Por: Redacción Pares
Decenas de masacres, más de cien asesinatos a líderes sociales y defensores de los derechos humanos, abuso de la fuerza en las protestas, crímenes cometidos por militares y policías, altos niveles de violencia sexual y de género, falta de presencia del Estado en las zonas rurales, así como un incremento en los homicidios a los indígenas, aparecen detallados en el informe anual de la Oficina de Michelle Bachelet en Colombia.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó este miércoles su informe anual sobre el estatus de estas garantías fundamentales en el país en el que documentó continuas violaciones entre las que se encuentran masacres récord en los últimos cinco años y decenas de asesinatos a líderes sociales.
La tasa nacional de homicidios en 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes, lo que indica la existencia de un nivel de violencia endémica. La Oficina registró 36 masacres que implicaron de la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada desde el 2014.
La Oficina liderada a nivel mundial por Michelle Bachelet, dijo que considera de particular preocupación las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, a los pueblos indígenas y el incremento en los casos de privaciones arbitrarias de la vida, así como violaciones cometidas contra niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado.
No hay suficiente protección del Estado
La Oficina de la Alta Comisionada ha reiterado la necesidad de atender las causas estructurales que generan violencia, especialmente en zonas rurales, y que están relacionadas con la falta de acceso a los derechos humanos”, afirma el informe, que también resalta que los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado, particularmente de autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la policía, fueron insuficientes, en particular en las zonas rurales.
“Las cinco ‘Zonas Estratégicas de Intervención Integral’ establecidas por el Gobierno a través del Decreto 2278 de 2019 fueron creadas para atender este vacío. Sin embargo, la Oficina observó que la presencia estatal en estas zonas continúa siendo predominantemente militar y el avance para establecer una mayor presencia de autoridades civiles ha sido lento”.
Además, respecto a las protestas sociales ocurridas el año pasado, la mayoría pacíficas para manifestar a determinadas políticas del Gobierno, la Oficina notó con preocupación que, en algunos casos, la policía respondió de manera desproporcionada a incidentes aislados de violencia.
Asesinatos a indígenas
La Oficina manifestó asimismo su profunda preocupación por el alto número de asesinatos de indígenas en el Cauca.
“En 2019, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró un incremento de casi el 52% en los homicidios de indígenas en Cauca comparado con 2018. Entre enero y noviembre de 2019, el ACNUDH registró el asesinato de 66 miembros del pueblo indígena Nasa en el norte del Cauca, incluyendo 13 autoridades indígenas y otros líderes Nasa”.
El informe dice que es urgente que se adopten medidas efectivas de prevención y protección, las cuales deben ser culturalmente apropiadas para estas comunidades y adoptadas en consulta con las autoridades indígenas.
Violencia sexual, la tasa más alta en los últimos 10 años
Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2018 la tasa de violencia sexual fue de 52,3 víctimas por cada cien mil habitantes, 4,02 puntos más alta con respecto a la de 2017. Esta tasa fue la más alta en los últimos 10 años.
Del número total de víctimas, 85,6% fueron mujeres y 14,4% fueron hombres. El promedio de edad de las víctimas fue de 12 años. La Oficina documentó 13 casos con 15 mujeres víctimas incluyendo 13 niñas, ocurridos en Antioquia, Arauca, Caquetá, Guaviare, Meta y Nariño. En 10 de estos casos, los presuntos perpetradores fueron miembros del ELN, grupos criminales y otros grupos violentos, mientras que en tres casos miembros del ejército estuvieron presuntamente involucrados.
“El ACNUDH tiene conocimiento de que la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones en relación con estos últimos tres casos. La respuesta de las autoridades a la violencia sexual y basada en el género continuó siendo insuficiente”.
La Oficina observó que algunas autoridades en Antioquia, Arauca, Guaviare y Nariño desconocían el protocolo de la Fiscalía General de la Nación para responder a los casos de violencia sexual. En Arauca, la Fiscalía General de la Nación denegó el acceso a la justicia a una mujer con discapacidad, víctima de violencia sexual, específicamente por no proporcionarle un intérprete que pudiera haberle permitido dar su testimonio. En Guaviare, la policía no activó el mecanismo de búsqueda urgente de una niña indígena desaparecida quien había sido víctima de violencia sexual.
En ese sentido, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia exhorta al Estado a seguir avanzando en la implementación de todos los puntos del Acuerdo de Paz, de forma sostenida e integral, especialmente con respecto a las disposiciones relativas al enfoque étnico y de género y a la participación de las víctimas, con el fin de garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
En 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia realizó 1151 misiones al terreno, 376 actividades de capacitación y fortalecimiento a instituciones del Estado y a la sociedad civil y realizó seguimiento de 250 casos de presuntas violaciones de derechos humanos.