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  • Laura Natali Cano Murillo

Cerco humanitario en Tibú: comunidades se oponen a erradicación forzada

Por: Laura Cano

Periodista Pares


En los últimos días se ha conocido una situación ocurrida en Norte de Santander con muchas aristas por analizar: según el Ejército Nacional, cerca de 180 militares habrían sido, en sus palabras, “secuestrados” por campesinos cocaleros de las veredas ORU 7, El Progreso, Chiquinquirá, San Antonio, Caño Raya, El Líbano, Nazareth, La Esmeralda y San Martín, del municipio de Tibú.


Este suceso, si bien ha sido amplificado y abordado por varios medios de comunicación (en los que se han recogido, sobre todo, versiones institucionales como las de la fuerza pública, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno nacional), tiene otro eje y perspectiva que es necesario reconocer: el de las comunidades, que no solo ahora, sino desde meses anteriores han venido realizando una serie de denuncias sobre el actuar de la fuerza pública en la zona, en los que se registran vulneraciones a los derechos humanos, en los que, por ejemplo, se enmarcan ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el Catatumbo. Además, se ha advertido sobre la falta de garantías por parte del Gobierno nacional.


¿Qué dice la institucionalidad?


Para los organismos estatales, este hecho en el que se vieron involucradas comunidades campesinas y aproximadamente 180 militares, ha sido catalogado como un secuestro. Las primeras denuncias sobre los hechos llegaron de parte del general Omar Sepúlveda, comandante de la Segunda División del Ejército, cuya versión fue conocida en La W, en donde sostuvo: “Nuestros soldados son secuestrados por parte de la comunidad de cocaleros en la vereda de Chiquinquirá. Rechazamos estos actos. Nosotros con los abogados del Ejército Nacional ya estamos instalando las denuncias establecidas con la Fiscalía”. Además, advirtió que “la erradicación en el Catatumbo no va a parar”.


Respecto a la forma en que ocurrió este suceso, Sepúlveda aseguró que los militares se encontraban en la zona para efectuar acciones de erradicación manual de cultivos de uso ilícito, y justo en medio de la llegada de los uniformados a la zona, los militares fueron retenidos por lo que serían cerca de 600 personas cultivadoras de hoja de coca. De acuerdo a lo que se conoció por su versión, en esta situación se encontraban los uniformados desde la tarde del martes 27 de octubre, en una cancha de fútbol de la vereda Chiquinquirá.


Además, el comandante agregó: “En este momento se han adelantado consejos de seguridad, conversaciones con las autoridades del orden nacional, regional y local, con el propósito de informar la situación. De la misma manera se informó a la Fiscalía General de la Nación por los hechos punibles de estas asociaciones campesinas, especialmente los que están dirigiendo allá”. Justamente, poco después de que se conocieran estas afirmaciones, el presidente Iván Duque; el ministro de Defensa, Diego Molano; el defensor del Pueblo, Carlos Camargo; el fiscal General, Francisco Barbosa; y la procuradora General, Margarita Cabello, se refirieron al tema. La mayor parte de sus posturas se desarrollaron a partir del eje de calificar este hecho como un “secuestro”.


Así las cosas, Duque afirmó que “aquí no podemos volver práctica lo que están llamando retención, a ninguna persona sea un miembro de la Fuerza Pública o sea un ciudadano. Este tipo de prácticas son solamente delictuales y por lo tanto tienen que rápidamente proceder a permitir que los soldados salgan”. Entre tanto, Carlos Camargo, quien se trasladó a la zona dijo: “vamos avanzando en las mesas de diálogo para que se avance también en la erradicación manual”.


Por su parte, estas fueron las palabras de Margarita Cabello respecto a los hechos y a la labor que adelantaba la Procuraduría: “Lo que puedo decir en este momento es que hay que dejarlos libres, estos conflictos no pueden terminar generando más conflictos. La democracia del país reclama que los dejen tranquilos que no se saca nada haciendo esa especie de encerramiento a nuestros héroes de la patria. En la zona está la Procuraduría participando para superar este impase”.


La Fiscalía General también se pronunció: Francisco Barbosa aseguró que iban a evaluar si había motivos para solicitar capturas e imputaciones en este caso. Además, informó que habían enviado dos unidades de la Fiscalía a Tibú.


