Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador nacional
Línea Democracia y Gobernabilidad
Luego de un tropezado proceso para la elección del contralor general, este jueves se dio a conocer que el elegido para ocupar dicho cargo es Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien obtuvo 260 votos de 147 que necesitaba para quedar elegido.
Rodríguez es abogado de la Universidad Santiago de Cali, especializado en derecho administrativo y magíster en derecho constitucional, ha sido concejal de Palmira, diputado de la Asamblea Departamental del Valle (2001-2003), miembro del consejo directivo de la Caja de Compensación Familiar del Valle, secretario de Planeación de la Gobernación del Valle, contralor departamental del Valle, defensor regional del pueblo y director nacional de defensoría pública de la Defensoría del Pueblo. Su cargo más importante fue cuando fue nombrado como auditor general en 2017.
Luego de los múltiples señalamientos dirigidos hacia María Fernanda Rangel, quien también aspiraba a ocupar el cargo, Rodríguez Becerra recibió el apoyo público de las bancadas del Partido Liberal, el Partido Conservador, La U, Centro Democrático, Mira, Pacto Histórico, Partido Comunes y los integrantes de las 16 curules de paz. Así, consiguió las mayorías que necesitaba en la plenaria del Congreso en la que se hizo la elección del nuevo contralor general.
El tropezado proceso de elección
El proceso de elección generó críticas luego de que un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara que se debía rehacer la lista de los 10 finalistas inicialmente seleccionados, por no cumplir el principio de mérito y la equidad de género, esto fue resuelto por la comisión accidental encargada de este tema del Congreso 2018-2022, pero el presidente del nuevo Senado, Roy Barreras, emitió una resolución para rehacer, nuevamente, la lista de los 10 aspirantes. De acuerdo con Barreras, el proceso contaba con irregularidades y para la conformación de la lista no se tomaron los principios establecidos en la Resolución 001 de 2022 de transparencia, mérito y género para la conformación de la lista de finalistas.
La decisión de Roy Barreras fue señalada de ser irregular, porque la Ley 1904 de 2018, que establece las reglas de elección del contralor general, dicta que esta debe ser conformada por una comisión accidental del Congreso del periodo anterior al que debe hacer la elección. En este caso, por una comisión accidental del Congreso que terminó sus funciones el pasado 20 de julio. Pese a ello, con la Resolución 001 del 01-08-2022, se reintegró una comisión accidental para reconformar la lista de 10 aspirantes a contralor general. Ante el llamado a algunos senadores y representantes a la Cámara para conformar esta comisión, varios renunciaron a ello por el temor a incurrir en un prevaricato, es decir, actuar de forma arbitraria a pesar de ir contra la ley o ser injustos. Además de ello, directamente los partidos de Cambio Radical y Centro Democrático se negaron a participar del proceso de conformación de la comisión accidental.
Aún así, Roy Barreras y el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, hicieron la conformación de la comisión accidental que el 4 de agosto eligió la lista de 10 finalistas para el cargo de contralor general. Sin embargo, por las posiciones de algunos congresistas y de los partidos políticos mencionados en el anterior párrafo, esta elección se hizo con la participación de 25 congresistas de 36 que lo debían hacer. De esa lista de 10 aspirantes quedó elegido Carlos Hernán Rodríguez Becerra, pese a tener varios cuestionamientos a su espalda.
Unos cuestionables nexos políticos
Durante su trayectoria se destaca la cercanía política que ha tenido con Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 10 años. En 2008, Carlos Hernán Rodríguez inscribió la candidatura de Abadía por el movimiento ‘Por un Valle Seguro’, de la mano con Juan Carlos Martínez, condenado por parapolítica. Tras el apoyo de la candidatura de Abadía fue cuando llegó a ser contralor departamental del Valle (2008-2011), investigando a quien había apoyado. Esa cercanía cobra relevancia al tener Abadía procesos en la Contraloría General, como señaló Yohir Akerman.
Fuente: Consejo de Estado
Siendo contralor departamental fue señalado de omitir evidencias de un detrimento patrimonial que ocurrió en la Licorera del Valle. Pese a que correspondía a su jurisdicción, la Contraloría General de la República fue la que emprendió un proceso de responsabilidad fiscal en contra de la junta directiva de la Industria de Licores del Valle. El daño patrimonial al Departamento del Valle se calculó en $107.231 millones, por la ejecución del contrato 20080035.
