Por: Laura Cano Periodista – Pares
Cali se ha convertido en un epicentro de la protesta social: organizaciones sociales, barriales, de estudiantes, entre otras, se han venido organizando desde el pasado 28 de abril en diferentes puntos de la ciudad. Con el pasar de los días ha quedado en evidencia la organización de la movilización en la capital del Valle del Cauca, pero también la constante violación a los derechos humanos en medio de la coyuntura actual.
Durante estos días de paro nacional, Cali ha sido una de las zonas desde donde más denuncias han llegado acerca de la violencia contra los y las manifestantes. Hay que recordar, por ejemplo, los últimos días de abril y los primeros de mayo, cuando en sectores como la Luna, el Lido y el Cortijo se vivieron graves abusos por parte uniformados. Incluso varios de ellos fueron señalados por disparar con armas de fuego contra civiles.
Tan solo en la ciudad de Cali, desde el 28 de abril han sido asesinadas las siguientes personas bajo la presunta responsabilidad de la fuerza pública o de civiles armados: Marcelo Agredo Inchima, Cristian Alexis Moncayo Machado, Yarli Parra Banguera, Pol Stiven Sevillano Perea, Jeisson García, Miguel Ángel Pinto Mona, Rosemberg Douglas, Edwin Villa Escobar, Heinar Alexander Lasso Chará, Jovita Osorio, Yinson Andrés Angulo Rodríguez, Santiago Moreno Moreno, Joan Nicolás García Guerrero, Harold Antonio Rodríguez Mellizo, Cristian Arturo Hinojosa Murillo, José Emilson Ambuila, Kevin Anthony Agudelo Jiménez, Javier Alonso Uribe Díaz, José Yesit Acevedo Santamaría, Julio Cesar Caicedo Salguero y Angie Yohanna Valencia Ordóñez.
Asimismo, hay que resaltar que durante la conmemoración del primer mes del paro nacional, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, informó que al menos 13 personas murieron durante la jornada de protestas de ese día. Sobre esta situación se refirió también Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali, quien aseguró que: «En el sur de la ciudad tuvimos un verdadero escenario de confrontación y de casi una guerra urbana donde muchas personas no solamente perdieron la vida, sino que también tuvimos una importante cantidad de lesionados».
Se han presentado hechos de tal gravedad como los cortes de energía e internet mientras en las calles sonaban disparos incesantes, así como la desaparición de más de 120 personas en lo que va de este paro nacional, según cifras de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz. Entre tanto, la Personería de la ciudad ha comunicado que desde el 28 de abril hasta finales de mayo se habían recibido 19 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 15 ya habrían aparecido.
Adicionalmente a todo esto, otra de las realidades que ha marcado la movilización en Cali ha sido la presencia de civiles armados. Se presume que algunos de estos grupos de civiles serían responsables de parte de los asesinatos de las personas mencionadas anteriormente. Además, estos grupos de civiles armados parecieran estar actuando bajo la complicidad de la Policía, pues en varios videos que han circulado en redes sociales, principalmente, ha quedado en evidencia cómo estas personas hacen uso de sus armas incluso estando a poca distancia de uniformados.
«Frente a los videos que se han conocido en redes sociales, en los que se observan algunos ciudadanos usando armas en el sector de Ciudad Jardín, y en el que se evidencia la presencia de la fuerza pública, se ha dispuesto la respectiva investigación por parte de la Inspección General de la Policía Nacional y de la Justicia Penal Militar», aseveró el general Jorge Ramírez, inspector general de la institución a través de las redes sociales de la Policía Nacional el pasado 28 de mayo.
Cali es, sin duda, una de las ciudades que más ha estado atravesada por la violencia en estos días de protesta social. Por esta razón, múltiples sectores han insistido en el diálogo, al cual han accedido tanto el alcalde de la ciudad como la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quienes junto a la Unión de Resistencias Cali – Primera Línea Somos Todos y Todas han venido adelantando diálogos desde el 25 de mayo en búsqueda de llegar a acuerdos, tanto desde lo que piden las personas en las calles, como desde lo relacionado con la solicitud de algunos sectores sobre el desbloqueo de las vías.