Finalmente, y ante una fuerte presión mediática e institucional, se conoció que, con la mediación de la Defensoría del Pueblo, la comunidad decidió retirarse del lugar. Al respecto, Carlos Camargo señaló que “Desde la Defensoría del Pueblo serviremos de garantes de los espacios de diálogo entre las comunidades campesinas de esta región del Catatumbo y las autoridades de los gobiernos municipal, departamental y nacional con el fin de que se avance en el proceso de erradicación gradual de los cultivos de uso ilícito, de la mano con los programas de sustitución que permita mejorar las condiciones de vida de la población".


¿Qué dicen las comunidades?


Por varios años, desde la firma del Acuerdo de Paz, las comunidades han exigido, entre otras cosas, que se cumpla el punto cuatro de lo pactado en La Habana entre el Estado y las antiguas FARC-EP. A través de este punto se acordó ​​el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que se encuentra intrínsecamente relacionado con el punto uno, el de Reforma Rural Integral. Estos plantean la necesidad y los mecanismos para superar las condiciones de pobreza de las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito, promoviendo la sustitución voluntaria, generando oportunidades productivas y promoviendo el cierre de la brecha agrícola.


Sin embargo, en el camino, las acciones para la implementación integral de lo acordado se han quedado cortas, Muestra de ello es lo que denuncian las personas líderes y defensoras de derechos humanos del Catatumbo, subregión en la que se encuentra el municipio de Tibú. A propósito de los hechos más recientes, Olga Lucía Quintero, lideresa de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (ASCAMCAT), ha afirmado que “De las 99.000 familias inscritas en el PNIS, han sido retirados más de 10.000 familias sin una explicación, otros 4.000 han sido suspendidos y a esto sumemosle el incumplimiento o el plan tortuga que aplica gobierno para desmotivar a las familias que están inscritas”.


Además, y ante la voluntad de la sustitución voluntaria, la persecución a la población campesina ha sido una constante. Por ejemplo, el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES) ha registrado, en el departamento de Norte de Santander, la ejecución extrajudicial de Salvador Jaime Durán, un joven campesino de 22 años, miembro de la Junta de Acción Comunal de Filo Guamo. Este hecho ocurrió en junio de 2020, en Teorama, en un sector conocido como Caño Totumo, ubicado entre las veredas Filo Guamo y La Tiradera. Este asesinato se habría dado, presuntamente, a manos de integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, adscrita a la Segunda División del Ejército.


En marzo de ese mismo año, se reportó la ejecución extrajudicial en el municipio de Sardinata, de Alejandro Carvajal, un joven de 20 años, quien además era familiar de uno de los dirigentes de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT). Esta persona hacía parte de las movilizaciones que se desarrollaban contra las erradicaciones manuales, forzadas y violentas en la región.


Asimismo, Contagio Radio informó sobre el caso de Emerito Digno Buendía Martínez, de 44 años, quien “fue alcanzado por una bala (...) mientras huía de los disparos del Ejército contra los campesinos. Junto a él, Juan José Orozco y Jimmy Alerto González también fueron impactados, pero pudieron ser atendidos en centros asistenciales de salud. De acuerdo a Ascamcat, Emerito Digno formaba parte de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Tutumito, en zona rural de Cúcuta, formaba parte de la Asociación así como de la coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM)”.


Nombramos estos casos, porque al igual que el hecho informado recientemente, este también evidencia la problemática con la erradicación forzada, que como se mencionó anteriormente, repercute en la señalización y estigmatización contra campesinas y campesinos cultivadores y organizaciones sociales.


En relación con esto, y tras el reciente caso, vale la pena mencionar, y siguiendo lo denunciado por Ascamcat, que el general Omar Sepúlveda infundió estigmatizaciones sobre esta organización y sobre la COCCAM, como se cita en un comunicado emitido por ambos colectivos el día de ayer, 28 de octubre: “... los 6 pelotones fueron secuestrados por más de 600 campesinos que le cumplen las tareas a los cocaleros de la región, básicamente amparados sobre ASCAMCAT y COCCAM, que son asociaciones campesinas, pero dedicadas al negocio ilícito del narcotráfico”.


Desde las organizaciones se sostuvo que estos señalamientos configuraban una calumnia y que, en el marco del “secuestro” denunciado por los militares, se estaban creando estigmatizaciones, puntualmente contra ASCAMCAT y la COCCAM, que habían llegado al lugar de los hechos para mediar y buscar salidas concertadas, además, entendiendo que esta acción se habría dado ante el incumpliento del acuerdo con el punto 4 del Acuerdo de Paz, y en rechazo a las acciones militares, “que en el lugar han impedido la libre locomoción y han registrado un intento de violación en contra de una mujer campesina del sector”.


