Coca y oro: los combustibles del conflicto armado en el Bajo Cauca Antioqueño

Por: Línea de Investigación de Paz, Postconflicto y Derechos Humanos



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El Bajo Cauca Antioqueño es un corredor estratégico del noroccidente del país compuesto geográficamente por el río Cauca, la Troncal del Norte o Ruta 25 y el Nudo de Paramillo. En esta subregión persiste una dinámica de reconfiguración violenta del territorio, a partir del despliegue de grupos armados y disputas territoriales por el control de las rentas de las economías ilegales derivadas del oro y la coca.


Actualmente, el Clan del Golfo se ha consolidado como el actor armado ilegal con mayor presencia y control territorial en los 6 municipios de la subregión (Caucasia, Nechí, Cáceres, Zaragoza, El Bagre y Taraza); por su parte el ELN mantiene una fuerte incidencia en El Bagre (Puerto López y Puerto Claver), Sur de Cáceres (San Pablo, El Cañón de la Dorada para conectar con Anorí) y Tarazá (Barro Blanco y la Dorada, límites con Cáceres). Por otro lado, los Gupos Armados Post-FARC (GAPF) o disidencias Frente 18 y 36, hacen una presencia menos concentrada, buscando recuperar el corredor del Nudo de Paramillo y Nordeste antioqueño. Por último están "Los Caparros”, que si bien fueron desarticulados en el 2021 por acciones de la Fuerza Pública y el Clan del Golfo, aún mantienen un pequeño foco de presencia entre el Bagre y Caucasia, específicamente en el corregimiento Liberia - El Charcón, un territorio estratégico que les permite el traspaso al Nordeste antioqueño, en donde se han resguardado.


Sobre el control las economías ilegales se han configurado dos corredores que concentran la dinámica del conflicto. El primero se sitúa en la parte alta o zona montañosa del Bajo Cauca, que conecta con el Nudo de Paramillo y Nordeste antioqueño, involucra los municipios de Tarazá, Cáceres y El Bagre. Los principales intereses que tienen los actores armados en esta zona radican en el control de los cultivos de coca y las rutas de conexión con el sur de Córdoba, Urabá y norte de Antioquia.


Si bien, durante 2018 y 2019 hubo una disminución en la siembra de los cultivos de coca en toda la subregión (se pasó de 7.547 a 4.688 hectáreas cultivadas). para el año 2020 se registró un incremento en las hectáreas cultivadas, tal y como lo reporta el Observatorio de Drogas en Colombia (Ver Gráfico No. 1).


Gráfico No. 1. Hectáreas de hoja de coca cultivada en el Bajo Cauca Antioqueño (2018-2020)

Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia

Desde este último reporte hasta la actualidad, fuentes del territorio afirman que la siembra de los cultivos de coca va en aumento en municipios como Tarazá, donde el Clan del Golfo está presionando al campesinado para que vuelva a sembrar la hoja de coca y se adentren más hacia el Nudo de Paramillo, de manera que puedan seguir ampliando sus fronteras de dominio territorial.

Gráfico No. 2. Hectáreas de hoja de coca cultivadas por municipio en el Bajo Cauca (2018 - 2020)

Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia

“Los campesinos están recibiendo presiones del Clan del Golfo donde estos les dicen: o vuelve y siembra, o se sienta aquí a aguantar hambre, o tiene que irse para nosotros buscar a otro que venga y la trabaje. Si usted lo que necesita es plata para sembrar, nosotros le préstamos.” (Anónimo, Líder del Bajo Cauca, 2022).


A estas amenazas se suman los incumplimientos del Gobierno Nacional en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), por lo que los campesinos se están viendo obligados a acudir nuevamente a la siembra de la hoja de coca como medio de subsistencia y forma de permanecer en el territorio, ya que de no hacerlo se verían obligados a desplazarse fuera de la región en busca de un sustento económico.


“En Tarazá estamos viviendo el desplazamiento masivo de las familias del territorio por falta de oportunidades no solamente laborales sino de las garantías para permanecer y construir territorios. Alrededor de unas 1.500 familias que hacen parte del Programa de Sustitución están trabajando por fuera del departamento en otras zonas cocaleras para poder sobrevivir, porque en el territorio no hay forma de sostenerse; los campesinos no tienen tierras para cultivar, y los que tienen son improductivas porque están esterilizadas de tanto ser fumigadas.” (Anónimo, Líder del Bajo Cauca, 2022).


