos armados, quienes les impedían moverse. Incluso tuvieron que suplicar a los grupos para que les permitieran salir de allí.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, enfatizó en la necesidad de que los grupos armados ilegales cesen sus acciones bélicas contra la población civil. Destacó la importancia de avanzar hacia la Paz Total que busca el Gobierno y de garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.
En este contexto, el ataque con explosivos perpetrado contra el alcalde del municipio de Río Iró, Edson Perea, ha generado mayor preocupación en la región. Desconocidos lanzaron un artefacto explosivo en su residencia, aunque afortunadamente no se encontraba nadie en el lugar en ese momento. Las autoridades regionales han confirmado que el incidente solo causó daños materiales y no se reportaron personas heridas. Sin embargo, esta acción ha encendido las alarmas entre las fuerzas de seguridad debido al accionar de los criminales en la zona.
Francisco Palacios señaló que los habitantes del área viven con mucha zozobra y preocupación, ya que consideran que aunque es necesario que el ejército esté presente, también son conscientes de que estas autoridades llegan a la zona, dispersan a los grupos armados, pero luego se retiran y se despliegan aparentemente hacia zonas cercanas al casco urbano. Esto ha provocado que en la zona del río Taparal y el río Cajón y otros ríos cercanos haya tenido una presencia constante de grupos armados durante dos años.
Debido a esta situación, los habitantes han expresado su frustración al no ver respuestas por parte de los gobiernos local, regional y nacional. Aunque las autoridades llegan a intervenir, no se percibe un compromiso continuo para brindar seguridad y estabilidad en la zona. Esta falta de presencia constante ha generado un sentimiento de abandono por parte de las autoridades y ha alimentado la sensación de impotencia en la comunidad.
Es necesario que se redoblen los esfuerzos para enfrentar esta problemática, proteger a las comunidades afectadas y buscar soluciones a largo plazo que promuevan la paz y el respeto por los derechos humanos en la región. La Defensoría del Pueblo enfatizó en segur vigilando y colaborando con otras entidades para garantizar la protección de los derechos de la población afectada en Nóvita y en todo el país
La construcción de la paz requiere el compromiso y la colaboración de todos los actores involucrados, incluyendo a los grupos armados ilegales, quienes deben cesar sus acciones violentas y buscar vías pacíficas para resolver los conflictos.