Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares.
Las comunidades del Pacífico Nariñense ya tienen lista fechas de marchas en contra de la insistencia del Gobierno Nacional por la aspersión de glifosato en Colombia. Además, la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (REDHPANA) y el Colectivo Fals Borda (OFB) denuncian presiones para que se levante “la Resolución 001 de 2020 y en consecuencia, la consulta previa deje de ser un requisito dentro del proceso administrativo por el cual se busca el reinicio de las aspersiones.”
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Ya existen marchas programadas en el Pacífico Nariñense contra el uso de glifosato. De acuerdo las comunidades estas se llevarán a cabo en las 10 cabeceras de los municipios que conforman la Costa Pacífica Nariñense y tienen como finalidad: rechazar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Éstas convocan al próximo jueves 18 de marzo.
Las comunidades que participarán en las marchas son San Andrés de Tumaco, cabecera distrital de Tumaco; San José, cabecera del municipio Roberto Payán; Bocas de Satinga, cabecera municipal de Olaya Herrera; Santa María de Barbacoas, cabecera municipal Barbacoas; Santa Bárbara, cabecera municipal; Santa Bárbara de Iscuandé; Municipio de Francisco Pizarro, cabecera municipal Salahonda. Así como las cabeceras de los municipios de El Charco, Mosquera, La Tola y Magüí Payán.
Tito Estupiñán, representante legal del Consejo Comunitario Rescate las Varas del municipio de Tumaco, señaló que los 18 Consejos Comunitarios del Pacífico Sur, las comunidades de las comunas de Tumaco y las comunidades indígenas; marcharán hasta el aeropuerto La Florida de Tumaco para rechazar “la decisión del Gobierno Nacional sobre la aspersión aerea”. Además exigen la implementación del del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Según Tito, las comunidades “Defendemos el Acuerdo de Paz y los territorios como líderes sociales. Le pedimos al Gobierno Nacional que pare inmediatamente la fumigación aerea en nuestro territorios.” De no ser así, insiste Tito, “estaríamos de acuerdo en pronunciarnos y empezar un proceso de independizarnos de esta Colombia. Construir una nueva nación como pueblo negro de este país”.
Cabe recordar que la sala de decisión penal del Tribunal Superior de Pasto ordenó la suspensión de la resolución 001 de 2020 correspondiente al tema de aspersiones aéreas y pueblos indígenas. Esta fue emitida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Interior gracias a la acción de tutela interpuesta por Red de Derechos Humanos del Pacífico bien Nariñense (REDHPANA) con el acompañamiento del Colectivo Fals Borda (OFB).
Graves denuncias
Tanto la REDHPANA y como OFB han señalan la existencia de presiones para que se levante la suspención. El meollo del asunto está en la resolución 001 de 2020. Ésta negaba que que las aspersiones áreas con glifosato afectarán comunidades étnicas en los más de 104 municipios que se pretenden asperjar.
Precisamente, la REDHPANA y OFB ha resaltado que el pasado 11 de febrero fue radicado un nuevo escrito de tutela por parte de la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado. Éste, de acuerdo con la REDHPANA y OFB, “tiene como pretensiones que este caso se decida lo más pronto posible sin importar la complejidad de los argumentos presentados y que, de inmediato se levante la suspensión de la Resolución 001 de 2020 y en consecuencia, la consulta previa deje de ser un requisito dentro del proceso administrativo por el cual se busca el reinicio de las aspersiones”.
Asimismo, han advertido que existen presiones “para que el Tribunal Superior de Pasto falle en contra de las pretensiones de las comunidades, diferentes voceros del poder Ejecutivo han emprendido formas de ataque en contra de la interpretación de la magistrada ponente (doctora Arellano) al interior del proceso judicial, desde los medios de comunicación y ahora, con una nueva estrategia de intimidación que pretende conseguir el levantamiento de la medida provisional en un proceso de tutela paralelo”.
Una tutela en favor de la participación efectiva, la vida y la dignidad humana
La acción de tutela de REDHPANA con OFB hace que se mantenga suspendida la intención del retorno del Glifosato, están constituidos por resguardos indígenas y consejos comunitarios de la subregión del Pacífico Nariñense. En este sentido, las comunidades de los municipios de San Andrés de Tumaco, Mosquera, Magüí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas. Ésta la interpusieron en contra del presidente de la República, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
De acuerdo con la REDHPANA y OFB el 12 de enero presentaron ACCIÓN DE TUTELA con solicitud de MEDIDA PROVISIONAL URGENTE Y PRIORITARIA para la protección de los derechos fundamentales a la CONSULTA PREVIA; CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO; SALUD; VIDA DIGNA; MÍNIMO VITAL; DEBIDO PROCESO y DERECHO A LA PAZ, los cuales resultarían gravemente afectados con el regreso del Programa de Erradicación de cultivos de uso ilícito mediante Aspersiones Áreas con el Herbicida Glifosato (PECIG).