Por otro lado, en Cáceres se han establecido límites territoriales entre los grupos armados. El corregimiento de San Pablo, principal zona cocalera de este municipio que conecta además con Anorí, está bajo el control territorial del ELN. Asimismo, el Clan del Golfo domina el corredor de la troncal de occidente y la ribera del río Cauca, donde también están los resguardos indígenas Zenú y Emberá Chamí. Sin embargo, según fuentes del territorio, el Clan del Golfo adelanta una estrategia de expansión hacia las zonas de influencia del ELN en toda la subregión del Bajo Cauca con presunta ‘complicidad’ de la Fuerza Pública, al respecto afirman:


“Lo complejo es que el Clan del Golfo va avanzando, pero el ejército viene 2 o 3 kilómetros adelante, entonces vemos cómo se configura la violencia a partir de esa complicidad del Gobierno o de la fuerza pública con el grupo ilegal del Clan del Golfo. Uno ve al Clan del Golfo acá y solamente 2 o 3 kilómetros adelante está el ejército, ellos se mueven otros 2 o 3 kilómetros adelante y ahí mismo se mueve el Clan del Golfo, esta situación pone en un escenario de riesgo a las comunidades, porque están en medio del grupo armado legal y el grupo armado ilegal que va atrás. Lo que se evidencia entonces es una complicidad entre las fuerzas militares y el Clan del Golfo, porque al final cualquier información que la comunidad le suministre al ejército va a representar un señalamiento por parte del grupo ilegal” (Anónimo, habitante del Bajo Cauca, 2022).

Frente a este escenario el ELN viene ejerciendo modalidades de violencia que están generando graves afectaciones a la población civil:


“El ELN ha dicho que no les va a permitir al Clan del Golfo que vengan a metérseles en el territorio. En estos momentos hay una alta restricción a la movilidad y control social sobre la comunidad. Hay comunidades que están siendo confinadas y nos están minando el territorio” (Anónimo, habitante de Bajo Cauca, 2022).


Sumado a lo anterior, el GAPF Frente 36 también ha venido incursionando sobre estos territorios con el fin de recuperar zonas estratégicas, imponiendo medidas de control social sobre las comunidades como la cedulación comunitaria.


“Presionan a las juntas de acción comunal (JAC) para que carneticen a todos sus habitantes y así poder identificarlos en los ingresos y salidas. Sin embargo, esto representa un riesgo para la población flotante y una estigmatización para la comunidad, porque pueden convertirse en objetivo militar por parte de los otros grupos armados que están en el territorio” (Anónimo, habitante de Bajo Cauca, 2022).


La fiebre del oro en el Bajo Cauca


El segundo corredor que concentra la dinámica del conflicto en el Bajo Cauca se configura a partir del control de la explotación minera de oro en los municipios de Zaragoza, El Bagre, Nechí y Caucasia. El informe Colombia, Explotación de Oro de Aluvión: evidencias a partir de percepción remota (2020) publicado por el Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNDOC), señala que el incremento en el precio del oro en los mercados internacionales y las condiciones territoriales de los municipios, aumentaron en gran medida la rentabilidad de esta actividad ilícita, por lo cual la presencia armada de los grupos ilegales en dichos territorios ha traído como consecuencia su inclusión en todas las fases del sistema de valor asociado a la explotación ilícita de oro (exploración, explotación, transporte y comercialización).

Sobre el control las economías ilegales se han configurado dos corredores que concentran la dinámica del conflicto


Cabe anotar que Antioquia es el departamento con mayor presencia de explotación de oro de aluvión en tierra: cerca de la mitad se encuentra en la categoría de explotación ilícita y, a su vez, es el departamento que reporta la mayor producción de oro a nivel nacional con cerca de 21 t, equivalente al 56 % nacional para 2019 y 29, 6 t equivalente al 62 % en 2020. A nivel municipal, para 2020, según el informe de MinMinas y UNDOC, la mayor producción de oro se registraba en Caucasia, El Bagre y Zaragoza, municipios en donde hace presencia Mineros S.A., una de las grandes empresas productoras y exportadoras que hay en Colombia.