Asimismo, a través de La W, Wilder Mora, presidente de COCCAM, en contraste con las versiones del Ejército y de las autoridades estatales, aseguró que “lo que sucedió ayer no fue un secuestro. Nosotros tenemos asentamientos campesinos y hacemos un cercos humanitarios en defensa en defensa de la economía de la hoja de coca, lo hacemos pacíficamente. Ayer se trató de construir una película que no era”. Además, exigió que se respeten los derechos humanos de la poblacióm, puntualizando que en el “Catatumbo hay 13 municipios con coca, de esos 13 hay 8 dentro deL PDET y el PNIS; de esos 8, en algunos de estos municipios se firmó un acuerdo de sustitución, por ejemplo en Tibú, donde la firma se dio desde 2017, pero hasta la fecha el Gobierno no ha implementado los proyectos productivos, y prefiere continuar con su política fracasada de erradicación La salida no es la erradicación, ni la fumigación, llevamos 30 años en esas”.

Siguiendo lo que afirmaba Wilder Mora, es necesario señalar dos cosas. Por un lado, desde la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina se señaló que “soldados del Ejército en la vereda Oru 7, impiden que periodista de AFP hagan su labor de reportería en donde quedaría en evidencia las falsas acusaciones del General Omar Sepulveda, quién señala al campesinado de secuestrar militares”.



En este mismo sentido, el medio de comunicación digital Zona F noticias publicó un documento que habría sido firmado por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de la Personería del municipio, por miembros de comités de derechos humanos, así como de ASCAMCAT, en el que se indicaba y reconocía que en la zona había un cerco humanitario que tenía como finalidad evitar vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), ante los antecedentes que han presentado en el Catatumbo. En ese mismo documento, se dejó constancia de que los militares no habrían sido víctimas de ningún tipo de violencia y, respecto al fin de estos hechos, se señaló que “se da por terminado el cerco humanitario y las comunidades deciden retirarse con el objetivo de salvaguardar su vida e integridad”.


Por otro lado, hay que recordar que en el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos del año 2020, realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se informa que “un 33 % del total de área sembrada se concentra en cinco municipios: Tibú (Norte de Santander), Tumaco (Nariño), El Tambo (Cauca), El Tarra (Norte de Santander) y Puerto Asís (Putumayo). (...) Tibú ocupa el primer lugar de afectación nacional con 19.334 ha que representan un 13 % del total nacional”.

Por último, y ante el despliegue mediático e institucional que tuvo este hecho, hay que recordar que en el Catatumbo se presentan constantemente hechos de violencia que vienen dejando miles de víctimas de desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas, entre otro tipo de vulneraciones, y muchas de estas han tenido una escasa atención.

Justamente, y en relación con los hechos que suceden en esta zona, desde Pares y la organización Diálogo Colectivo por la Paz (DIACONPAZ), se ha denunciado que Rodolfo Galvis se encuentra desaparecido desde el pasado 10 de septiembre. La última vez que se supo de su paradero, Galvis se encontraba en la vereda La Silla, en el corregimiento de Campo Dos, del municipio de Tibú, en Norte de Santander. Galvis es integrante de DIACONPAZ y de la PRECOOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SEMILLEROS DE PAZ Y DE COLOMBIA. Además, adelantaba un proceso de reclamación de un predio y contaba con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, de acuerdo a lo informado por su familia, su esquema de seguridad se había negado a cubrir la zona de Tibú en la que vive.




Desde Pares nos sumamos a las exigencias para que se cumpla lo pactado en el Acuerdo de Paz, haciendo referencia, especialmente, a que se implemente efectiva e integralmente el PNIS; y para que realmente se posibiliten espacios de diálogo entre las comunidades campesinas de la región y autoridades locales y nacionales para avanzar en este sentido. Además, reiteramos nuestro rechazo a las estigmatizaciones y señalamientos contra la labor de organizaciones sociales como ASCAMCAT y la COCCAM, así como contra poblaciones campesinas. Finalmente, reiteramos la exigencia y la solicitud de que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y todas las instituciones necesarias apoyen la búsqueda de Rodolfo Galvis, quien completa 49 días desaparecido.

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