Por: Camilo Díaz Suárez
Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad
En el marco de la contienda electoral del próximo 13 de marzo, en el departamento del Tolima el Clan Barreto ha cooptado la institucionalidad para favorecer y acrecentar su dominio en el territorio. A costa de acciones en contra del bienestar de la ciudadanía, el Clan parece consolidar su poder. Su figura más conocida y el líder del clan, Óscar Barreto, está utilizando su influencia para favorecer su campaña al Senado.
Los nexos fuera de la familia, la garantía de la cooptación institucional
Si bien los primos Óscar y Miguel Ángel Barreto aspiran a la representación nacional, mantienen su influencia en el departamento. Aparentemente, los Barreto tienen relaciones cercanas con 30 de los 42 alcaldes del departamento del Tolima. Incluso, realizando su campaña electoral, Miguel Ángel Barreto se dejó ver públicamente con 20 alcaldes que apoyarían su candidatura al Senado.
Entre los apoyos más fuertes provenientes del andamiaje institucional, se encuentra Andrés Fabián Hurtado Barrera, alcalde de Ibagué, quien llegó con el apoyo de Óscar Barreto. Si bien ha intentado mostrar un distanciamiento con su padrino político, desde su administración ha estado promoviendo la candidatura del exgobernador.
Pares conoció una denuncia, interpuesta por Rubén Darío Correa Carvajal y Diego Alejandro Zuluaga Salazar, ante la Procuraduría Provincial de Ibagué, la Regional del Tolima y la General de la Nación, por presuntos delitos electorales cometidos por la administración de Hurtado. De acuerdo con la denuncia, se ha registrado un apoyo público de la primera gestora de Ibagué, Leidy Galeano Ortiz, esposa del alcalde de Ibagué, a Óscar Barreto y, presuntamente, el evento habría contado con un despliegue logístico organizado por Hurtado.
Fuente: Alejando Zuluaga
Puedes conocer la denuncia completa aquí.
No sorprende la utilización de la institucionalidad por parte del alcalde de Ibagué para favorecer candidaturas, ya que, como se señala en la denuncia, se habría presionado a contratistas de la alcaldía para que asistieran a un evento de campaña de Federico Gutiérrez. Mientras que, además, se presta la organización logística del municipio para organizar eventos de campaña.
Además, según recoge la denuncia, Jaime Yepes ha reconocido tráfico de influencias en la alcaldía y la gobernación del Tolima, viéndose beneficiado con diferentes contratos. Yepes, siendo dirigente del Partido de la U en el departamento, ha llegado en distintas ocasiones a acuerdos con el exgobernador para consolidar su votación a cambio de puestos y contratos. Incluso, estos acuerdos se han visto de cara a las elecciones del 13 de marzo, en las que, a cambio de burocracia, Jaime Yepes estaría apoyando la candidatura de Óscar Barreto.
La cooptación institucional y la cercanía con Hurtado prende las alarmas sobre la posible utilización de recursos públicos para eventos y campaña de Óscar Barreto. Ello, aun cuando entró en vigencia la Ley de Garantías.
En enero, días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, la gobernación de Tolima inició obras en 90 vías urbanas de Ibagué por un valor de $18.297.286.739 y un plazo de ejecución de tres (3) meses. El inicio de obras lo dio a conocer la gobernación, aunque el proceso contractual no se encuentra publicado todavía en el SECOP I. Por la cuantía del contrato se levantaron sospechas sobre la destinación de recursos. Además, desde el proceso de licitación fue denunciado una posible redirección de los pliegos definitivos del contrato para favorecer contratistas que suelen contratar con la gobernación y la Alcaldía de Ibagué como Andrés Eduardo Trujillo Arango, Juan Carlos Ramírez Ospina y Luis Carlos Ortigoza González.
Por otro lado, se dio a conocer que el contrato 1834 para la pavimentación de la vía Ibagué-Rovira, a cargo de la Gobernación del Tolima, tuvo una adición por $11.517 millones en 1 de diciembre de 2021 lo cual prorrogó la obra por 7 meses. Sin embargo, la obra, de 10 km, va en un avance del 50%. Esto, en un proceso de adjudicación que ha contado con múltiples irregularidades desde su comienzo.
