Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
El gobernador del departamento de Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, alertó sobre la presencia de carteles mexicanos que están generando, entre otras cosas, el reclutamiento de menores de edad. La Fundación Paz y Reconciliación -Pares, ya había hecho advertencias sobre esta crisis en el departamento.
Además, se refirió a la difícil situación de desplazamiento que están enfrentando los chocoanos. Sin embargo, estas denuncias no refieren a todas las violencias que confluyen en el departamento chocoano, pues la Defensoría del Pueblo —en un informe semestral de 2019— denunció que la guerra entre grupos armados ha generado el confinamiento de 54 comunidades, aproximadamente 11.349 habitantes de esta zona del Pacífico.
Una situación que necesita atención
En este sentido, la situación en Chocó denunciada por Palacios Mosquera sobre integrantes de carteles mexicanos operando en la región, agudiza la violencia en el departamento y mantiene en vilo a las comunidades que son objeto de las hostilidades de los grupos armados que se disputan el territorio. De hecho, el gobernador resaltó que por parte de los carteles mexicanos hay un interés por la utilización de rutas del narcotráfico debido a la cercanía con la zona fronteriza con Panamá. De esta forma, hizo un llamado la Gobierno Nacional para que tome cartas en el asunto.
Otra voz de alerta la alzó Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo, quien se refirió a la reciente presencia de 17 grupos armados que se suman en Chocó, Nariño y Cauca. Negret, en la Audiencia y presentación de la Resolución Defensorial No. 071 del 7 de junio de 2019, sobre la “Crisis Humanitaria en la Región Pacífico Colombiana”; sostuvo —en su intervención del 8 de agosto— que la Defensoría:
“Ha emitido 19 alertas tempranas para la Región Pacífico entre enero de 2018 y julio de 2019 (27 municipios alertados), por presencia en la zona de disidencias de las FARC, el ELN y las AGC y, además, 17 nuevos grupos ilegales en el corredor Pacífico”.
Por su parte, el gobernador de Chocó, Palacios Mosquera señaló que “Ya hay carteles mexicanos, eso se ha venido hablando con la Defensoría, las autoridades. Hoy lo que está pasando en Juradó, Bahía Solano, Nuquí, debe haber una intervención tanto militar como social”.
El gobernador agregó que, ante la “presencia notoria” de los carteles mexicanos hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que implemente acciones para combatir la situación denunciada. Entre los carteles que estarían haciendo presencia en Colombia está el de Sinaloa, Cartel de Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.
Las advertencias de Pares
A propósito de esta situación, hace once (11) meses la Fundación Paz & Reconciliación — Pares, alertó sobre los carteles mexicanos en la región del pacífico. De esta forma, Pares advertía sobre el papel que jugarían de estos carteles en la guerra que se acrecentaba por parte de los grupos armados por el control del territorio y por las economías ilegales.
De hecho, teniendo en cuenta que, en tiempos de las FARC esta guerrilla dominaba 242 municipios en Colombia y ejercía fuerte presencia en el litoral Pacífico; actores como el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Clan del Golfo mantenían un papel como “observadores activos”.
Según la información obtenida por Pares, entre 2012 y 2015, los mexicanos se limitaban a mediación entre combos colombianos, pago de cargamentos y logística. Eso sí, los carteles tenían que rendir cuentas a las FARC, pues era la guerrilla la que tenía el control sobre los territorios por los cuales salía la droga.
Asimismo, las FARC cobraban impuestos al gramaje y se cercioraban de que, en el flujo de la cadena, los campesinos cocaleros recibieran precios justos por la hoja de coca. Además, frente a algún intento de fortalecimiento de un grupo armado alimentado por la financiación de carteles mexicanos, en los que se pusiera en riesgo el control por rutas y territorio, las FARC se encargaban de someterlos.
Reconfiguración de las dinámicas
Sin embargo, tal como lo previó Pares, tras la salida de las estructuras de las FARC en los municipios en los que históricamente hizo presencia, los carteles mexicanos aprovecharían para intentar extender su presencia en el territorio nacional y buscar hacerse con las rutas del narcotráfico.
Justamente BBC Mundo, para julio de 2019, presentó un artículo en el cual se refuerza la idea de la disputa territorial entre bandas criminales, paramilitares y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que, frente a este panorama, los mexicanos tienen una “ventaja decisiva” pues con su gran capacidad económica entran en el juego para contratar y subcontratar organizaciones colombianas para las economías ilegales.
Pares, frente al caso del departamento de Chocó ubica como principales actores armados ilegales al ELN y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. Además, tiene en cuenta que desde el sur del departamento están entrando disidencias de las FARC.
Eso sí, sin dejar a un lado, la presencia insurgente y paramilitar que data de la década de 1990, en la cuenca del río San Juan. Frente a las dinámicas de violencia, hace hincapié en fenómenos como el desplazamiento y confinamiento, que están victimizando sobre todo a comunidades étnicas.
Chocó un panorama Humanitario en alerta
De hecho, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) señala que “en 2019 Las acciones armadas entre los Grupos Armados Organizados, Grupo Armado No Estatal y Fuerzas Armadas con presencia en el departamento del Chocó, han ocasionado aumento de las necesidades humanitarias, escenarios de riesgo en la población civil y otras violaciones a los DD.HH., evidenciando el deterioro de la situación humanitaria”.
El panorama sobre el desplazamiento y el confinamiento es dramático, con respecto al año 2018 en el que se presentaron 2.055 casos de Confinamientos y restricciones a la movilidad; en 2019 —según OCHA— ya se registran 7.849 casos, un aumento del 282%.
Frente al desplazamiento masivo la situación no es para nada alentadora. Para el año 2018 se registraron 266 casos y para 2019 ya se han registrado 899; configurando un aumento de 238%. Además, se ha registrado la amenaza de 35 personas y 11 homicidios intencionales de civiles.
Ahora, frente a la victimización de comunidades étnicas, el confinamiento ha afectado este año a 5.617 indígenas y 2.232 afrocolombianos. Sobre el desplazamiento, la totalidad de las víctimas son comunidades indígenas. Por su parte, la situación de los niños, niñas y adolescentes ha dejado un saldo de afectaciones a 426 casos de desplazamiento y 559 de confinamiento.
Finalmente, OCHA ubica que la responsabilidad de los actores armados pesa en un 80% sobre enfrentamientos entre el ELN y el ELN. El 13% por combates entre las FFMM y el ELN. El 4% por las AGC y el 3% por otras estructuras armadas.