Por: Redacción Pares
Aunque se investigó a anteriores presidentes desde el CNE, jamás se había escalado el problema hasta el punto de elevar un pliego de cargos a un presidente de la república por violación de topes de recursos en una campaña presidencial. El CNE, encabezado por Cesar Lorduy, consiguió siete votos para comprometer a Gustavo Petro. Uno de los magistrados que hizo la ponencia, Alvaro Hernán Prada, es un uribista raizal. Es de esos pocos políticos capaces de tirarse en una hoguera para salvar a su líder. Hay que recordar que este político fue escogido para ser parte del CNE, el 18 de agosto del 2022, cuando ya ase había expedido contra él una resolución de acusación por parte de la sala especial de instrucción de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, por estar comprometido en el caso de compra de testigos en el que se encuentra implicado también el expresidente Uribe. En 600 páginas una resolución resume la acusación contra Prada como cómplice en el delito de soborno a testigo.
La acusación describe como, por orden del ex presidente Uribe, Prada instrumentalizó su cargo de congresista para presionar al testigo Juan Guillermo Monsalve, quien ha acusado a Uribe y a su hermano Santiago de haber ayudado a formar grupos paramilitares, para que cambie el testimonio contra el ex presidente. Así que, como lo señala la revista Cambio el 14 de mayo del 2024 “Prada está en llamas: mientras pide que se formulen cargos contra el presidente Gustavo Petro, el miércoles deberá responder ante la Corte Suprema de Justicia”
La noche del 8 de octubre fue otra agitada para el presidente Petro. El CNE abría de manera formal una investigación formal en su contra por una aparente violación de topes electorales en su campaña que lo llevaría a la presidencia en el año 2022. Es probable que esto no termine desembocando en una acusación penal. El fuero presidencial lo cubre y, lo peor que podría pasar, es que se le penalice con una multa o en el peor escenario devolver el dinero recibico en su campaña por reposición de votos. Según Cesar Lorduy esto ni siquiera es una investigación sino una indagatoria a la campaña, ni siquiera al presidente.
Petro ha afirmado, en alocusión presidencial de las 8 de la noche del pasado martes, que se trataría de un golpe de estado e incluso llamó a sus simpatizantes a permanecer en las calles. El CNE tiene una función en la ley y el hecho de que exista una indagación significa que hay una competencia. El CNE no tiene esta facultad y se la está atribuyendo. El presidente y cualquier aforado necesita ser indagado por alguien con la facultad para hacerlo. Desde ahí ya hay una falla contra el debido proceso. Acá ya hay una irregularidad. Por eso Petro puede discutir esta competencia así haya resultado demasiado grandilocuente hablar de un golpe de estado.
El director de la fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, explica en un trino el alcance de la determinación del CNE y la gravedad de que, dentro de este organismo, existan claros intereses políticos como los que tiene el uribista Alvaro Hernán Prada: “Es cierto que no estamos ante una investigación disciplinaria o penal del presidente, pero es claramente es un intento del CNE de abrir camino hacia allá y lo hace un organismo altamente cuestionado porque siempre ha estado atado a los intereses de los clanes políticos tradicionales y nunca ha jugado un papel imparcial de vigilar las campañas políticas desde hace muchos años infiltradas por dineros ilegales y sin ninguna consideración por los topes electorales, hay además un dato verdaderamente aberrante en esta ocasión: el líder de la imputación para buscar comprometer la campaña presidencial de Petro, Alvaro Hernán Prada, es un personaje con un pasado de investigaciones y cuestionamientos en diversas alianzas con fuerzas ilegales”.
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