Dichas irregularidades no abordan solo la ejecución de las obras, sino que también se ha denunciado que en Ibagué se han solicitado adiciones a contratos. Entre otros, el contratista del Complejo de Raquetas en el Parque Deportivo de Ibagué, que cuenta con una inversión de $8.628 millones, y del cual el contratista, Carlos Alberto Rozo, ha sostenido que se necesitaban reestructuraciones técnicas por afectaciones a la obra que llevaban a que se necesitaran nuevos ajustes técnicos y económicos.
De acuerdo a lo registrado por El Cronista, por razones similares, el contratista de la pista de BMX está pidiendo realizar nuevos estudios, modificaciones de diseños y reajustes en el valor del contrato, mientras está suspendida la obra.
Cabe mencionar que, respecto al tema de escenarios deportivos, Óscar Barreto tuvo presuntos nexos con Orlando Arciniegas, el artífice del desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015. Delfín Fernando Aguirre denunció en 2016 que Óscar Barreto como gobernador realizó varios contratos con Arciniegas durante su primer mandato, por medio de la empresa Asesoría y Consultoría Legal, Aslegal Ltda, pese a que Arciniegas estaba inhabilitado para ejercer como abogado. Aunque por estos hechos no se conoce alguna acción adelantada por las autoridades pertinentes, ilustra la cercanía de Barreto con Arciniegas, quien apoyó su campaña a la gobernación e inclusive anunció que por haber hablado sobre el desfalco, Barreto le dio la espalda a su amistad.
Pese a su paso por la gobernación, los escenarios deportivos han continuado sin ser construidos. El actual alcalde y aliado del clan, Andrés Hurtado, se encuentra encabezando la reconstrucción de los escenarios deportivos, que han presentado varias falencias durante su administración. Inclusive, frente a esto, un juez ordenó que reconociera públicamente los retrasos e irregularidades presentadas en la reconstrucción de los escenarios deportivos. Las irregularidades son múltiples y se han presentado diversas adiciones cuestionables, reportándose hasta un 468% el aumento en el costo de los escenarios deportivos durante esta administración. La gran mayoría de escenarios deportivos siguen sin avanzar, como, por ejemplo, las piscinas olímpicas o el coliseo de combate. Esto, mientras continúan las adiciones a los contratos y aumentos de las construcciones en un año electoral.
Campaña electoral a toda costa
En este contexto, se ha registrado al mismo Óscar Barreto haciendo campaña con obras, mientras todavía tiene cuestionamientos por obras realizadas durante su administración. En el marco del proceso adelantado en contra de Óscar Barreto por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por suscribir, presuntamente, de forma irregular el convenio interadministrativo 748 de 2008 con la Empresa Generadora de Energía del Tolima, Egetsa para la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento en el departamento, se encuentra como elefante blanco el acueducto veredal de Ortega. Si bien cuando Barreto llegó a la gobernación el proyecto ya había tenido origen, desde el 2004, durante su administración, se presentó la obra con resultados pobres, siendo entregada por la Empresa Generadora de Energía del Tolima (Egetsa) en condiciones que no permitían su operación.
El proceso adelantado en contra de Barreto Quiroga señala que como gobernador habría utilizado la empresa Egetsa para favorecer a terceros. Entre los beneficiados estaba Diego Fernando Rodríguez Chavarro, una aportante a su campaña.
Esa no es la única denuncia sobre pliegos ajustados para favorecer a proponentes específicos. Un ejemplo de ello es un proceso que adelanta la gobernación del Tolima para la instalación de parques biosaludables, que tuvo como único proponente al Consorcio Bioparques Tolima 2022, integrado por Construrambiental S.A.S e Ingemin, los cuales se quedaron con el contrato por el aparente direccionamiento de la participación de oferentes.
Por su parte, mediante el contrato 0696 de marzo de 2017 se comenzó la construcción del puente El Totumo por un valor de $4.246.609.596. Fue una obra contratada por la gobernación de Barreto y dirigida por el entonces secretario de infraestructura y actual alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado.
De acuerdo con la Veeduría Agua Para Ibagué (VAPI), el contrato tuvo un único proponente, existiendo sospechas de un posible amañamiento. Además, con el acta modificatoria 001 de junio 27 de 2017 hubo un cambio en la forma de pago, quedando en que el “Departamento del Tolima pagará al contratista el 90% del valor del contrato mediante actas parciales de obra, de manera proporcional con el avance físico de la obra, registrado mediante actas parciales de ejecución de obra”. Luego de un mes se expidió el Acta de Recibo Parcial de Obra No 1 por la suma de $3.486.815.632, correspondiente a un 83%. Posterior a ello, con el acta de adición No.002, se habrían cometido irregularidades en cuanto a la extensión del plazo de ejecución. Además, se habrían registrado actividades que no se ejecutaron en el contrato.
A la vez que hace campaña con obras, desde el barretismo se han realizado acciones como el desmonte de vallas de opositores y, presuntamente, se estarían comprando votos con el reparto de mercados en Ibagué.
El Clan Barreto, todo el Tolima se queda en familia
El Clan Barreto es uno de los clanes tradicionales de Tolima, y es, actualmente, el que cuenta con más poder. Su líder y figura más cuestionada es Óscar Barreto Quiroga, actual candidato al Senado por el partido Conservador. Es un abogado especializado en Ciencia Política, que ingresó a la política en 1982, cuando fue concejal de Ibagué. Con un creciente reconocimiento, en 2003 aspiró a la alcaldía de Ibagué, sin lograr quedar electo, y en 2005 fue candidato a la gobernación del departamento en las elecciones atípicas sin quedar elegido. Para 2007 volvió a aspirar a la Gobernación, logrando su primer periodo. En 2015 volvió a aspirar a la gobernación, quedando elegido por un segundo periodo.
Como reporta el seguimiento de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el primer cuestionamiento de Óscar Barreto se dio por irregularidades en una licitación realizada en 2008 durante su primera gobernación, siendo destituido e inhabilitado por 11 años por la Procuraduría General de la Nación. No obstante, fue absuelto en un fallo de segunda instancia. En marzo de 2019, la Procuraduría le abrió una investigación por presunta injerencia indebida en nombramientos del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). Sumado a esto, tuvo adelantado un proceso en la Corte Suprema de Justicia por peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por la contratación, ejecución y liquidación de un convenio educativo con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, del cual fue absuelto en octubre del 2021. Por otra parte, en 2021 la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos en el marco de una investigación adelantada por irregularidades en contratación mientras fue gobernador entre 2008 y 2011.
Se estudian 119 convenios realizados durante su administración, centrándose en 12 suscritos con la Corporación para la Promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial (Prohaciendo), cuyo valor es de alrededor de 4700 millones de pesos.
Su primo, Miguel Ángel Barreto Castillo, beneficiado por el apoyo político de Óscar Barreto, logró quedar en el 2014 como representante a la Cámara por Tolima y en 2018 dio el salto al Senado, logrando quedar electo. Siendo contador público especializado en Finanzas y en Derecho Administrativo, fue director financiero del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué (INFIbagué), gerente de campaña del exsenador Juan Mario Laserna y miembro de su UTL entre 2009 y 2011, y aspirar a volver a quedar electo en el Senado.
Barreto Castillo fue denunciado en 2019 por Carlos Arturo Reyes, diputado por el Partido Liberal, ante la Corte Suprema de Justicia por compra de votos. Según Reyes, cuenta con 62 folios que dan cuenta de transacciones para beneficiar la elección de Barreto. Se pidió la apertura de una investigación, pero de momento la Corte no le ha abierto un proceso formal por estos presuntos delitos. En 2021 se le abrió un proceso de pérdida de investidura, a través de la Sala Especial de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, por presunta violación de los topes máximos de financiación durante su campaña al Senado, por aparentemente no haber reportado $20 millones de pesos que, de haberlo hecho, superaba el tope máximo establecido por ley. Sin embargo, el pasado 13 de diciembre fue negada la solicitud de pérdida de investidura y se solicitó su archivo.
En 2019 el Clan Barreto quiso tener de primera mano la alcaldía de Ibagué con la candidatura que José Barreto Castillo, hermano de Miguel Ángel, quien se ha caracterizado por ser comerciante. Sin embargo, se retiró de la candidatura por motivos personales. Eso llevó a que gestara una alianza con el actual alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, la ficha del clan actualmente en la alcaldía del municipio.
José Barreto no se salva de tener señalamientos. En 2014 fue acusado de los delitos de estafa, abuso de confianza, administración desleal y concierto para delinquir, por presuntamente haber tenido manejos irregulares de dinero mientras fue administrador del Centro Comercial La Quinta. Para 2019, mientras era candidato, se dio a conocer que esa investigación continuaba en la Unidad de Delitos contra la Fe Publica y patrimonio económico de la Fiscalía General de la Nación. Se desconoce el estado de este proceso.
Entre otros miembros de la familia con presencia institucional, está Santiago Barreto, quien es sobrino de Óscar Barreto y es actualmente secretario general de la gobernación del Tolima.