Por: Walter Aldana Político social alternativo
Señores:
Ejército de Liberación Nacional Comando Coordinador de Occidente Columna Móvil Dagoberto Ramos Columna Móvil Jaime Martínez Frente Carlos Patiño Águilas Negras Autodefensas Gaitanistas de Colombia
Inicio reconociendo que no sé si se me escapa el nombre de alguna otra agrupación armada con presencia en nuestro departamento.
La presente columna de opinión política y social, dirigida a ustedes, espera que por su difusión y conocimiento de ella en las zonas donde hacen presencia, pueda ser respondidacon el mismo respeto y la claridad con que me dirijo, comprometiendo solo mi nombre, como ciudadano y amigo de procesos comunitarios de colectivos hoy preocupados por el accionar cotidiano de sus unidades.
En más de cinco décadas de guerra en el país, y obviamente en los campos de Colombia, tuvimos cerca de ocho millones de víctimas del conflicto armado. Los sucesivos Gobiernos, durante este tiempo, encontraron en el conflicto y sus dificultades de orden público la excusa para no desarrollar ni invertir dineros que propiciaran ingresos para una vida digna del campesinado, los sectores urbanos, los pueblos afros e indígenas, entre otros. La deuda social del Estado centralista así lo confirma, y de esta manera ahoga a las regiones en la pobreza y falta de oportunidades.
La negociación en el 2016 con las FARC-EP fue un nuevo aliento de esperanza para las generaciones futuras: tendríamos un país sin guerra, con intereses variados, sí, pero con otras formas diferentes a las violentas para solucionarlas. Sin embargo, esta es una oligarquía pusilánime, falta de grandeza, incluso con quienes desde la “legalidad democrática” pretendemos ayudar a construirla. Según cifras de la JEP, han sido asesinadas más de 700 personas líderes y defensoras de derechos humanos y alrededor de 300 excombatientes también han sido víctimas de violencia homicida desde el 2016.
A la salida de muchas personas (o de una gran mayoría de hombres y mujeres) conocidas como combatientes de las FARC-EP de los territorios, la nueva clase emergente capitalista desde inicios del nuevo siglo, ligada al narcotráfico (o mejor, utilizando al narcotráfico), se posicionó desde un discurso antiacuerdos en el momento en que vieron la centralidad de aspectos como verdad, justicia y reparación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Centro de Memoria Histórica y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el marco del conflicto armado.
Hoy, ante la incertidumbre que camina las veredas y los campos de nuestro rebelde y digno Cauca, me dirijo a ustedes en el interés de conocer pública respuesta a las garantías que lamentablemente no da la institucionalidad, y que requerimos desde los cabildos indígenas, los consejos comunitarios afros, las juntas de acción comunal y las organizaciones de la sociedad civil para que, independientemente de la ideología que profesen las y los candidatos a corporaciones públicas, puedan desarrollar su proselitismo electoral; y que no sea el miedo al accionar de las armas portadas por ustedes una limitante para presentar propuestas y alternativas de desarrollo.
Reconocer la dirigencia social, no atentar contra su integridad física, sus organizaciones, sus cosmovisiones, sus símbolos y propuestas construidas comunitariamente… es el inicio de una Colombia más humana.
Con respeto, solicito respuesta pública de parte de ustedes a este clamor social.
* Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.