Por: Katerin Erazo, Periodista
Durante las últimas semanas, en el país se han registrado cuatro casos de activación de minas antipersonal, dejando múltiples víctimas civiles y militares.
Dos casos de estos casos ocurrieron el 28 de enero. Primero, un soldado identificado como Edison Montes Riaño murió al caer en un campo mientras llevaba operaciones con el Batallón Terrestre No. 24 en el municipio de Zaragoza, Antioquia. Ese mismo día, en Tumaco, Nariño, el líder indígena Awá, Berna Nastacuaz Pai, también murió tras activar una mina antipersonal cuando iba de camino a su casa en compañía de su esposa y su cuñado.
Un par de semanas antes se registraron otras dos víctimas de activación de minas antipersonal. La primera con fecha del 15 de enero, una mujer Awá, quien activó una mina a pocos metros de la orilla del Río Mira, causándole esto un delicado estado de salud. El segundo caso ocurrió el 23 de enero. Luis Medardo Páez Guanga, un hombre de 82 años, quedó herido luego de haber activado una mina antipersonal mientras se encontraba transitando por el camino que conduce a su casa en la Comunidad La Hondita, del Resguardo Indígena Awá Piedra Sellada.
Según Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), estas minas antipersonas son elaboradas por integrantes de grupos guerrilleros con el fin de impedir la avanzada del Ejército en ciertos territorios de interés, como aquellos en donde hay cultivos de coca o en los que se desarrollan diversas economías ilegales.
Este tipo de armas violan derechos fundamentales de la población como a la vida, la libertad, la libre circulación o la seguridad, afectando su desarrollo social, económico y cultural.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la prohibición de causar sufrimiento superfluo o innecesario, el principio de proporcionalidad, así como la utilización de métodos de guerra que no discriminen entre civiles y militares, son los principales principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) violados por las minas antipersonas.
Adicionalmente, el CICR señala que la agricultura, el transporte y los servicios médicos también son afectados por estos artefactos, ya que la agricultura no puede realizarse en un campo minado, la población civil no puede desplazarse sin correr altos riesgos y los servicios médicos se vuelven insuficientes, pues muchas veces no se puede brindar ayuda al alto número de personas que son víctimas por la activación de estos artefactos.
Además de esto, la detonación de artefactos explosivos como las llamadas minas antipersonal (MAP) y las municiones sin explotar (MUSE), generan fuertes impactos en el estado de salud de los ecosistemas. Alejandra Cifuentes, ingeniera ambiental, le dijo a Pares que las MAP y los MUSE afectan gravemente los suelos, ya que generan contaminación química y disminución de la disponibilidad de nutrientes y de la actividad microbiana, afectando también la disponibilidad de agua subterránea, pues luego de la detonación, se produce erosión y compactación del suelo, disminuyendo su capacidad para almacenar el recurso hídrico en las fuentes de agua subterránea.
Según el medio de comunicación Caracol Radio, algunos grupos armados han comenzado a colocar minas en los árboles, utilizando las ramas para cubrir estos artefactos. El objetivo es que las minas exploten a la altura del rostro y en el tronco de la víctima. El teniente coronel Gerson Yohann Rincon, jefe del Centro Nacional contra Artefactos Explosivos e Improvisados y Minas (CENAM), dijo en una entrevista con este medio de comunicación que esta nueva práctica no es habitual, sin embargo, se está extendiendo en el país.
Estos artefactos, según el coronel, son instalados con un hilo de cirugía y ubicados, ya sea a una altura baja para que el zapato de la víctima lo active, o a una altura alta para que se enrede en el equipo del soldado y de esta manera explote en la parte superior de su cuerpo.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz asegura que entre 1990 y 2022 se registró un total de 12.170 víctimas de minas antipersonal. Específicamente en 2022 hubo un total de 123 víctimas de estos artefactos. Cabe añadir que esta problemática ha dejado heridas al 81% de las víctimas y el 19% de ellas han fallecido.
Según indica la Oficina, Colombia es uno de los países del mundo en el que la fuerza pública se ha visto más afectada por los campos minados, pues el 59% de las víctimas de minas antipersonal son integrantes de la fuerza pública y el 41% restante corresponde a la población civil.
Desde que se tiene registro de la activación de MAP y MUSE, en 493 municipios de los 32 departamentos del país se han registrado casos. Desde 1990 hasta 2022, los cinco municipios que han tenido un mayor número de víctimas, son: Tumaco (Nariño) con 376 víctimas, Vistahermosa (Meta) con 372 víctimas, Tame (Arauca) con 350 víctimas, Tarazá (Antioquia) con 275 y San Vicente del Caguán (Caquetá) con 272 víctimas.
Mientras que a nivel departamental, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, los cinco departamentos con mayor número de víctimas son: Antioquia (2.645), Meta (1.152), Nariño (1.081), Norte de Santander (969) y Caquetá (946).
Estas cifras demuestran que esta problemática sigue siendo vigente y que es una práctica que atenta no solo a la vida del ser humano, sino también a los ecosistemas. Hasta el año 2016, Colombia era el segundo país en el mundo con mayor número de víctimas de minas antipersonal. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el país actualmente ocupa el sexto lugar en el mundo.
Frente a esto, el investigador Francisco Daza mencionó que el Gobierno Nacional cuenta con diversas campañas para el desminado humanitario en ciertas zonas del país. Sin embargo, señaló que una manera “rápida” de acelerar el proceso es que en el marco de la política de Paz Total los grupos armados se vinculen a las campañas de desminado con el fin de que aporten información de dónde se encuentran estas minas.