Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Recientemente, desde Transparencia Internacional, se presentó un informe en el que se evidenció cuál fue el índice de Percepción de Corrupción (IPC) durante el año 2020 en 180 países. Uno de los puntos que se estableció fue que en la mayoría de los países analizados no se registró ningún avance en la lucha contra la corrupción, lo que se terminó demostrando en que más de dos tercios puntúan por debajo de los 50 puntos, señalando que la calificación es de 0 a 100, siendo este último puntaje el que indica que hay ausencia de corrupción.
Hay que resaltar que este escenario a diferencia de años anteriores estuvo marcado por los efectos que trajo el virus Covid-19, que como deja ver el documento “2020 ha resultado ser uno de los peores años de la historia reciente debido al estallido de la pandemia de la covid-19 y sus devastadoras consecuencias. Su impacto en la salud y la economía de las personas y comunidades ha sido catastrófico en todo el mundo”.
La corrupción fue una de las causas, como lo plantea el informe, de que la respuesta al virus fuera poco justa e inequitativa, causando un número incalculable de víctimas mortales, y a su vez la agudización de problemáticas sociales, que terminaron afectando más críticamente a los sectores más vulnerables.
Esto sin dejar de nombrar que una de las problemáticas que se identificó más constantemente fue la corrupción con los recursos destinados para la atención de esta emergencia, donde se identificaron hechos de soborno hasta la malversación de fondos, pasando por la inflación de precios y el favoritismo.
“En medio de una crisis es difícil imponer la transparencia presupuestaria, especialmente en el caso de emergencias —como la de la covid-19— que requieren una reacción rápida y eficiente. (…) La corrupción continúa socavando la democracia incluso en plena pandemia. Los países con altos niveles de corrupción suelen ser los principales culpables de acciones contra la democracia y el estado de derecho en la gestión de la crisis de la covid-19”, se agrega.
Con esto vale la pena señalar que en Latinoamérica el panorama no es el más alentador, teniendo un puntaje promedio de corrupción de 43 puntos en los 32 países evaluados, siendo Canadá y Uruguay los países con menores índices de corrupción, con 77 y 71 puntos, respectivamente. Mientras que dentro de los países más corruptos están Nicaragua, Haití y Venezuela, con 22, 18 y 15 puntos respectivamente.
“En una región ya caracterizada por unas instituciones de gobierno débiles, la covid-19 ha puesto de relieve unas profundas desigualdades sociales y económicas, que afectan de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población, como las mujeres, las niñas, las personas mayores, las poblaciones indígenas, los inmigrantes y la población afroamericana. Al igual que en otras partes del mundo, los gobiernos americanos tomaron medidas extraordinarias ante la covid-19, con estados de alarma que restringían los derechos civiles. Las restricciones coartaron la libertad de expresión y de reunión, debilitaron los controles y contrapesos institucionales y redujeron el espacio de la sociedad civil”, se analiza.
¿Cómo le fue a Colombia?
Hay que iniciar señalando que todo lo advertido anteriormente se aplica en su totalidad al caso colombiano. Por un lado, la puntuación del país en el IPC fue de 39 puntos sobre 100, y ocupa la posición 92 entre 180 países evaluados. Adicionalmente, se asevera que desde el 2012 y 2020 se ha estado entre los 36 y los 39 puntos, y aunque durante el año pasado hubo un ligero aumento -2 puntos-, éste realmente no representa un avance significativo.
Vale la pena traer a colación que desde Transparencia Internacional se indica que “en Colombia, la atención a la pandemia demostró una vez más los graves riesgos de corrupción que sigue enfrentando el país en materia de contratación pública y, junto a otros factores, contribuyó a generar un escenario de alta concentración del poder en el Ejecutivo”. Con esto hay recordar que el pasado 06 de mayo de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 637 mediante el cual se declaraba el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.
Esto significa que el Presidente de la República podía expedir normas mediante un decreto legislativo, sin necesidad de ser tramitadas por el Congreso de la República, éstas solo podían estar relacionadas con la emergencia. Si bien, esta medida estaba en el marco constitucional y de la crisis, sí alertó, pues el poder se centró en el Ejecutivo, y lo que hoy se puede demostrar es que no fue lo suficientemente eficiente.
A todo esto, se sumó que hubo una serie de irregularidades en el manejo de los recursos dispuestos para la atención de la pandemia y los sectores más afectados. Esto fue analizado por la Fundación Paz y Reconciliación y la línea de Democracia y Gobernabilidad en el informe El cuestionado manejo de recursos públicos en medio de la pandemia, por medio del que se advirtió que a septiembre de 2020 se encontraron 313 casos de contratos en los que habría irregularidades, estos se celebraron en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su Distrito Capital.
