Por: Katerin Erazo, Periodista
Hoy se cumplen cinco años de la masacre de El Tandil, perpetuada por la Fuerza Pública y que dejó siete victimas. Esta fue la primera masacre luego de la firma de los acuerdos de paz, que ocurrió en zona rural del territorio de Tumaco, departamento de Nariño.
El 05 de octubre de 2017, más de 1.500 personas protestaban en contra de la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca en la vereda el Tandil, ubicada dentro del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, en Tumaco. Alrededor de las 10:15 a.m., se empezaron a escuchar disparos por parte de la Fuerza Pública, que abrió fuego en contra de la población civil.
Entre las personas que se encontraban protestando habían cultivadores, trabajadores, finqueros y miembros de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje Asominuma.
Una semana después de lo ocurrido, una misión humanitaria visitó la zona con el fin de verificar los hechos, pero al entrar al territorio fueron atacados por integrantes de la Fuerza Pública.
En ese momento, el Ministerio de Defensa y el expresidente Juan Manuel Santos, aseguraron que el hecho se dio en medio de un hostigamiento de una disidencia de las FARC-EP contra la Fuerza Pública. Sin embargo, pobladores y víctimas señalaron que el ataque provino de la policía contra la población civil, desmintiendo el presunto ataque guerrillero.
Esta última versión tomó mayor fuerza luego de que la Defensoría del Pueblo asegurara que los presuntos responsables harían parte de la Fuerza Pública: Javier Enrique Soto, capitán de la Policía, y Luis Fernando González, mayor del Ejército (quienes aún siguen activos), dado que estaban a cargo de un operativo de erradicación forzada de coca al que la comunidad se oponía.
En agosto de 2019, fueron llamados a juicio por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio agravado, en el que ambos se declararon inocentes. Durante la audiencia, la Procuraduría y la defensa de los oficiales solicitaron que el caso fuera tomado por la justicia militar, lo que llevó a que el caso se prolongara.
Sin embargo, en julio pasado, la Corte Constitucional ordenó devolver dicho caso a la justicia ordinaria, lo que llevó a que lo tomara un juzgado en Tumaco, que adelantará la audiencia.
Para conmemorar estos hechos y hacer un balance en materia de verdad y justicia, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) convocó este 05 de octubre en Pasto un foro llamado “Lecciones de un lustro de impunidad”, que tuvo como objetivo la visibilización de la impunidad existente y la ausencia de verdad y garantías de no repetición frente a estos hechos.
Este espacio contó con la participación de víctimas y organizaciones acompañantes, al igual que de Zabier Hernández, investigador territorial de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y defensor de derechos humanos, y Lucía Aldana, abogada y directora ejecutiva de la Corporación Yira Castro.
Durante su intervención en el foro, Zabier Hernández mencionó cuatro elementos importantes de este caso: la similitud entre la versión de las víctimas y la misión humanitaria con respecto al accionar violento de la Fuerza Pública; el papel fundamental que tienen las organizaciones comunitarias y de derechos humanos ante estos hechos; la incógnita del papel que tomarán la JEP y los comandantes de brigada de la Fuerza Pública frente a estos casos; y la importancia de la memoria, que articula la solidaridad e integración.
Por su parte, Lucía Aldana mencionó el poco acompañamiento que ha tenido el Gobierno ante este hecho que lleva cinco años pidiendo justicia: “la Corte Constitucional se demoró casi un año y medio para resolver este proceso, para finalmente devolver a la jurisdicción ordinaria este expediente que nunca debió salir de ahí”.
Aldana añadió que tuvieron que colocar tutelas para que hubiese un actuar por parte de la Corte y resolviera el conflicto de la jurisdicción. La Corte dio la razón a la versión de la comunidad y es por ello que hay una nueva oportunidad para que haya justicia.
A pesar de que podría ser un camino lento, las víctimas y algunas organizaciones esperan que con este nuevo gobierno puedan encontrar esa justicia por la que durante cinco años han luchado.
Hoy recordamos a Jaime Gunga Pai, indígena del Resguardo Gran Rosario; Diego Escobar Dorado, líder campesino de la zona; Nelson Chacuendo Calambas, indígena Nasa; Alfonso Taicus Taicus, indígena Awá; Aldemar Gil Guachetá, Janier Usperto Cortés Mairongo e Iván Darío Muñoz Echevarría, y a las otras 20 víctimas que resultaron heridas en ese hecho.