Por: Luis Eduardo Celis
Los estados son construcciones de las sociedades, primero hay un esfuerzo social por construir las instituciones y luego vendrán dinámicas porque estas cumplan de manera cabal sus obligaciones: allí está el control político, la acción de los gobiernos, el esfuerzo por tener instituciones que realicen de manera cabal y profesional sus responsabilidades, es un esfuerzo permanente por contar con órdenes sociales, por supuesto democráticos, garantes y promotores de los derechos ciudadanos, en el marco de una legalidad legitima y acatada.
Colombia nunca ha tenido un Estado plenamente legítimo, y, mucho menos, una presencia estatal en el conjunto del territorio; esas son tareas pendientes hasta el día de hoy. Poco a poco hemos ido construyendo un orden de convivencia donde se respete la dignidad humana y sea posible una vida de respeto y protección de derechos, pero aún nos falta mucho.
La rebelión armada y la proliferación de mafias, se dieron y fueron posibles porque el Estado ni era legítimo plenamente, ni lograba el monopolio de la fuerza, algo elemental de un Estado moderno. Hoy por lo menos una quinta parte del territorio colombiano es gobernado por irregulares, como dice mi amigo Álvaro Jiménez: “por el que tenga la pistola más grande”, y a fe que así es.
Si queremos colocarlo en perspectiva histórica, hoy estamos mejor porque hace tres décadas era una tercera parte, en esa medida el esfuerzo de paz política incremental que hemos vivido ha dado sus frutos.
Venezuela igualmente tiene el desafío del control territorial, lo ha perdido y en su territorio, sobre todo en la frontera con Colombia, también mandan otros, tema delicado que parece ha tenido un punto de quiebre con las operaciones militares iniciadas en marzo en el Estado de Apure, que han sido antecedidas por otras en el Táchira en 2019 y 2020, contra presencia de irregulares de signo mafioso de procedencia colombiana, en tanto que las operaciones en Apure han sido contra estructuras de las FARC.
Si Colombia y Venezuela no tienen una presencia integral del Estado en el territorio, lo cual pasa porque las comunidades de manera organizada, con protagonismo y autonomía puedan llevar sus vidas libres de violencias y coerciones; lo cual hoy no ocurre en un territorio binacional -un tercer país que no se entiende desde Bogotá ni Caracas- donde hoy mandan más mafias, guerrillas e irregulares de muchos pelambres.
El desafío de control territorial debe ser prioridad, y siendo una enorme tarea no ha sido hecha ni lograda hasta el presente, por lo que se debe volver a pensar cómo hacerla y hacerla bien.
Luego de los acontecimientos en Apure, que siguen y deben continuar, más allá de una gran operación militar y convertirse en una acción eficiente del Estado venezolano por tener una presencia legítima e integral, con todo lo que implica esta dimensión de un Estado con muchas caras y no solo botas y fúsiles, siendo estos importantes por supuesto, porque se trata de lidiar con gente armada. Se han hecho afirmaciones de todo tenor: desde conspiraciones orquestadas y promovidas por Washington, hasta supuestas complicidades de irregulares colombianos con los altos mandos del Ejército Venezolano, ambas afirmaciones son algo delirantes, lo cual no significa que muchas cosas se mueven y se están moviendo en una crisis binacional que puede agravarse, lo cual hay que evitar a toda costa.
Ni Colombia ni Venezuela tienen las capacidades para lograr un control territorial en el corto plazo, deben apoyarse en terceros que contribuyan con sus capacidades e idoneidad a atender los temas humanitarios y a coordinar con los dos gobiernos los delicados temas que hoy se viven en buena parte de la frontera. La institución llamada a trabajar con los dos gobiernos son las Naciones Unidas, ellos tienen mandato y experiencia y una capacidad de convocatoria para asumir este enorme desafío, por supuesto en plena coordinación y beneplácito de Bogotá y Caracas, para actuar y desplegar una acción que cada día es más urgente ante una situación tremendamente delicada y que hoy sufren, por los menos, ocho millones de personas de lado y lado de la frontera.
Los gobiernos de los presidentes Iván Duque y Nicolás Maduro, deben sopesar sus palabras y sus acciones, pues es mejor no jugar con fuego. Por ahora ante la propuesta de acción de la ONU, se ha sido más receptivo en Miraflores, esperemos señales y acciones positivas desde la Casa de Nariño.