Línea paz, posconflicto y derechos humanos
Coca y oro: los combustibles del conflicto armado en el Bajo Cauca Antioqueño
Por: Línea de Investigación de Paz, Postconflicto y Derechos Humanos

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El Bajo Cauca Antioqueño es un corredor estratégico del noroccidente del país compuesto geográficamente por el río Cauca, la Troncal del Norte o Ruta 25 y el Nudo de Paramillo. En esta subregión persiste una dinámica de reconfiguración violenta del territorio, a partir del despliegue de grupos armados y disputas territoriales por el control de las rentas de las economías ilegales derivadas del oro y la coca.
Actualmente, el Clan del Golfo se ha consolidado como el actor armado ilegal con mayor presencia y control territorial en los 6 municipios de la subregión (Caucasia, Nechí, Cáceres, Zaragoza, El Bagre y Taraza); por su parte el ELN mantiene una fuerte incidencia en El Bagre (Puerto López y Puerto Claver), Sur de Cáceres (San Pablo, El Cañón de la Dorada para conectar con Anorí) y Tarazá (Barro Blanco y la Dorada, límites con Cáceres). Por otro lado, los Gupos Armados Post-FARC (GAPF) o disidencias Frente 18 y 36, hacen una presencia menos concentrada, buscando recuperar el corredor del Nudo de Paramillo y Nordeste antioqueño. Por último están "Los Caparros”, que si bien fueron desarticulados en el 2021 por acciones de la Fuerza Pública y el Clan del Golfo, aún mantienen un pequeño foco de presencia entre el Bagre y Caucasia, específicamente en el corregimiento Liberia - El Charcón, un territorio estratégico que les permite el traspaso al Nordeste antioqueño, en donde se han resguardado.
Sobre el control las economías ilegales se han configurado dos corredores que concentran la dinámica del conflicto. El primero se sitúa en la parte alta o zona montañosa del Bajo Cauca, que conecta con el Nudo de Paramillo y Nordeste antioqueño, involucra los municipios de Tarazá, Cáceres y El Bagre. Los principales intereses que tienen los actores armados en esta zona radican en el control de los cultivos de coca y las rutas de conexión con el sur de Córdoba, Urabá y norte de Antioquia.
Si bien, durante 2018 y 2019 hubo una disminución en la siembra de los cultivos de coca en toda la subregión (se pasó de 7.547 a 4.688 hectáreas cultivadas). para el año 2020 se registró un incremento en las hectáreas cultivadas, tal y como lo reporta el Observatorio de Drogas en Colombia (Ver Gráfico No. 1).
Gráfico No. 1. Hectáreas de hoja de coca cultivada en el Bajo Cauca Antioqueño (2018-2020)

Desde este último reporte hasta la actualidad, fuentes del territorio afirman que la siembra de los cultivos de coca va en aumento en municipios como Tarazá, donde el Clan del Golfo está presionando al campesinado para que vuelva a sembrar la hoja de coca y se adentren más hacia el Nudo de Paramillo, de manera que puedan seguir ampliando sus fronteras de dominio territorial.
Gráfico No. 2. Hectáreas de hoja de coca cultivadas por municipio en el Bajo Cauca (2018 - 2020)

“Los campesinos están recibiendo presiones del Clan del Golfo donde estos les dicen: o vuelve y siembra, o se sienta aquí a aguantar hambre, o tiene que irse para nosotros buscar a otro que venga y la trabaje. Si usted lo que necesita es plata para sembrar, nosotros le préstamos.” (Anónimo, Líder del Bajo Cauca, 2022).
A estas amenazas se suman los incumplimientos del Gobierno Nacional en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), por lo que los campesinos se están viendo obligados a acudir nuevamente a la siembra de la hoja de coca como medio de subsistencia y forma de permanecer en el territorio, ya que de no hacerlo se verían obligados a desplazarse fuera de la región en busca de un sustento económico.
“En Tarazá estamos viviendo el desplazamiento masivo de las familias del territorio por falta de oportunidades no solamente laborales sino de las garantías para permanecer y construir territorios. Alrededor de unas 1.500 familias que hacen parte del Programa de Sustitución están trabajando por fuera del departamento en otras zonas cocaleras para poder sobrevivir, porque en el territorio no hay forma de sostenerse; los campesinos no tienen tierras para cultivar, y los que tienen son improductivas porque están esterilizadas de tanto ser fumigadas.” (Anónimo, Líder del Bajo Cauca, 2022).
Por otro lado, en Cáceres se han establecido límites territoriales entre los grupos armados. El corregimiento de San Pablo, principal zona cocalera de este municipio que conecta además con Anorí, está bajo el control territorial del ELN. Asimismo, el Clan del Golfo domina el corredor de la troncal de occidente y la ribera del río Cauca, donde también están los resguardos indígenas Zenú y Emberá Chamí. Sin embargo, según fuentes del territorio, el Clan del Golfo adelanta una estrategia de expansión hacia las zonas de influencia del ELN en toda la subregión del Bajo Cauca con presunta ‘complicidad’ de la Fuerza Pública, al respecto afirman:
“Lo complejo es que el Clan del Golfo va avanzando, pero el ejército viene 2 o 3 kilómetros adelante, entonces vemos cómo se configura la violencia a partir de esa complicidad del Gobierno o de la fuerza pública con el grupo ilegal del Clan del Golfo. Uno ve al Clan del Golfo acá y solamente 2 o 3 kilómetros adelante está el ejército, ellos se mueven otros 2 o 3 kilómetros adelante y ahí mismo se mueve el Clan del Golfo, esta situación pone en un escenario de riesgo a las comunidades, porque están en medio del grupo armado legal y el grupo armado ilegal que va atrás. Lo que se evidencia entonces es una complicidad entre las fuerzas militares y el Clan del Golfo, porque al final cualquier información que la comunidad le suministre al ejército va a representar un señalamiento por parte del grupo ilegal” (Anónimo, habitante del Bajo Cauca, 2022).
Frente a este escenario el ELN viene ejerciendo modalidades de violencia que están generando graves afectaciones a la población civil: