Por: Redacción Pares
En este primer año de gobierno, el ejército de desempleados pasó de 2.3 millones de personas a una cifra de 2.7 millones de almas; cifra récord en la historia del país. Las centrales de trabajadores, las organizaciones sociales, el movimiento sindical nacional, trabajadores, organizaciones sindicales, sociales, estudiantes, maestros comunidades indígenas y ciudadanía en general, saldrán a las calles y plazas del país este 21 de noviembre con el objetivo de rechazar lo que se ha denominado el ‘Paquetazo de Duque’ el cual, comprende una serie de proyectos, medidas y políticas que prepara el actual Gobierno y que afectarán directamente a los trabajadores, ciudadanos, jóvenes y pensionados del país. El Paro se desarrollará con marchas y movilizaciones en las capitales del país y municipios.
Además, el pasado 2 de septiembre el exministro de defensa, Guillermo Botero informó sobre un operativo militar en Caquetá donde habrían sido abatidos 14 disidentes de las Farc; sin embargo, al parecer la cruda verdad que el gobierno escondía es que en esa operación asesinaron a 18 niños que habían sido reclutados por esa organización criminal.
Cinco razones para marchar pacíficamente el 21N
1- Un sinnúmero de necesidades básicas insatisfechas en la mayoría de la población como salud, educación, vivienda y alimentación. Los impactos ambientales, culturales, sociales y a la salud generados por una política extractivista mal planificada y cuyo principal objetivo es la mercantilización de los recursos naturales -el caso de Hidroituango es emblemático-.
2- La reforma pensional, dirigida al aumento de la edad de pensión, la eliminación de la pensión como derecho de todos los trabajadores, universalización del ahorro individual en los fondos privados, pensiones por debajo del salario mínimo y la privatización de Colpensiones, entre otros puntos. La reforma laboral planteada por el Gobierno, que incluiría contratación y pago de seguridad por horas, eliminación de las horas extras y los recargos nocturnos, dominicales y festivos, legalización de la inestabilidad y de la informalidad.
3- La regulación, criminalización y restricción del derecho a la protesta social. Hay que recordar que la primera semana de octubre, en el marco de la conmemoración de los 170 años del Partido Conservador, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se pronunció sobre la protesta social y dijo que es necesaria reglamentarla. La protesta es un derecho esencial en una democracia, así como disentir, reclamar, rechazar lo que el ciudadano considera está mal en el Estado. «Pero una cosa es la protesta y otra las vías de hecho.»señaló la funcionaria.
4- Los primeros meses después de la posesión del presidente Duque en agosto de 2018, algunos analistas auguraron un camino difícil para el país. Tal y como lo pronosticaron, se ha demorado la implementación del Acuerdo de Paz, el asesinato diario de líderes y lideresas no se detiene y por el contrario va en aumento; así como la no continuidad de las negociaciones de paz con el ELN.
5- La movilización ciudadana del 21 de noviembre es una manifestación pacífica de rechazo a la negación del conflicto social y armado, los derechos de las víctimas, el fortalecimiento del paramilitarismo y la militarización de los territorios como el departamento del Cauca. Así también, la ciudadanía de forma pacífica levantará su voz contra los casos de ejecuciones extrajudiciales -como el de Dimar Torres y Flower Trompeta entre otros quienes fueron torturados y asesinados mientras el gobierno salió a decir que dichos homicidios se produjeron en un forcejeo, ocultando los hechos- en los que están involucrados como autores de los homicidios miembros del Ejército Nacional.
En ese sentido, organizaciones sociales y ciudadanía exigirán al gobierno durante la jornada de protesta pacífica el respeto del derecho a la vida de los estudiantes, docentes, líderes sociales, sindicales y comunidades, pues sigue la situación de amenazas, violencia, persecución y asesinatos en su contra ante la pasividad del Presidente Duque y su gabinete.
La protesta social es un derecho fundamental
La protesta o movilización social es un derecho fundamental que se desprende del derecho a la libertad de expresión y reunión, tal como lo contemplan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación. Sin embargo, en el contexto colombiano queda en entredicho si esos pactos se cumplen a cabalidad, puesto que, el uso de la fuerza en la mayoría de las movilizaciones que empiezan siendo pacíficas, terminan en choques entre las partes.
La protesta social, las personas marchando en la calle, explica Ariel Ávila, subdirector de Pares, son tal vez, uno de los signos que mejor muestra la salud de una democracia. Es un derecho en cualquier democracia, y como derecho se puede ejercer cuando una persona o colectivo lo decida, eso no los hace ni buenos, ni malos, los hace ciudadanos. La protesta social es legal y legítima en la democracia, es en modelos autoritarios donde no se puede protestar.
“Lo primero que hay que tener en cuenta son las normas constitucionales en Colombia que consagran los derechos fundamentales que al mismo tiempo son el pilar del derecho a la protesta social y estoy hablando del derecho a la libre asociación, la libertad de expresión y de libre movilización.
Ese sería el panorama constitucional”, explicó hace unas semanas a la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, Reinaldo Villalba, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Ccajar.
Sin embargo, en la práctica es distinto. De acuerdo con Villalba, se juntan varios factores que imposibilitan el derecho de la movilización social como está contemplado en los estándares internacionales.
En primer lugar, hay cuerpos represivos como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que no acatan ese ordenamiento constitucional, y las normas legales que les impiden hacer ese uso abusivo de la fuerza.
En segundo lugar, ese mismo cuerpo además de no acatar esa normatividad utiliza armas que les está prohibida; y por último, la legislación misma contribuye a limitar el ejercicio de la protesta social, provocando la criminalización de la misma como ocurre con el Código de Policía.
Dicho Código, que entró en vigencia en agosto de 2017, está compuesto por al menos 25 capítulos. En uno de ellos se estipuló cómo proceder en una protesta social, sin embargo, diversas organizaciones le hicieron seguimiento y demandaron el articulado.
«Así son las democracias, con protesta social, y al que no le guste se puede ir a vivir a a un país autoritario, de hecho, hay unos cuantos bastante cerca.» enfatiza Ariel Ávila.