En relación con esto se alertó que, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, entidad por la cual se planeó la entrega de más de un millón ochocientos mil mercados, se habían otorgado cuestionados contratos con empresas que por años han estado relacionadas con hechos irregulares.
Adicionalmente, en abril la Contraloría General de la Nación prendió las alertas por situaciones de sobrecostos en contratos para atender la emergencia que habían sido celebrados por los organismos territoriales de Acacías y Puerto Gaitán (Meta), Sincelejo y Coveñas (Sucre), Chía, Guaduas y Tabio (Cundinamarca), y Guaitarilla (Nariño).
Desde Pares, en el mes de mayo, se advirtió que otros entes territoriales estaban incurriendo en faltas graves en el manejo de recursos frente a esta problemática. Por ejemplo, se avisó sobre presuntos sobrecostos en los kits de salud y de alimentos que se debían entregar a las familias más vulnerables.
También se encontraron dobles contabilidades, es decir, se contrataban kits de salud o alimentos que incluyen productos que están, además, contratados en otros procesos. Se halló, en dicho momento, que se estaban firmando contratos con algunas ONG y entidades privadas cuya actividad comercial no tenía ninguna relación con el servicio contratado.
En total, se hallaron nueve (9) contratos en esta categoría. Por otro lado, otra de las alertas fue que en al menos 16 contratos la declaración de emergencia fue utilizada por muchos entes territoriales para contratar posibles dobles nóminas y/o contratar terceros “amigos”, es decir, contratos posiblemente mediados por influencias en las administraciones municipales y departamentales. No siendo poco, también se encontraron contratos que a pesar de estar justificados en la pandemia no tenían ninguna relación con esta.
En ese mismo mes, en el que más se movió el tema de las ayudas, la Procuraduría informó que se adelantaban 512 procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en 26 gobernaciones y 272 alcaldías, todas relacionadas con el manejo de recursos en la pandemia. A esto se sumó que eran casi diarias las noticias de gobernantes locales que habían sido sancionado por alguno de estos hechos.
Por otra parte, hay que recordar que en octubre la Fiscalía General de la Nación reveló que investigaba a 24 alcaldes del país implicados en diferentes hechos de corrupción; dos de estos estaban bajo detención domiciliaria, cinco con medidas no privativas de la libertad y otros quince se encontraban todavía definiendo su situación. A esto se agregaba que la mayor cantidad de investigaciones estaban relacionadas con irregularidades detectadas en medio de la emergencia sanitaria. Por su parte, finalizando año la Procuraduría adelantaba investigaciones disciplinarias contra 16 de los 32 alcaldes y alcaldesas electas para el periodo 2020 – 2023.
A pesar de lo preocupante de esto, iniciando este año desde Pares se dio a conocer que el Gobierno Nacional habría creado un sólido mecanismo para evadir la contratación pública, la transparencia y el acceso a la información de los recursos para el manejo de la pandemia; lo que habría afectado todo lo anteriormente nombrado.
“Se observa que la estrategia del Gobierno se fundamentó en el abuso del “estado de emergencia” para la emisión de decretos con fuerza de ley para, entre muchas otras irregularidades, la creación de dos fondos con duplicidad de funciones, sometidos al derecho privado artificialmente; la modificación de manuales de contratación de entidades públicas; así como acuerdos de confidencialidad entre entidades para eliminar el control ciudadano y la transparencia en la compra de mercados, ventiladores y actualmente la vacuna”.
Todo esto sigue demostrando porqué durante ya casi diez años el país no avanza en temas de erradicación de la corrupción, pues pareciese que en Colombia todo es un “caldo de cultivo” para favorecer a quienes se quieren enriquecer con recursos públicos.
Así, desde Transparencia Internacional ante este panorama se concluye que:
“Para atacar la corrupción y continuar dando respuesta a la crisis global, Transparencia Internacional recomienda fortalecer los órganos de control con suficientes recursos e independencia; asegurar una contratación pública abierta y transparente, libre de conflictos de interés y bajo precios justos; defender la democracia y facilitar el control ciudadano; y garantizar el acceso a información pública. Además, Colombia debe abordar de manera más decidida reformas de fondo como país, incluyendo una reforma política que fortalezca la transparencia en la financiación de partidos y campañas políticas; mayor eficacia y transparencia en el poder judicial; fortalecimiento de canales internos de denuncia y protección a denunciantes; y la garantía de la protección a la vida, el acceso a la información pública, la libertad de expresión y el acceso a la justicia”.