Por: Laura Cano, Periodista Pares.
Los perfilamientos hechos a periodistas, líderes, lideresas, defensores de Derechos Humanos y políticos han generado rechazo y también exigencias para que se responda sobre quiénes son los responsables y las intenciones detrás de las interceptaciones ilegales. Sin embargo, hasta el momento solo han salido tres genérales del Ejército, mientras siguen rondando los cuestionamientos – sin respuesta- sobre la institución y los seguimientos informáticos.
No obstante, aunque en Colombia la investigación pareciera dar pocas luces, se ha dado un paso importante en el Congreso de Estados Unidos, donde Jim McGovern promovió una adenda (medida para modificar, ampliar, o definir los términos de las obligaciones contraídas) que podría llevar a que el Gobierno estadounidense indague sobre las interceptaciones ilegales realizadas entre 2002 y 2020.
Esto permitiría ahondar en acciones como las llamadas “Carpetas Secretas”, la Operación Andrómeda, pero también en los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez, tiempo en el que se utilizó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para realizar interceptaciones telefónicas, seguimientos ilegales, que luego irían a parar en intimidaciones y persecución contra periodistas, sociedad civil, funcionarios públicos y sus familias, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, y en general, a quien representara oposición a los intereses del gobierno de ese momento.
“Durante el gobierno de Uribe él contaba con las mayorías en el Congreso y con una casi ausencia de contrapeso. Adicionando, que la seguridad democrática, que era la política central del Gobierno, dependía principalmente de la cooperación del Plan Colombia. También hay que señalar que el único contrapeso para la violación de Derechos Humanos por parte de agentes del Estado como las masacres y las ejecuciones extrajudiciales era con el condicionamiento de recursos del Plan Colombia”.
La iniciativa de McGovern fue aprobada el pasado martes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos a través del voice vote, un método que se utiliza solo cuando los proyectos de ley tienen un contundente apoyo. El resultado: 295 votos a favor y 125 en contra.
¿Qué dice la propuesta?
Aunque a la adenda le hace falta pasar todavía por el Senado del país norteamericano, ya pasó con un decisivo apoyo por la Cámara, donde se postuló que, para seguir brindado el apoyo económico, que anualmente se da a Colombia habrá nuevas condiciones, entre esas que se investiguen los escándalos en Fuerzas Armadas.
En este orden, la enmienda solicita que se entregue un exhaustivo reporte que debe ser entregado 120 días después de que el proyecto se vuelva ley y en el que EE. UU. en el que se dé cuenta que del uso que se les ha dado a los equipos de inteligencia donados o vendidos a Colombia, resaltando que estos no pueden ser usados con el propósito de espiar a la población civil.
Además, de contar con el visto bueno del Senado, también se deberá investigar sobre las denuncias de posibles usos ilegales para inteligencia que se les ha dado a los equipos en Colombia en los últimos 18 años.
“El Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario de Defensa y el Director de Inteligencia Nacional, presentará a los comités competentes del Congreso un informe que evalúe las acusaciones de que la asistencia del sector de seguridad de los EE. UU. proporcionada al Gobierno de Colombia fue utilizada con fines de vigilancia ilegal o recolección de inteligencia dirigida a la población civil, incluidos defensores de los derechos humanos, personal judicial, periodistas y la oposición”, indica el documento.
Agregándose a esto, el proyecto incluye otras claridades como que se brinde un resumen detallado respecto a cualquier participación de las unidades militares, policiales, de seguridad o de inteligencia en la vigilancia ilegal o la recolección de inteligencia dirigida a sectores de la población civil y no combatientes. Así como que también se informe sobre cualquier hallazgo con vigilancia ilegal reportada en 2019 y 2020 y una descripción de las medidas tomadas para garantizar que dicho mal uso no se repita.
