Por: Mateo Córdoba Cárdenas. Colaborador Pares.
La deforestación se ha constituido en un problema nacional en varias regiones del país. De 219 mil hectáreas deforestadas en 2017, se pasó a 197 mil en 2018. El Amazonas colombiano sigue preocupando, pues concentra más de la mitad de la tasa nacional deforestación.
El pasado 10 de julio, el gobierno anunció la primera disminución de la tasa anual de deforestación en el país desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC-EP. Con algunas imprecisiones, como el porcentaje de disminución de la cifra anual o los últimos reportes de disminución en la historia, el ministro Ricardo Lozano reivindicó la nueva cifra de deforestación como un triunfo de las estrategias del gobierno Duque contra la tala y quema ilegal de bosque.
Algunas cifras y causas de la deforestación en Colombia
1. En al menos 20 municipios del país la capa forestal ha desaparecido por completo por cuenta del crecimiento de áreas urbanas, expansión de modelos insostenibles de ganadería extensiva y la definitiva acción de mafias regionales por el acaparamiento de tierras. Esto habla de una derrota estruendosa del Estado en su lucha contra estructuras criminales que ya no encuentran, al menos en esos 20 municipios, más bosque para quemar.
2. El aumento en 2 mil hectáreas deforestadas en la región Oriental habla de un posible desplazamiento de estructuras criminales en virtud de una reestructuración de zonas de influencia de grupos armados y apertura de economías ilegales en corredores con mayores facilidades de acceso.
3. El fortalecimiento de Grupos Armados Organizados (GAO) en el año 2018 en departamentos como Guaviare, Caquetá, Nariño y Chocó pudo haber causado una nueva paradoja ambiental en zonas de conflicto, donde muchas economías depredadoras de la naturaleza, legales e ilegales, son contenidas temporalmente por los actores armados fortalecidos y con control total de amplias zonas rurales. La desaparición de Tumaco o Riosucio (Chocó) de la lista núcleos de deforestación puede confirmar este fenómeno.
4. Parques Nacionales Naturales como el Chiribiquete, Tinigua o La Macarena continúan en la mira de las mafias de la deforestación y el acaparamiento de tierras. Si la disminución de la tasa nacional anual de deforestación no se corresponde con la identificación y judicialización de las mafias y los poderes regionales que impulsan este fenómeno, la cifra puede ser apenas una circunstancia que puede cambiar año a año de manera aleatoria y de acuerdo a los tiempos de las mafias y grupos armados, y no de la presencia efectiva del Estado y sus políticas.
Hay varios factores que impiden relacionar la cifra de deforestación de 2018 con una tendencia nacional sostenida. Alrededor del país aún hay autoridades municipales y departamentales que niegan la necesidad de luchar contra la deforestación, negando el fenómeno y, en casos como el de Guaviare, impulsándolo desde la misma institucionalidad.
El gobernador del Guaviare, Nebio Echeverry, insiste en hablar de una ‘vocación ganadera’ de su departamento y ha sido denunciado por campesinos de la región de estar vinculado a las mafias del acaparamiento de tierras.
Asimismo, hablando de deforestación, Iván Duque y su ministro de ambiente continúan planteando un debate en términos monocausales hablando de la coca como motor de la desaparición de bosques en Colombia.
Pobres resultados para ponerle freno al problema
Sin embargo, la tendencia de los últimos años desmiente aquella tesis. En un departamento como el Guaviare, donde las cifras de cultivos ilícitos han ido disminuyendo considerablemente, la deforestación no ha parado de crecer. Praderización para ganadería y construcción de infraestructura vial están muy relacionados con este fenómeno en Guaviare y sur del Meta, no necesariamente ligados a grupos armados o economías ilegales. Hay tentáculos institucionales detrás de la destrucción del bosque en el sur del país.
Alrededor de 197 mil hectáreas perdidas el año pasado no son motivo de ningún regocijo. Incluso la disminución del 10% en la deforestación frente al 2017 es motivo de un modesto optimismo, teniendo en cuenta que la conectividad de los Andes con la Amazonía sigue amenazada y en regiones como el Nordeste antioqueño se ha prendido definitivamente el fuego contra la naturaleza.
La Operación Artemisa, como estrategia central del gobierno contra la deforestación, ha arrojado pequeños resultados, pero aún no puede ser evaluada como un éxito o un fracaso al haber sido lanzada en abril de 2019.
Las disidencias de las FARC-EP han corroborado su intención de llenar de trochas ilegales el Guaviare y el sur del Meta, grandes capitales del país siguen financiando tareas de colonización y acaparamiento de tierras en el Caquetá, Guaviare y Putumayo, incluso dentro de los Parques Nacionales.
Por otra parte, la minería ilegal en departamentos como el Cauca y el Chocó están secando el lecho de los ríos por cuenta de la deforestación en las cuencas. En Tumaco el reinado de los Grupos Armados Organizados sugiere estar conteniendo parcialmente una deforestación que en el 2017 parecía no tener freno.
Y hacia los llanos orientales se ven amplios parches de bosque quemado y las gobernaciones del Guaviare y el Meta se muestran complacientes con las actividades de praderización y aumento de las cabezas de ganado en municipios con jurisdicción de áreas protegidas continúa en aumento.
Será el 2019 la posibilidad para confirmar una tendencia a la disminución o, por el contrario, la revelación de un fenómeno consolidado a nivel territorial de degradación ambiental con fuertes vínculos con políticos y gobiernos locales.