Con la "octava papeleta”, el gobierno se lanzó a organizar sus bases políticas territoriales

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad

Bastante ruido generó el pasado viernes 20 de junio las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien, luego de la conciliación de la reforma laboral entre Senado y Cámara y su aprobación definitiva por el Congreso, honró su palabra y derogó la Consulta Popular que había convocado tras el hundimiento de esta misma reforma dos meses atrás.

El ruido devino en el momento en el que señaló en su cuenta de X que, tras derogar la Consulta, convocaría a la ciudadanía a un proceso nacional constituyente, reproduciendo el mismo ejercicio con el que se movilizó la séptima papeleta en 1991 y llamando a que en las elecciones legislativas de marzo de 2026, la gente depositara una papeleta indicando si está de acuerdo con convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues tanto el presidente del Senado, Efraín Cepeda, como la mayoría de los actores políticos y mediáticos del país criticaron la propuesta del presidente y la enunciaron como otra expresión más de la “deriva autoritaria” que el presidente ya había emprendido con la convocatoria a la Consulta Popular y la ruptura entre el Ejecutivo y el Legislativo en el marco del bloqueo institucional que ambos poderes han venido teniendo desde, al menos, mediados de 2023.

No obstante, la medida, que debe pasar obligatoriamente por el Congreso, parece más un acto político que busca consolidar el mito con el que el gobierno Petro quiere lanzarse a las elecciones de 2026, ante la imposibilidad jurídica de ser convocada por otras vías por fuera de lo establecido en el artículo 376 de la Constitución. Ante ese escenario, el gobierno ya ha comenzado a moverse por los principales centros electorales del país, buscando reactivar sus bases políticas, que tras las marchas del 1ro. de mayo, han perdido las calles.

—El camino (inviable) para llegar a una Constituyente

Fuente: El Universal

Tal y como lo hemos señalado en este artículo, la aprobación de la revivida reforma laboral en el Senado de la República y de su conciliación en el pleno del Congreso contuvo en cierta medida la crisis política que había emergido desde hacía 2 meses atrás, con la declaratoria de una Consulta Popular tras el hundimiento de la segunda reforma laboral, junto con los fuertes choques entre el gobierno, el Legislativo y la rama judicial. Todo esto ambientado en un escenario enrarecido por el atentado contra Miguel Uribe Turbay y la exacerbación de la polarización política en todos los niveles.

Este escenario permitió que el gobierno empezara a consolidar un discurso que ya desde 2024 iba tomando forma, pero que conforme la crisis con el Congreso y en su propio gabinete se agudizaba, se canalizó en 3 grandes puntos en las últimas semanas.

a). La idea de que la institucionalidad ha sido insuficiente para resolver las demandas sociales que llevaron a los estallidos sociales de 2019 y 2021, por lo que el problema no es operativo (en el sentido de que se ejecuten soluciones desde el Estado) sino que hay configuraciones institucionales, administrativas y cooptaciones desde el mismo Estado que impiden el desarrollo de cualquier propuesta, programa o proyecto que resuelva la desigualdad social.

b). Ante ese escenario de cooptación e insuficiencia, se ha vuelto necesario mantener la movilización permanente de la sociedad y un constante ejercicio de veeduría, control y vigilancia desde los movimientos sociales, junto con una ampliación de su participación directa en las decisiones que se toman desde el Estado.

c). Lo anterior, materializado en un nuevo pacto social que redefina las relaciones entre Estado, mercado y sociedad para redistribuir el poder y priorizar la justicia social, los derechos colectivos y la soberanía popular, por encima de los intereses privados y de las lógicas oligárquicas de las élites políticas y económicas del país, además de que cumpla en definitiva la Constitución de 1991, según lo ha dicho el propio presidente Petro.

Inicialmente, este mito político comenzó a materializarse tras las manifestaciones del 1ro. de mayo y el llamado del presidente a conformar comités para promover la Consulta Popular, en la que el gobierno sostuvo que invocar este mecanismo de participación serviría para canalizar el “poder constituyente” y permitir que la gente se expresara sobre los puntos hundidos de la Reforma Laboral.

No obstante, con la derogación del decreto de Consulta, el hundimiento de las otras dos consultas que promovió el gobierno y la salvación de la laboral, el mito se desplazó hacia una herramienta que en lo material es prácticamente imposible de llevar a cabo, pero que busca, al igual que la Consulta Popular, mantener la movilización masiva de las bases sociales y políticas del gobierno, que ya se encuentran en campaña.

Según lo expresaba Rodrigo Uprimny en su columna de Dejusticia del pasado domingo 22 de junio, la convocatoria a un proceso constituyente que no pase por el Congreso y solo requiera de firmas o votos en formato de papeletas, se salta lo establecido en la misma Constitución de 1991 frente a cuál es el proceso para que una Asamblea Nacional Constituyente reforme o derogue la constitución actual.

Según el artículo 376 de la Constitución, la convocatoria a un proceso constituyente puede ser presentada por iniciativa ciudadana mediante la recolección de firmas, pero, de una u otra manera, debe pasar por el Congreso de la República, el cual, por mayoría absoluta en ambas cámaras, debe definir los términos, condiciones, composición y duración de la Asamblea Constituyente, y aprobar su convocatoria mediante una ley.

