Comunidades no se sienten partícipes de actividades mineras



Los municipios que durante décadas han tenido presencia de las Farc y que serán objeto de intervención estatal, son territorios donde la mayor parte de su actividad económica es movida por rentas ilegales, donde los actores armados son quienes regulan y administran el mercado. Cuando un campesino por ejemplo tiene problemas por lo que puede costar una onza de oro, no acude a donde un juez, sino al comandante del frente que opera en la zona quien impone las condiciones para solucionar el impase.

Lo anterior le genera un reto bastante alto al Estado porque debe evitar a toda costa que con la salida de las Farc de determinado territorio tras su desmovilización, llegue otro a capturar estas economías.

A pesar de los esfuerzos que han hecho tanto la policía de carabineros como las Fuerzas Militares por combatir este fenómeno, es necesario reconocer que las estrategias son insuficientes porque la llegada de otros actores ilegales a estos territorios es casi inevitable, si el Estado no hace sentir su superioridad y capacidad para imponerse sobre cualquier grupo irregular, llámese guerrilla o banda criminal.

En lugares como el departamento del Huila y sur del Tolima el posconflicto podrá salir muy bien, pero en algunas zonas de la región del Pacífico las cosas pueden fallar. En este territorio opera el Frente 29 de las Farc, en donde existe extracción minera que se ejerce con métodos ilegales y siembra de hoja de coca. En toda esta zona ya está llegando el ELN y bandas criminales. Estas economías ilegales y criminales es necesario combatirlas con estrategias pensadas más allá de las luchas contra las guerrillas.

Todo lo anterior ha ocurrido porque no se ha querido reconocer que el problema que existe en Colombia en la economía campesina, no se limita únicamente al acceso a la tierra, sino al Ordenamiento Territorial, donde se defina los usos y los espacios que se le va a dar a la actividad minera, ganadera, agrícola, etc.