Por: Laura Cano
Periodista Pares
En la tarde del pasado lunes, 28 de marzo, se informó por parte del ministro de Defensa Diego Molano, el Ejército Nacional y el presidente Iván Duque que en operaciones en Puerto Leguízamo, Putumayo, habían sido dados de baja 11 integrantes de los Comandos de la Frontera de las disidencias de las Farc, y, asimismo, 4 personas más habían sido capturas.
Sobre el hecho también se dijo que "una mujer perteneciente a esa estructura delincuencial, y que fue herida en combate, estaba en embarazo y por consiguiente fue trasladada a un centro asistencial". Además, se confirmó que un soldado resultó herido. Adicionalmente, se afirmó que la Fiscalía ya adelanta acciones judiciales en contra de las personas capturadas.
Ahora bien, en las últimas horas fue denunciado por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) que en la operación en la que murieron presuntos disidentes de las Farc habría sido realmente un “falso positivo”, pues las personas que habían perdido la vida eran campesinos y una autoridad indígena, quienes hacían parte de una reunión de personas de la zona que se habían encontrado en medio de un bazar que tenía como fin recaudar fondos para mejorar las vías del pueblo. "El Ejército llegó a la vereda donde se encontraban unos habitantes de la zona realizando un bazar en una caseta comunal, adyacente a una cancha de fútbol de uso de los vecinos”, se aseguró en medio de una transmisión en vivo por Facebook en la que participaron familiares de algunas de las víctimas.
Adicionalmente, en la denuncia de la OPIAC se informó que entre las víctimas del ataque se encuentran Divier Hernández, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Alto Remanso; su esposa, Ana María Sarria; y la autoridad indígena y Gobernador del Pueblo Kitcwhwa, Pablo Panduro Coquinche. Por su parte, la Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo aseveró que otra de las personas asesinadas en este hecho es Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; y Óscar Olivo Yela. Asimismo, informaron que algunas de las personas heridas son Willinton Galíndez, Vanessa Rivadeneira Reyes y Nora Andrade.
Por otra parte, desde la OPIAC también se aseguró que Pablo Panduro Coquinche pertenecía al Pueblo Kitcwhwa y, además, realizaba distintas labores en su comunidad. Asimismo, la organización solicitó "al Ejército Nacional que cese de manera inmediata el homicidio a través de la modalidad de FALSOS POSITIVOS, de la población civil del municipio de Leguízamo en el Putumayo, y en especial en contra de la población indígena y sus autoridades. Al Ministerio de Defensa que se retracte de sus declaraciones y aclare que las personas asesinadas por el Ejército Nacional no eran guerrilleros sino población civil".
A esto se sumó el llamado a la Fiscalía para que investigue las condiciones en las que se dio este hecho, y a la Procuraduría para que investigue a los miembros de la Fuerza Pública que participaron en la acción militar, así como a quienes la planearon.
Ahora bien, vale la pena recordar que esta no es la primera vez que se le implica al Ejército con hechos similares. Uno de esos casos fue el de Dimar Torres, un excombatiente de FARC que se encontraba en proceso de reincorporación, y quien se encontraba radicado junto con su esposa e hijos en Convención, en la subregión del Catatumbo. Torres participaba activamente de la vida comunitaria y de los procesos de reincorporación con las Naciones Unidas.
Dimar Torres fue encontrado asesinado el 22 de abril de 2019 en un hecho lleno de inconsistencias. Pues solo fue por la insistencia de la comunidad que se conoció que uniformados le habían quitado la vida al firmante, pues los soldados negaron insistentemente saber de Dimar y de unos disparos que escucharon los campesinos.
Según versión de la comunidad, se encontró un hueco en la tierra recién cavado en donde yacían las herramientas de trabajo que Dimar había salido a buscar cuando partió de su casa. Impresionados por este hallazgo, continuaron la búsqueda y cinco minutos después hallaron un cuerpo tendido en el suelo y junto a él una motocicleta. En efecto, se trataba de Dimar, a quien le habían disparado en la cabeza y se encontraba con su torso totalmente desnudo.
Hoy, dos años y medio después, el Ejército sigue negando responsabilidad institucional en el asesinato de Dimar Torres. Por otro lado, el 27 de enero de 2020 un juez de control de garantías de Bogotá acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento intramural contra cuatro militares: el coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita y los soldados Yorman Alexander Buriticá Duarte, Cristian David Casilimas Pulido y William Andrés Alarcón Castrillón.
La Fiscalía obtuvo elementos de prueba que permitieron conocer que el oficial quería vengar la muerte de uno de sus hombres en una supuesta acción del ELN de la que había participado Torres y, en ese sentido, habría pedido actuar en su contra. Así está documentado en varios testimonios, en la versión del cabo Daniel Eduardo Gómez, quien reconoció su participación en el crimen; y en algunas interceptaciones telefónicas.
En una de las comunicaciones conocidas, el coronel Pérez Amézquita habría señalado: “no hay que capturarlo, hay que matarlo. No aguanta que se vaya a engordar a la cárcel”. Por estos mismos hechos, el cabo Daniel Eduardo Gómez fue condenado a 20 años de cárcel, luego de aceptar que disparó contra Dimar Torres. También hay que traer a colación que en abril de 2021 la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por 20 años contra el coronel (r) Jorge Armando Pérez.
Como se mencionó, este tipo de hechos no son nuevos en el Ejército, incluso en su nombre e historia cargan las implicaciones de ser los responsables de miles de casos de ejecuciones extrajudiciales contra jóvenes de distintas zonas del país, por lo que estas acciones se hacen cada vez más cuestionables dentro de las dinámicas de esta institución. Ahora, con este caso, se espera que se resuelva con prontitud y se establezca qué fue lo que realmente sucedió, y se identifiquen y judicialicen a los responsables materiales e intelectuales.