Por: Natalia Reina, Pasante
Línea Democracia y Gobernabilidad
Los problemas que se viven hoy en la Gobernación del Chocó comenzaron en junio de 2020 cuando el gobernador electo, Ariel Palacios, fue vinculado a investigaciones por presuntas irregularidades de contratación ante la emergencia causada por el Covid-19. Específicamente, por la suscripción de un contrato por más de 2.000 millones con la Fundación Chocó Saludable, el cual no tendría relación alguna con la atención de la pandemia. Posteriormente, en marzo de 2022, fue separado del cargo y se le impuso medida de aseguramiento.
En enero de 2023, desde Presidencia se designó a Farlin Perea Rentería como gobernadora encargada; quien previamente había trabajado en la Oficina de Asuntos Étnicos en la actual Alcaldía de Medellín y se retiró momentáneamente para hacerle campaña a Petro. Perea se mantuvo en el cargo sin mayores problemas hasta que en febrero de este año se ordenó la libertad de Palacios por vencimiento de términos.
Tras ser puesto en libertad, no tardó en intentar recuperar su cargo. El 27 de abril acudió a una notaría en compañía de dos testigos —uno de ellos registró un número de identificación que según la Registraduría fue retirado por fallecimiento en 2018— para dejar consignado en un acta la toma de posesión nuevamente, bajo el argumento de haber sido elegido popularmente en 2019. Asimismo, envió un comunicado a la gobernadora encargada notificándola del suceso, con la propuesta de una reunión para la entrega de las secretarías y el empalme de la gestión, en aras de una “transición armónica”. Por su parte, Perea manifestó que Palacios se habría “tomado la administración por vías de hecho” y que no se separaría de sus labores hasta no tener un pronunciamiento de las autoridades judiciales o del Gobierno Nacional.
Aunque Palacios ha pretendido demostrar interés en un relevo tranquilo y diplomático, en realidad algunas fuentes sostienen que el gobernador electo se ha tomado las instalaciones de la gobernación y que incluso Perea ha recibido amenazas de ser sacada a la fuerza en caso de volver a su despacho. Cabe destacar que esta semana Palacios reconoció en una entrevista, al medio Citará News, la ausencia de una resolución del Ministerio del Interior; en su lugar, existe una respuesta a un derecho de petición interpuesto por él ante el Ministerio en el que se afirma que Palacios estaría facultado para retomar sus funciones. Por ende, su reclamo sobre asumir el cargo se sustenta en un documento dirigido a él como persona natural y no a la Gobernación como institución.
El 08 de mayo el juez de control de garantías que lleva el caso del gobernador electo mencionó que el procesado estaría buscando un pronunciamiento de la Judicatura, para así acceder nuevamente a su cargo; sin embargo, dicha instancia judicial no tiene tal fin y en consecuencia su situación jurídica no habría cambiado y no hay orden judicial que dé cuenta de ello. Hasta la fecha no existe un documento oficial por parte de las autoridades competentes que otorgue claridad con respecto a la titularidad de quien debe ostentar el título de gobernador o gobernadora.
No obstante, en las redes sociales de la Gobernación se han observado publicaciones refiriéndose a Ariel Palacios como el titular. De hecho, este ya ha liderado Consejos de Gobierno, en los cuales ha dicho que los esfuerzos en este último año se orientarán a la crisis de salud y la terminación de obras de infraestructura. Llama la atención que en una publicación del 03 de mayo se alude a “nuevos” nombramientos de secretarios de Planeación (Harlin Córdoba Cuesta), Cultura (Hedriz Gutiérrez Ibargüen), Interior (José Guido Mena, quien inicialmente era asesor del despacho) y Desarrollo Económico (Lorenzo Pacheco Mena); sin embargo, las personas designadas son los mismos nombres que ya encabezaban anteriormente dichas carteras según la información dispuesta en medios de comunicación de la Gobernación, por lo que no es claro si en el encargo de Perea se realizaron movimientos en el gabinete departamental.
Ahora bien, dentro de la Gobernación los funcionarios han expresado preocupación frente a la incertidumbre de a cuál de las dos administraciones rendir cuentas y la posibilidad de poner en riesgo sus condiciones laborales por el incumplimiento de las directrices de Palacios o Perea. Es el caso de Winner Mosquera que, mediante decreto firmado por Palacios el 02 de mayo de 2023, fue declarado como insubsistente en el rol de secretario General, para nombrar en su lugar a otra persona. A su vez, Mosquera envió una solicitud de permiso para ausentarse a la gobernadora encargada, desconociendo así a Palacios.
En síntesis, aunque la Gobernación de Chocó está en la disputa entre dos “gobernadores” lo que en realidad ha vivido el departamento es un desgobierno desde la captura de Palacios. El Gobierno Nacional se demoró nueve meses en aceptar la terna y nombrar a una gobernadora encargada, y ahora es incierto si Palacios puede o no volver a funciones. Las múltiples crisis que vive un departamento que tiene uno de los peores índices de desempleo, pobreza y atención en salud del país se agravan mientras en la Gobernación no hay quien responda. Eso sin contar lo que se vive por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Una historia que se repite una y otra vez: el Chocó olvidado.