Si bien él fue uno de los que alertó las irregularidades, la Procuraduría señaló una presunta falta de control fiscal por parte de Rodríguez Becerra en este caso. Según el Nuevo Siglo, para 2017, “el ente de control determinó en ese momento que Rodríguez omitió graves evidencias de un detrimento patrimonial y que por ende debería ser investigado por la Procuraduría, proceso que arrancó, pero no ha avanzado”. Esto se pudo confirmar con el fallo en segunda instancia de Responsabilidad Fiscal 6-007-11, que en su artículo 5 estableció:
Fuente: Procuraduría
Sin embargo, se desconoce el estado del proceso, toda vez que Rodríguez Becerra no aparece con antecedente disciplinarios.
Escándalo de Foncolpuertos
De acuerdo con el Proceso 29600 de 2008 de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Hernán Rodríguez instauró demandas en representación de Édgar Mejía Cáceres, Ramón Emilio Morales, Manuel José Mosquera, Daniel Gamboa, Pedro Caicedo Vargas y Mario Caicedo López en contra del Fondo de Pasivo Social de la empresa de Puertos de Colombia en Liquidación (Foncolpuertos), presentando documentos públicos falsos que llevaron a que Manuel Eduardo Hernández, titular del Juzgado 2 laboral del circuito de Buenaventura, Valle del Cauca, fallara en favor de ellos y se les hiciera una reajuste de su pensión, generando un detrimento en los recursos de Foncolpuertos. Los seis representados eran pensionados de la empresa Puertos de Colombia.
En el proceso se señala que Carlos Hernán Becerra mantenía una relación sentimental con la secretaria del Juzgado en cabeza de Manuel Hernández, quien permitió, pese a ese impedimento, que ella continuara participando en las demandas instauradas:
Eso llevó a que se le abriera un proceso por peculado por apropiación que lo encontró culpable e inhabilitó en 2016 para ejercer como abogado por 9 meses. Cabe mencionar que el escándalo consistió en que funcionarios de Puertos de Colombia (Foncolpuertos) se unieron para desfalcar al Estado por varios cientos de miles de millones de pesos. Lo fallos judiciales como el que se vieron beneficiados los apoderados de Rodríguez Becerra, de acuerdo con El Espectador, “permitieron la apropiación ilícita de por lo menos $2.228 millones por parte de exfuncionarios de la entidad”.
Fuente: Rama Judicial
Fuente: Rama Judicial
Proceso por estafa agravada
Al proceso por peculado cabe sumarle otro proceso penal con número 52835310400219950722601, por falsedad, hurto y abuso de confianza y que se resolvió en etapa de casación. De acuerdo con el proceso 18429 de 2001 de la Corte Suprema de Justicia, en el año 2000 el Juzgado Primero Penal del circuito de Tumaco condenó a Carlos Hernán Rodríguez a 101 meses de prisión y una multa de $300 millones por el delito de falsedad, estafa, hurto y abuso de confianza. Después, el Tribunal Superior de Pasto le absolvió el delito de estafa.
El hecho por el que se dio la condena fue por una demanda instaurada por Ernesto Leandro Sinisterra, en representación de la Asociación de Jubilados de la Terminal Marítima de Tumaco, quienes le solicitaron a Reinaldo Ramírez Funemayor, Milton Angulo Arias, Julio César Riascos y Carlos Hernán Rodríguez adelantar un proceso de liquidación pensional frente a la Terminal Marítima de Tumaco. Ante esto, la terminal le giró unos recursos a Riascos que no fueron entregados a quienes solicitaron sus recursos.
Fuente: Rama Judicial
Si bien el caso se resolvió en etapa de casación, se conoce que no se le impugnó la condena a Julio César Riascos. Sin embargo, se desconoce la decisión tomada respecto a la condena de Carlos Hernán Rodríguez o si, en todo caso, la cumplió.
Con este prontuario fue elegido Carlos Hernán Rodríguez como contralor general, al que el periodista Gonzalo Guillén señala de haber tenido nexos con narcotraficantes del cartel del Norte del Valle del Cauca por intermedio de Édgar Salazar. Señalamiento al que se le une uno relaizado por Pablo Bustos, de la Red de Veedurías de Colombia, quien sostuvo que la esposa de Rodríguez Becerra, Lina María Bedoya Gutiérrez, también tuvo vínculos con narcotraficantes.