• Laura Natali Cano Murillo

Condenados militares implicados en las desapariciones durante la toma del Palacio de Justicia

Por: Laura Cano

Periodista Pares


El pasado martes, 19 de octubre, se conoció que El Tribunal Superior de Bogotá, finalmente, en segunda instancia, tumbó la absolución y condenó a 40 años de prisión a los sargentos Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Ferney Ulmardín Causayá Peña por hechos relacionados a la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida durante el 6 y 7 de noviembre de 1985.


Además de la condena, también se les impuso una multa de 6.150 salarios mínimos legales mensuales (es decir, más de 2.667 millones de pesos) y una inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos como coautores impropios de los delitos de desaparición forzada agravada de la exguerrillera del M-19 Irma Franco Pineda y de dos trabajadores del Palacio de Justicia: Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández.


Adicionalmente, el tribunal ratificó la condena contra el coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano por su responsabilidad en las tres desapariciones de la toma del Palacio de Justicia, cuando se desempeñaba como comandante del órgano de inteligencia B2 de la Brigada XII, encargada de los sobrevivientes del hecho. Así mismo, también ratificó la sentencia contra Óscar William Vásquez Rodríguez, quien recibió la misma condena de Sánchez. Ambos deberán pagar una multa de 3.500 salarios mínimos legales (más de 1.500 millones de pesos) y tendrán una inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos.


Más puntualmente, Sánchez Rubiano fue condenado por la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández; y Vásquez Rodríguez, por el caso de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández.


Hay que recordar que, en febrero del 2013, la Fiscalía pidió al juzgado condenar a Sánchez Rubiano y a los exmilitares Óscar William Vásquez, Antonio Rubay Jiménez, Luis Fernando Nieto y Ferney Martin Causalla Peña por el delito de desaparición. Tras esto, en el año 2016, el juez 52 de conocimiento de Bogotá condenó y ordenó la captura del coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano y de Óscar William Vásquez. Ambos recibieron sentencia de 40 años de prisión, mientras que se decidió absolver a Antonio Rubay Jiménez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardín Causaya.


Respecto a estas desapariciones han existido múltiples versiones desde finales de la década de los ochenta. En noviembre de 1990, por ejemplo, en el diario El Tiempo, se señalaba: “El coronel del Ejército Edilberto Sánchez Rubiano, sancionado con solicitud de destitución por la Procuraduría, asegura que Irma Franco, miembro del comando del M-19 que asaltó el Palacio de Justicia, no está desaparecida. Para el oficial, hallado responsable de haber detenido ilegalmente a la guerrillera, esta se encuentra en algún lugar del mundo, esperando que culmine el proceso que está sufriendo Colombia en la actualidad”.


Justamente, en relación con esto, vale la pena resaltar que en la actual sentencia del Tribunal Superior se puntualiza que: “Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández salieron con vida del palacio de justicia con dirección a la casa del florero y, a la fecha, se encuentran desaparecidos”. Además de que “varios de los sobrevivientes que fueron separados en la Casa del Florero, fueron considerados ‘especiales’ o ‘sospechosos’, apartados del grupo general y sometidos a fuertes interrogatorios en el segundo piso de la referida casa, hasta que los llevaron a instalaciones militares, de la Policía o a las afueras de Bogotá, entre ellas a la Escuela de Caballería de la Brigada 13, con un sector asignado específicamente al B2, donde recibieron tratos crueles y degradantes para que entregaran información sobre el M-19 o la toma al Palacio”.


Sobre las personas desaparecidas, hay que traer a colación que Irma Franco era una joven de 28 años, estudiante de Derecho de la Universidad Libre, integrante del M-19, conocida con el alias de 'Mariana'. Ella, para el día de la toma del Palacio (6 de noviembre de 1985), ingresó al edificio haciéndose pasar por abogada, sin embargo, participó del asalto al recinto usando armas de fuego en compañía de otra mujer; fue evacuada en medio del enfrentamiento militar y conducida a la Casa del Florero, donde estuvo a disposición de los organismos de seguridad del Estado.

Carlos Augusto Rodríguez Vera se desempeñaba como administrador de la cafetería del lugar, y fue torturado y asesinado posteriormente. Mientras que Bernardo Beltrán Hernández trabajaba allí como mesero. Aún no se conoce sobre lo que terminó sucediendo con él.


Con esto, vale la pena resaltar que los militares recién condenados no serán detenidos hasta que la condena quede en firme. Sobre este caso, Pilar Palacios del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), en una entrevista concedida a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), asevera que: “Como esposa de una de las personas desaparecidas en la toma y retoma del Palacio de Justicia, creo que está condena que se dio recientemente es buena. Aunque el hecho de que se haya dado después de 36 años de buscar verdad y justicia es diciente de todo lo que hemos tenido que pasar”.


Asimismo, es importante señalar que, por todo lo que supuso la toma y retoma del Palacio de Justicia, se abrió el expediente ‘Desaparecidos del Palacio de Justicia’ en la Fiscalía General de la Nación, donde fueron investigados distintos oficiales del Ejército que controlaron el manejo de rehenes y comandaron la retoma. Entre los exmilitares implicados, además de los más arriba nombrados, también estarían el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la Brigada XIII; el excomandante del Batallón Charry Solano, general (r) Iván Ramírez Quintero; y el excomandante de la Escuela de Caballería, Luis Alfonso Plazas Vega. Asimismo, el general (r) y excomandante de la Brigada XIII del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales fue sentenciado a 35 años de prisión por haber ordenado la desaparición de civiles, no obstante, en mayo de 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó su libertad inmediata después de estudiar su caso, no sin antes ordenarle firmar una carta de compromiso para aportar a la verdad sobre los hechos de la retoma del Palacio de Justicia. Respecto a este exmilitar y a Iván Ramírez Quintero, familiares de las víctimas del Palacio de Justicia han pedido a la JEP que sean retirados de este Tribunal.


“En el caso de las personas desaparecidas en la toma y retoma del Palacio de Justicia, han habido condenas. Muchas de estas han sido absueltas sin que los militares aporten a saber qué fue lo que ocurrió. Para nosotros lo más importante es saber la verdad, saber qué pasó con nuestros familiares, y que los responsables respondan por las víctimas. Son 36 años donde se han dado algunas condenas y acciones judiciales, pero hasta el momento lo que se ha visto es que la mayoría de implicados empiezan un proceso para luego quedar en libertad, e incluso, demandar al Estado y presentarse como las víctimas”, concluyó Pilar Palacios.