Vale la pena señalar que las ayudas que entregará Estados Unidos a Colombia incluyen unos 457 millones de dólares que serían entregados en 2021. De este monto 146 millones son para el desarrollo económico, 189 millones van para la lucha contra el narcotráfico, 38 millones para las fuerzas armadas, 21 millones para desminado y lucha antiterrorista, y 1,4 millones para educación militar. Imagen:Pares.
“En Colombia hasta el momento solo hay una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría y se esperaría que por la gravedad hubiera una investigación penal que hasta el momento no llega. Sin embargo, este hecho sirve de contrapeso al Gobierno Nacional por un escándalo en el que no solo están involucrado los recursos norteamericanos, sino también una persecución política a la oposición en el país, incluyendo a la Fundación Paz y Reconciliación. Esto es el resultado de una presión con un lobby internacional por parte de varios sectores del país”, indica Daniela Gómez Rivas, coordinadora de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares.
Otras medidas que se tomarían
Vale la pena señalar que las ayudas que entregará Estados Unidos a Colombia incluyen unos 457 millones de dólares que serían entregados en 2021. De este monto 146 millones son para el desarrollo económico, 189 millones van para la lucha contra el narcotráfico, 38 millones para las fuerzas armadas, 21 millones para desminado y lucha antiterrorista, y 1,4 millones para educación militar.
Sin embargo, para que estos recursos sean entregados también se hizo otra propuesta promovida por Alexandría Ocasio-Corte, quien puso sobre la mesa que se prohíba usar fondos del departamento de Defensa para la fumigación aérea a menos, esto a menos que el «Gobierno demuestre que se está adhiriendo a las leyes y regulaciones nacionales y locales», las cuales estableció la Corte Constitucional, y también a que se respete lo pactado en el Acuerdo de Paz respecto a la tratamiento de cultivos de uso ilícito.
“Esto es muy importante para nuestro país, porque las comunidades ya lo venían exigiendo, pues dentro de la acción hay consecuencias como la contaminación de las fuentes hídricas, y también que se están viendo afectados otros cultivos, pues la erradicación aérea no permite una focalización del objetivo y cuando se esparce pareciera no importar las otras consecuencias”, agregó Gómez Rivas.
Adicionalmente, con el proyecto también se instó a que se evalúen las medidas que ha tomado el gobierno de Iván Duque para proteger a las comunidades afro e indígenas y respetando sus derechos territoriales. Así como que el dinero que se brinde sea de apoyo para programas dirigidos a víctimas de desplazamiento, y para las y los campesinos ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado y donde una de las economías principales es la derivada de los cultivos de uso ilícito.
Igualmente, de aprobarse la enmienda, también se solicitaría que se compruebe que la Jurisdicción Especial para la Paz está tomando medidas respecto a las violaciones de Derechos Humanos y que en efecto hay proyectos de protección y mitigación de persecución a líderes, lideresas y población afrocolombiana e indígena.
Además, se agrega que los recursos que sean entregados sean utilizados «incluyendo garantizar que las necesidades básicas de las comunidades sean atendidas, tales como titulación de tierras, seguridad alimentaria y el establecimiento de una presencia estatal duradera y eficaz en zonas de cultivos de coca».
Adicionalmente, con el proyecto también se instó a que se evalúen las medidas que ha tomado el gobierno de Iván Duque para proteger a las comunidades afro e indígenas y respetando sus derechos territoriales. Foto: Cortesía ONIC.
Como también que se analice si se «continúa implementando una estrategia nacional integral antinarcóticos enfocada en la reducción del 50 % de los niveles de la producción de cocaína y áreas cultivadas para el 2023».
“Con esto nuevamente se ratifica que Estados Unidos es una democracia mucho más consolidada que la colombiana y que no depende únicamente de las políticas del gobierno de Donald Trump, sino que tiene un partido demócrata muy fuerte que está vigilante de lo que está pasando en Colombia, que es uno de los principales aliados del país norteamericano”, concluyó Daniela Gómez Rivas.
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