Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
El desplazamiento masivo y el confinamiento azotan al departamento de Chocó ante un gobierno nacional que no ejecuta una acción que mitigue la grave situación de derechos humanos que están viviendo los chocoanos. En la última semana, un éxodo de desplazamiento se registró en la región en la que colindan los departamentos de Chocó y Risaralda y, que afectó cerca de 38 personas quienes arribaron a la ciudad de Pereira. Asimismo, otro hecho de desplazamiento masivo afectó a 45 personas en la comunidad Indígena de Brisas de Bagadó.
A su vez, un líder indígena de la comunidad de Las Brisas de Chocó ha denunciado que la situación que ha obligado a las comunidades a buscar refugio en Pereira tiene que ver con las acciones adelantadas por el frente Manuel Hernández el Boche, del ELN.
Precisamente la Defensoría del Pueblo a través de Luis Enrique Murillo Robledo —Defensor del Pueblo de Chocó— había advertido desde mediados de septiembre de este año sobre la posibilidad de un desplazamiento masivo por parte de las comunidades chocoanas que habitan en cercanía al departamento de Risaralda. En su momento, señaló el riesgo que representa la presencia del ELN en dicha región.
Además, Carlos Negret —Defensor del Pueblo— insistió en el mes de agosto, en el marco de una audiencia en la que presentó la Resolución Defensorial No. 071 del 7 de junio de 2019, en la crisis humanitaria que no cesa en la Región del Pacífico Colombiano. De hecho, desde esa fecha le ha solicitado al Estado desarrollar acciones que velen por la garantía de derechos humanos para estas comunidades que sufren los embates de la violencia en el andén pacífico colombiano.
Para ello, la Defensoría del Pueblo ha emitido más de 20 alertas tempranas específicamente para la región del Pacífico, en el que se priorizan cerca de 28 municipios por presencia AGC, ELN y Disidencias de FARC.
El accionar del ELN
En ambas afectaciones el ELN es el presunto perpetrador, hecho que correspondería al crecimiento y consolidación de este grupo armado en el departamento Chocoano, alertado por la Fundación Paz & Reconciliación.
Cabe recordar que según las investigaciones del informe ‘realizado por Pares ‘Más Sombras que Luces’, a julio de 2019 el ELN hace presencia en 136 municipios del país entre los que se encuentra la expansión en municipios como Bahía Solano, Juradó y Carmen del Darién en el caso chocoano. Ahora bien, en el informe se establece que las acciones del ELN alcanzan la cifra de 400 y han sido perpetradas por al menos 3.000 combatientes.
De acuerdo con las investigaciones de PARES, el ELN es un actor dominante para el caso de la región del sur del Chocó. Justamente, los frentes Cacique Calarcá y Che Guevara, estructuras que hacen parte del Frente de Guerra occidental de las FARC. Con lo correspondiente al control ejercido por el frente Che Guevara, este estableció una consolidación sobre el corredor del San Juan llegando hasta la zona del Litoral.
Tal y como lo advierte este informe Pares, el control de este frente es ejercido en los siguientes municipios: Medio San Juan, el Bajo San Juan, Istmina, Sipí, El Litoral del San Juan y, a través de Nóvita, hasta San José del Palmar, que se concentra sobre todo en la zona del Alto Tamaná y el Corregimiento de La Italia.
Por su parte, el frente Cacique Calarcá opera fundamentalmente en el municipio de Tadó y en Río Iró. Precisamente, este frente genera grandes afectaciones a las comunidades indígenas y afrodescendientes ubicadas en la zona que limita entre el departamento de Chocó con Risaralda. De acuerdo con el informe de Pares “esta estructura tiene como escenario principal el municipio de Tadó en las veredas de Bochoromá, Oscordó, Playa de Oro, zonas donde se encuentran los resguardos indígenas de la etnia embera katío de Tarena, MondóMondocito y Bochoromá-Bochoromacito, y en Río Iró en la zona rural de Santa Rita.”
Panorama departamental
Frente a la fuerte presencia de este grupo armado en el departamento y atendiendo a las denuncias hechas por la población víctima de desplazamiento, se espera atención humanitaria por parte del Gobierno Nacional.
En lo corrido de 2019 en Chocó, según el Registro Único de Víctimas (RUV), se han registrado 671 casos de amenaza, 8.347 casos de confinamiento y 3.235 casos de desplazamiento forzado.
Sobre hechos victimizantes en la región, según datos del SIPARES, en el departamento del Chocó se han registrado el asesinato de 20 líderes y lideresas sociales, tras la firma del Acuerdo de Paz del pasado 24 de noviembre de 2016, siendo los liderazgos indígenas y de comunidades afro los mayores victimizados. Mapa: SIPARES
Tres antecedentes desatendidos
Municipio de San Juan e Istmina
Desde hace un mes, Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, alertó sobre un hecho de desplazamiento y confinamiento en el Municipio de Medio San Juan, producto de combates entre uniformados del Ejército e integrantes del ELN. Este suceso afectó a siete (7) comunidades de Medio San Juan y a seis (6) del municipio de Istmina, configurando un confinamiento de a alrededor de 3.816 personas de dichos municipios. A su vez, cerca de 307 personas de la comunidad de Noanamá en Medio San Juan resultaron desplazadas masivamente, entre las que se encuentran 140 niños, niñas y adolescentes.
Medio San Juan
Otro hecho de victimización protagonizado por el ELN, se presentó en el municipio de Medio San Juan el pasado 17 de agosto afectando a 616 familias de cuatro comunidades afrocolombianas y tres de comunidades indígenas. El hecho que generó el confinamiento de 2.539 personas, se dió como resultado de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN, lo que produjo miedo por los estruendos de los disparos y la detonación de explosivos, como también por amenazas e intimidaciones por parte de este grupo armado. Para este caso, la población de niños, niñas y adolescentes afectados ascendió a los cerca de 1.200.
Bahía Solano
Otra región que se ha visto afectada en el último mes es la del corregimiento de El Valle, en el municipio de Bahía Solano. Justamente, los hechos victimizantes afectaron a 325 personas de la comunidad de El Brazo por cuenta del confinamiento. Asimismo, las comunidades indígenas de la zona han alertado amenazas tras la presencia de grupos armados en esta región chocoana.