La decisión
A través de la decisión de Magistrada Ponente, doctora Blanca Lidia Arellano Moreno, del pasado 14 de enero de 2021 en la que admitió la acción de tutela; se ordenó “la suspensión de la resolución 001 de 2020 emitida por la dirección de consulta previa del ministerio del interior, hasta tanto se resuelva de manera definitiva la acción constitucional”.
Para la REDHPANA y OFB la decisión de la magistrada es de gran importancia para la vida y permanencia de los pueblos que habitan estos territorios y que tienen el derecho no solo de ser consultados, sino además, por tratarse del vertimiento de sustancias toxicas en el territorio, tienen derecho a que se lleve a cabo un proceso de consentimiento, previo, libre e informado con cada uno de ellos. Precisamente por la posibilidad de consulta y consentimiento previo que abre esta decisión es que se ha convertido en el principal obstáculo del gobierno nacional dentro de la carrera desmedida que tiene por esparcir glifosato en más de 9 millones de hectáreas.
Un Gobierno Nacional que le da la espalda a las comunidades
Pares habló con Ivonne Quiñónez, lideresa social e investigadora Pares, sobre las marchas anunciadas en los próximos días.
Pares: ¿Cuál es la iniciativa de las comunidades?
Ivonne Quiñónez: Se trata de marchas pacíficas y autónomas que nuestras organizaciones étnico-territoriales, realizarán en las 10 cabeceras de los municipios que conforman la Costa Pacífica Nariñense y tienen como finalidad: rechazar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, puesto que este es un acto inhumano contra comunidades que viven del cultivo de coca, no porque les guste la ilegalidad y el desangre que se vive en la subregión, sino porque el Estado colombiano históricamente, ha estado de espaldas a sus necesidades. Se cultiva coca para sobrevivir.
Nuestras comunidades exigen al gobierno colombiano, que respete los Acuerdos de La Habana, donde se privilegió la sustitución de cultivos de uso ilícito como medio para superar el problema del narcotráfico, e ingresar a economías lícita y que aquí todos aprobaron y firmaron carta de intención.
Peor aún cuando estas erradicaciones forzadas se vienen realizando en la mayoría de los casos con glifosato, del cual la primera autoridad mundial en materia de salud como es la OMS, informó hace unos años, sobre sus posibles efectos cancerígenos, fuera de otras graves patologías y que el presidente Iván Duque, en su obsesión por el uso de este agrotóxico, ha desestimado en detrimento de nuestros derechos a la vida, la salud, la alimentación, el vivir en un ambiente sano. Razón por la cual, esperamos que la Corte Constitucional, se manifieste al respecto, en salvaguarda de nuestros derechos.
Los ecos del Sur del Cauca
Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Oficina Pares Pacífico, se refirió a los ecos de marchas y movilizaciones que han tenido ocurrencia para el mes de febrero de 2021 y que continúan teniendo incidencia en el claro rechazo de las comunidades a la aspersión aérea de glifosato.
Juan Manuel: El anuncio del Gobierno Nacional sobre la reactivación de la fumigación aérea mediante el método de aspersión de glifosato para combatir los cultivos de coca es una política abiertamente fracasada. No ha sido efectiva, por el contrario ha dejado secuelas en la salud pública por sus efectos cancerígenos y también se ha demostrado afectaciones permanentes sobre niños y niñas.
La erradicación con glifosato ha vuelto a encender las alarmas en los movimientos cocaleros. Este 19 de febrero, hay que recordar, se dio una marcha de más de cinco mil campesinos cocaleros, ‘raspachines’, quienes salieron a protestar en la Vía Panamericana. Esto se gestó desde el Sur del Cauca, principalmente desde la zona montañosa del Valle del Patía.
Las comunidades en el Sur del Cauca, al igual que las del Pacífico Nariñense, esperan que sus alternativas de manera concertada y voluntaria. Esto por cuenta del panorama que ha arrojado el fracaso del PNIS dejando claro que éste no tiene que ver con fallas en el programa sino porque el gobierno del presidente Iván Duque lo puso a agonizar.
Esto puede empezar a reactivar el movimiento cocalero, hay que recordar las marchas de 196 que fueron muy grandes y que podrían derivar en un Paro en zonas como Catatumbo, Putumayo, Pacífico Nariñense, Sur del Cauca.
Un paro de estas magnitudes tendrá un costo social en el que el Gobierno va a enfrentar a la Fuerza Pública contra la población civil. Nuevamente se registra estigmatización en contra de las comunidades de que estos movimientos son promovidos por los grupos armados, que resulta con este Gobierno un discurso muy predecible. Asimismo, es importante considerar los costos económicos que implican estos paros y sus implicaciones con las comunidades.