Posteriormente, esta debe ser enviada a la Corte Constitucional, que evaluará su legalidad y, si la avala, podrá autorizar la convocatoria a un referendo, el cual debe ser aprobado por al menos una cuarta parte del censo electoral.

Si el referendo es aprobado, se procede a la convocatoria de la Asamblea y a la elección de los delegados que la conformarán, quienes, una vez construido el texto constitucional, deberán decidir si este se somete a votación como una nueva Constitución o como una reforma constitucional, a través de un nuevo referendo.

Según los tiempos establecidos por Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, se espera que para marzo de 2026 pueda depositarse una “octava papeleta” en las urnas, con el fin de convocar a una Constituyente. La iniciativa busca seguir el ejemplo de 1990, cuando un movimiento mixto de estudiantes y algunas organizaciones sociales promovió la inclusión de una “séptima papeleta” en las elecciones legislativas de marzo de ese año, lo que llevó a que la Corte Suprema de Justicia convocara un referendo para derogar la Constitución de 1886.

Sin embargo, tanto para Uprimny como para otros expertos en derecho, en este escenario es imposible reproducir el mismo camino de la “séptima papeleta”, incluso invocando potencialmente el artículo 9 y 19 de la Ley 1757 que regula los mecanismos de participación ciudadana, en tanto estos aplican solamente para consultas y referendos. Estos artículos admiten que ambos mecanismos sean convocados con el 20% de las firmas del censo electoral local o nacional.

Aun así, Montealegre y Benedetti (ministro del Interior) siguen firmes en la idea de que la Constituyente puede ser convocada, y para ello han dirigido su estrategia del marco de lo nacional al marco territorial.

—La estrategia ahora está en la territorialización del discurso

Fuente: El Tiempo

Con la concentración del pasado sábado 21 de junio en la Plaza de la Alpujarra en Medellín, Antioquia, Gustavo Petro estaría completando una gira en 3 de las principales ciudades del país, que comenzó con el discurso que dio el 1ro. de mayo en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y que ha aterrizado en Barranquilla (20 de mayo) y Cali (11 de junio).

En todas ellas, ha chocado de alguna u otra manera con las élites políticas locales y ha generado grandes concentraciones en lugares donde pretende disputarse el voto, ya fuese porque son bastiones electorales desde 2022 (como Barranquilla y Cali) o porque son zonas donde quiere entrar con fuerza, donde tiene un alto grado de desfavorabilidad y rechazo (Medellín). En Barranquilla, por ejemplo, Petro obtuvo 256.041 votos (51,90%) en primera vuelta de 2022, mientras que en Cali obtuvo 527.492 votos (53,36%) y en Medellín obtuvo 275.497 votos (24,47%).

En Barranquilla, Petro se fue contra los congresistas costeños que hundieron la reforma laboral el pasado 18 de marzo y enfiló sus baterías contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien es oriundo de esa ciudad. En Medellín, por otro lado, el presidente se despachó contra Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad y contra Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, luego de que enunciara de que no desistiría de su política de paz urbana, a pesar de la oposición del alcalde y el gobernador.

También, en común, existe un mensaje ligado a la consolidación de procesos de paz urbanos con grupos de delincuencia común juvenil (Barranquilla) y exhibió los resultados de los procesos de paz con las bandas de Medellín, subiendo a la tarima a varios excabecillas y jefes de estos grupos, quienes salieron temporalmente de la cárcel de Itagüí en su rol como voceros de paz. Entre ellos estuvieron alias Vallejo, alias Tom, alias Lindolfo, alias Douglas y alias Carlos Pesebre, todos jefes máximos de las bandas criminales más importantes de Antioquia y del Área Metropolitana de la ciudad.

Su presencia exasperó los ánimos de Gutiérrez y de Rendón, quienes calificaron la presencia de Petro y los cabecillas como una amenaza. Gutiérrez, quien había sido amenazado por Carlos Pesebre en años anteriores, afirmó que el presidente “nos pone la lápida”, argumentando que mientras él combate a los criminales, el presidente los premia. Rendón, por su parte, consideró el evento una afrenta y una humillación a las víctimas, acusando a Petro de traicionar al Ejército y la Policía, y reiteró que “en Antioquia no nos dejamos doblegar”.

También, en estas tres concentraciones, Gustavo Petro habló de la posibilidad de convocar a un proceso constituyente. En Barranquilla lo hizo como escenario posible ante la posibilidad de que las Consultas Populares se hundieran en el Congreso o en las Altas Cortes, en Cali lo hizo sosteniendo que las grandes transformaciones deben ser decididas por el pueblo y no por las élites, subrayando que la Consulta Popular era necesaria, mientras que en Medellín indicó que “el pueblo es el poder” y enfatizó que la Constituyente no debe ser vista como un salto al vacío, sino como una vía para que la ciudadanía tome las decisiones trascendentales del país, incluso señalando que “todavía es más poderosa cuando no se convoca, sino cuando se autoconvoca”.

En los tres eventos, Petro estaría legitimando la idea de la Constituyente como un proceso democrático y participativo, insistiendo en que el pueblo debe ser el protagonista de los cambios institucionales y sociales que requiere Colombia, y consolidando el mito con el que aspira a que sus bases políticas y sociales conserven el poder en 2026.