Clan Barreto en Tolima, delitos electorales y cooptación institucional

Por: Camilo Díaz Suárez

Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad

En el marco de la contienda electoral del próximo 13 de marzo, en el departamento del Tolima el Clan Barreto ha cooptado la institucionalidad para favorecer y acrecentar su dominio en el territorio. A costa de acciones en contra del bienestar de la ciudadanía, el Clan parece consolidar su poder. Su figura más conocida y el líder del clan, Óscar Barreto, está utilizando su influencia para favorecer su campaña al Senado.

Los nexos fuera de la familia, la garantía de la cooptación institucional

Si bien los primos Óscar y Miguel Ángel Barreto aspiran a la representación nacional, mantienen su influencia en el departamento. Aparentemente, los Barreto tienen relaciones cercanas con 30 de los 42 alcaldes del departamento del Tolima. Incluso, realizando su campaña electoral, Miguel Ángel Barreto se dejó ver públicamente con 20 alcaldes que apoyarían su candidatura al Senado.

Entre los apoyos más fuertes provenientes del andamiaje institucional, se encuentra Andrés Fabián Hurtado Barrera, alcalde de Ibagué, quien llegó con el apoyo de Óscar Barreto. Si bien ha intentado mostrar un distanciamiento con su padrino político, desde su administración ha estado promoviendo la candidatura del exgobernador.

Pares conoció una denuncia, interpuesta por Rubén Darío Correa Carvajal y Diego Alejandro Zuluaga Salazar, ante la Procuraduría Provincial de Ibagué, la Regional del Tolima y la General de la Nación, por presuntos delitos electorales cometidos por la administración de Hurtado. De acuerdo con la denuncia, se ha registrado un apoyo público de la primera gestora de Ibagué, Leidy Galeano Ortiz, esposa del alcalde de Ibagué, a Óscar Barreto y, presuntamente, el evento habría contado con un despliegue logístico organizado por Hurtado.

Fuente: Alejando Zuluaga

Puedes conocer la denuncia completa aquí.

No sorprende la utilización de la institucionalidad por parte del alcalde de Ibagué para favorecer candidaturas, ya que, como se señala en la denuncia, se habría presionado a contratistas de la alcaldía para que asistieran a un evento de campaña de Federico Gutiérrez. Mientras que, además, se presta la organización logística del municipio para organizar eventos de campaña.

Además, según recoge la denuncia, Jaime Yepes ha reconocido tráfico de influencias en la alcaldía y la gobernación del Tolima, viéndose beneficiado con diferentes contratos. Yepes, siendo dirigente del Partido de la U en el departamento, ha llegado en distintas ocasiones a acuerdos con el exgobernador para consolidar su votación a cambio de puestos y contratos. Incluso, estos acuerdos se han visto de cara a las elecciones del 13 de marzo, en las que, a cambio de burocracia, Jaime Yepes estaría apoyando la candidatura de Óscar Barreto.

La cooptación institucional y la cercanía con Hurtado prende las alarmas sobre la posible utilización de recursos públicos para eventos y campaña de Óscar Barreto. Ello, aun cuando entró en vigencia la Ley de Garantías.

En enero, días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, la gobernación de Tolima inició obras en 90 vías urbanas de Ibagué por un valor de $18.297.286.739 y un plazo de ejecución de tres (3) meses. El inicio de obras lo dio a conocer la gobernación, aunque el proceso contractual no se encuentra publicado todavía en el SECOP I. Por la cuantía del contrato se levantaron sospechas sobre la destinación de recursos. Además, desde el proceso de licitación fue denunciado una posible redirección de los pliegos definitivos del contrato para favorecer contratistas que suelen contratar con la gobernación y la Alcaldía de Ibagué como Andrés Eduardo Trujillo Arango, Juan Carlos Ramírez Ospina y Luis Carlos Ortigoza González.

Por otro lado, se dio a conocer que el contrato 1834 para la pavimentación de la vía Ibagué-Rovira, a cargo de la Gobernación del Tolima, tuvo una adición por $11.517 millones en 1 de diciembre de 2021 lo cual prorrogó la obra por 7 meses. Sin embargo, la obra, de 10 km, va en un avance del 50%. Esto, en un proceso de adjudicación que ha contado con múltiples irregularidades desde su comienzo.

Dichas irregularidades no abordan solo la ejecución de las obras, sino que también se ha denunciado que en Ibagué se han solicitado adiciones a contratos. Entre otros, el contratista del Complejo de Raquetas en el Parque Deportivo de Ibagué, que cuenta con una inversión de $8.628 millones, y del cual el contratista, Carlos Alberto Rozo, ha sostenido que se necesitaban reestructuraciones técnicas por afectaciones a la obra que llevaban a que se necesitaran nuevos ajustes técnicos y económicos.

De acuerdo a lo registrado por El Cronista, por razones similares, el contratista de la pista de BMX está pidiendo realizar nuevos estudios, modificaciones de diseños y reajustes en el valor del contrato, mientras está suspendida la obra.

Cabe mencionar que, respecto al tema de escenarios deportivos, Óscar Barreto tuvo presuntos nexos con Orlando Arciniegas, el artífice del desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015. Delfín Fernando Aguirre denunció en 2016 que Óscar Barreto como gobernador realizó varios contratos con Arciniegas durante su primer mandato, por medio de la empresa Asesoría y Consultoría Legal, Aslegal Ltda, pese a que Arciniegas estaba inhabilitado para ejercer como abogado. Aunque por estos hechos no se conoce alguna acción adelantada por las autoridades pertinentes, ilustra la cercanía de Barreto con Arciniegas, quien apoyó su campaña a la gobernación e inclusive anunció que por haber hablado sobre el desfalco, Barreto le dio la espalda a su amistad.

Pese a su paso por la gobernación, los escenarios deportivos han continuado sin ser construidos. El actual alcalde y aliado del clan, Andrés Hurtado, se encuentra encabezando la reconstrucción de los escenarios deportivos, que han presentado varias falencias durante su administración. Inclusive, frente a esto, un juez ordenó que reconociera públicamente los retrasos e irregularidades presentadas en la reconstrucción de los escenarios deportivos. Las irregularidades son múltiples y se han presentado diversas adiciones cuestionables, reportándose hasta un 468% el aumento en el costo de los escenarios deportivos durante esta administración. La gran mayoría de escenarios deportivos siguen sin avanzar, como, por ejemplo, las piscinas olímpicas o el coliseo de combate. Esto, mientras continúan las adiciones a los contratos y