Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Este año la situación jurídica de Salvatore Mancuso se ha movido de una esquina a la otra. El exjefe paramilitar ha manifestado la intención de someterse a la JEP, sin embargo, ha recibido la respuesta negativa del presidente Iván Duque. ¿Qué intereses hay detrás?
Hay que señalar que Mancuso ha estado insistiendo en que sea admitido en la JEP desde 2018, y en junio de este año la Sala de Reconocimiento a través del auto 90, concluyó que su rol en el periodo entre 1989 y 1997 fue la de un “miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate«, más no las de un tercero civil financiador o colaborador de un grupo armado ilegal.
Luego, en septiembre, el exjefe paramilitar envió una carta a la JEP en la que volvía a insistir, afirmando que «mi experiencia y conocimiento macro del conflicto armado me permite asegurar que no solo cumplo con los requisitos para ser admitido en la JEP, sino que, es importante para que se conozca la verdad íntegra que buscan las víctimas, la sociedad colombiana, la comunidad internacional y que es el espíritu, la esencia, la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz”.
No hay que perder de vista que en esas alianzas que entre terceros/as, políticos y paramilitares en la que se insiste Mancuso puede tener un papel importante para revelar quiénes estuvieron detrás de los actos delictivos cometidos en el marco del conflicto armado por parte de estos grupos. Imagen: Pares.
En su momento León Valencia, director de Pares, aseguró que era vincular a Mancuso a la JEP “ayudaría mucho al esclarecimiento de los hechos. Yo creo que Mancuso podría aportar mucho porque daría testimonios con pruebas y eso es lo que se necesita”.
Hay que señalar que de Mancuso hay muchos ángulos por dónde ver los crímenes que cometió, pues tuvo una importante relevancia en la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia junto a los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil. Estando allí comandó el Bloque Catatumbo, que según la Fiscalía mientras estuvo al frente de éste pasó de tener 270 miembros a 2.500, crecimiento que se daría por el apoyo empresarial, político y además del narcotráfico con el que contó este grupo. De esta cantidad de integrantes de este Bloque solo se desmovilizaron 1.437, incluido Mancuso, durante el proceso de Justicia y Paz promovido por el entonces presidente Uribe.
Mancuso entregó 22 bienes y confesó 402 delitos puntuables entre los que están: concierto para delinquir agravado; actos de terrorismo; homicidio en persona protegida; homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa; tortura en persona protegida; toma de rehenes; destrucción y apropiación de bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.
Además, está señalado por hurto calificado y agravado; exacción o contribuciones arbitrarias; secuestro simple y agravado; desaparición forzada; actos de barbarie; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; tratos inhumanos y degradantes; represalias; obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias; despojo en campo de batalla; simulación de investidura o cargo; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; destinación ilícita de muebles o inmuebles; tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos; conservación o financiación de plantaciones; existencia construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje.
También la Fiscalía responsabilizó a Mancuso, entre otras, por las masacres de El Aro y la Granja, las mismas con las que se relaciona al expresidente Uribe, quien para esos momentos (1996 y 1997) gobernaba Antioquia y habría tenido conocimiento de lo que iba a suceder en estas zonas de Ituango junto a Pedro Juan Moreno, secretario de gobierno del gobernador en ese periodo y miembros del Ejército, quienes no hicieron nada para evitar las masacres, y por el contrario se les acusa de cuadrar conjuntamente esta incursión paramilitar con los miembros de las AUC.
Adicionalmente, hay que mencionar que con un retorno de Mancuso se abrirían capítulos del paramilitarismo en relación con la paraeconomía y los empresarios, ganaderos, terratenientes que habrían colaborado con el accionar y crecimiento de las AUC y también con la relación con políticos y los movimientos que se dieron desde estas esferas para que se cometieran los crímenes realizados por este grupo.
El ahora del debate
Hay que recordar que Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 y el 30 de junio de ese año la Corte del Distrito de Columbia lo condenó a 15 años y 10 meses de prisión por narcotráfico, pena que contó desde el momento en que fue recluido en prisión en Colombia en 2006.
Con esa pena cumplida Mancuso sigue insistiendo que sea aceptado en la JEP, y en dicho contexto y ante la negativa de Iván Duque, el exjefe paramilitar dijo en la W Radio que el actual presidente “le teme a la verdad. Se rasga las vestiduras hipócritamente exigiendo verdad, pero impide la reconstrucción de la misma y por ello su intromisión indebida e ilegal en la autonomía e independencia de la justicia”.
Esto, pues además en varias ocasiones públicamente Iván Duque ha salido a decir que no permitirá que los exjefes paramilitares entren a la JEP. Incluso, luego de la aseveración de Mancuso, el presidente desde Popayán afirmó que “ninguno de esos jefes paramilitares tiene hoy fundamento para entrar a la JEP; ellos tienen una deuda pendiente con la justicia colombiana por crímenes de lesa humanidad y tienen que venir acá y pagar por esos delitos. (…) Si están buscando que los abogados les sirvan a ellos de ‘petimetre’ de gestión para llegar después a la JEP y por esa vía eludir la justicia, que tengan claro que mientras yo sea el Presidente de Colombia eso no va a ocurrir, porque aquí seguiremos defendiendo la justicia”.
Un paso atrás para conocer la verdad
No hay que perder de vista que en esas alianzas que entre terceros/as, políticos y paramilitares en la que se insiste Mancuso puede tener un papel importante para revelar quiénes estuvieron detrás de los actos delictivos cometidos en el marco del conflicto armado por parte de estos grupos, mientras que este martes se conoció que se había dado un paso atrás, pues la Fiscalía decidió archivar el proceso contra Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, a quien se le ha implicado por haber financiado la creación del Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Esta decisión fue tomada pues el ente de investigación determinó que no existe suficiente material probatorio para vincular a Santiago Uribe a la investigación, a pesar de que testimonios de paramilitares han coincidido afirmando que Santiago Uribe apoyó a dichos grupos en los municipios de Amagá, Titiribí y Angelópolis al sur de Antioquia.
A esto se suma que el proceso que lleva el hermano del expresidente por el caso de los 12 Apóstoles se encuentra en su etapa final en el Tribunal Superior de Antioquia, y se espera que para enero de 2021 se presenten los argumentos finales de la defensa de Uribe y posteriormente el juez dé su veredicto.