Gráfico No. 3. Porcentajes de producción de oro en Antioquia respecto a nivel nacional 2019-2020

Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Ministerio de Minas y Energia & Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNDOC)

La disputa por la riqueza minera de los actores legales e ilegales es el foco de las nuevas conflictividades en estos territorios. Líderes y lideresas sociales sostienen que el Clan del Golfo es el actor armado ilegal que ejerce el principal control sobre la actividad minera. En la mayoría de los casos utilizan a los pequeños productores: se apropian su producto a través de la extorsión, suplantación u otros mecanismos de lavado de activos.


“La minería en el Bajo Cauca es regulada por el Clan del Golfo, ellos son quienes establecen las reglas de funcionamiento. Por ejemplo, le dan dos o tres horas al día al campesino para que vaya a barequear[1]. A los pequeños mineros que tienen más de tres máquinas los organizan por horas y sectores. Si son más de cuatro o cinco máquinas entonces los colocan una o dos veces por semana. Es decir, ellos definen quienes pueden trabajar sobre el río, en algunos lugares son dueños de las máquinas y buscan el personal para que les trabajen, en otros casos te cobran vacuna para poder trabajar” (Anónimo, habitante del Bajo Cauca, 2022).


Sin embargo, también señalan que son los grandes mineros y transnacionales los que en realidad sostienen y financian a los grupos armados, así lo explica un habitante del territorio:


“En estos momentos es difícil que una persona pueda contarle realmente lo que está sucediendo en el territorio, nadie quiere decir nada porque hay el temor de que se den cuenta y nos maten. En estos momentos existe un interés de los grupos armados por controlar la cuenca del río Nechí, porque es donde se concentra la explotación de oro, tanto por parte de las grandes empresas como por los pequeños mineros. Los campesinos y pequeños mineros no tienen la suficiente cantidad de dinero para pagar grandes vacunas a los grupos armados, en cambio los grandes mineros y las transnacionales sí lo tienen” (Anónimo, habitante del Bajo Cauca, 2022) .

Ante este panorama del accionar de los grupos armados por controlar y consolidar corredores estratégicos para el desarrollo de las economías ilegales, se han generado grandes tensiones y conflictividades que afectan a la población civil en una constante violación sistemática de sus derechos: homicidios, reclutamiento forzado, confinamiento, estigmatización, desplazamiento forzado y pérdida de sus derechos sobre la tierra y el territorio.


Así lo reflejan los gráficos 4 y 5, que muestra la intensidad del desplazamiento forzado y la violencia homicida en los municipios del Bajo Cauca entre los años 2017 y 2021.


Se resalta que los años 2018 y 2019 se caracterizaron por ser los más violentos en la subregión, producto de la confrontación armada que sostuvieron el Clan de Golfo y los Caparros por el control de dichas economías ilegales, por lo cual durante dicho periodo más de 37.198 personas fueron obligadas a salir forzadamente de la región, siendo los municipios más afectados por este tipo de hechos Zaragoza, Nechí y Tarazá.


Gráfico No. 4. Víctimas por desplazamiento Forzado en el Bajo Cauca antioqueño (2017-2021)

Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Unidad de Víctimas, 2022.

Sin embargo, sobre los hechos de violencia homicida, las cifras de Medicina Legal evidencian que desde 2018 hasta 2021 las tasas de homicidios siguen siendo alarmantes en Cáceres, Caucasia y Tarazá, siendo este último municipio el que concentra la mayor tasa de homicidios por encima de 200 por cada 100.000 habitantes.


Gráfico No. 5. Tasa de Homicidios en municipios del Bajo Cauca (2017-2021)

Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, 2022

Se puede concluir que la reconfiguración violenta del conflicto en el Bajo Cauca antioqueño en la actualidad no tiene como único detonante los cultivos de coca, sino que apunta a un control y disputa sobre la explotación de minerales como el oro y la consolidación de corredores estratégicos para la movilidad, que permitan el fortalecimiento de toda la cadena productiva del narcotráfico.


También se plantea que existe líneas difusas de operación entre lo legal y lo ilegal que parten de la actuación “coordinada” entre diferentes actores territoriales. Finalmente, la disputa por las economías ilegales en esta subregión, genera múltiples afectaciones e impactos sobre la población civil que van desde al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, violencia sexual, asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos forzados y amenazas a liderazgos sociales y comunitarios.


 

[1] Barequear es la técnica de extraer el oro con herramientas artesanales. Consiste en sacar la tierra con oro de las playas o de los lechos y lavarla con agua hasta separar el oro de los minerales con los que se encuentra.