Siendo esto así, el día de ayer se conoció que, tras los encuentros realizados, se acordaron las garantías para la construcción de acuerdos, así como para la institucionalización de la Mesa de Diálogo. Además, se lee en el comunicado publicado por Jorge Iván Ospina que: “se reconoce a la Unión de Resistencias Cali – Primera Línea Somos Todos y Todas como un movimiento autónomo de los puntos de resistencia para su diálogo con la Alcaldía Distrital de Cali y la sociedad; se crea un Canal de Salvaguarda de Vidas para realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas en el marco de la protesta social; y se conforma una Comisión de Derechos Humanos para el esclarecimiento de hechos ocurridos durante la protesta en la ciudad de Cali. Adicionalmente, entre otras disposiciones, se institucionaliza la Mesa de Diálogo que será un espacio inclusivo y participativo para la definición de agendas concertadas para buscar la inclusión social y brindar garantías de participación».
Hay que recordar que previo a esto, el presidente Iván Duque visitó la capital del Valle del Cauca. Estando allí anunció que desde la noche del 29 de mayo ordenaba el despliegue de asistencia militar en la ciudad y en el departamento. Además, y a pasar de todo el panorama de violación de derechos humanos, el mandatario aseguró que procuraría el desbloqueo de las vías para “la protección de derechos de los ciudadanos”. Para cumplir este propósito, desplegó 7.000 miembros de la Fuerza Pública, entre ellos de la Armada Nacional.
Además, en medio de este contexto, también se dio el nombramiento del nuevo secretario de Gobierno de Cali: Carlos Javier Soler Parra, quien es coronel retirado del Ejército y abogado de la Universidad de San Buenaventura, además de haber sido asesor de los miembros de la fuerza pública en la mesa de negociación en el proceso de paz con las Farc en La Habana. También fue asesor de la comisión negociadora en los diálogos exploratorios entre el ELN y el Gobierno que se realizaron en Ecuador y en Cuba.
Para Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), este nombramiento, en el marco del contexto actual de Cali, “genera mucha desconfianza, pues es un espaldarazo al uribismo y al pedido del Centro Democrático de tener militares en la cabeza de las instituciones”.
Como si fuera poco, pocas horas después de conocerse que se había concretado la Mesa de Diálogo, se informó que en dos de los puntos de concentración más constantes en Cali —Puerto Resistencia y el Paso del Comercio— se habían presentado hechos muy similares y de igual gravedad.
Por un lado, en el Paso del Comercio, pasada la medianoche se registraron unos disparos que presuntamente habrían sido accionados por civiles que iban en una motocicleta. En este hecho, dos jóvenes fueron asesinados. Uno de ellos fue identificado como Jhoan Stevens, quien haría parte de la Primera Línea. Por todo lo que ha venido sucediendo en esta zona de la ciudad, al sitio no se permitió el ingreso de la Policía ni de la Fiscalía, y se solicitó la presencia de la Arquidiócesis de Cali para la entrega de los cuerpos.
Por otra parte, en circunstancias similares, civiles con armas de fuego habrían atacado a personas que bloqueaban la zona conocida como Puerto resistencia. En estos hechos, dos personas habrían resultado heridas y fueron posteriormente trasladadas al Hospital Universitario Fundación Valle del Lili. En el sitio también habrían sido asesinadas dos personas. Frente a esto, el general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que «representantes de los Derechos Humanos confirmaron que habían hallado dos cuerpos en la zona, pero algunas personas no permitieron el ingreso de la Policía Judicial ni del CTI de la Fiscalía para el levantamiento y los cadáveres fueron entregados a la Cruz Roja”.
Lo que demuestra este panorama es que si no hay una voluntad completa para la protección de quienes se manifiestan en las calles va a ser muy difícil avanzar, incluso con la instalación de mesas de diálogo, pues se ha demostrado, por ejemplo, que en Cali los civiles armados son un riesgo latente. Esta realidad debería dar paso a que la regulación y las sanciones contra quienes están cometiendo este tipo de acciones violentas contra los y las manifestantes se convierta en una prioridad.
Juan Manuel Torres explica que “pareciera haber un interés del Gobierno nacional para que no prosperen estos canales de diálogo, porque el Gobierno solo quiere seguir con la represión constante y el acoso contra los puntos de concentración. Posiblemente estos ataques que se dieron anoche en estos puntos, que son los que más se han mantenido, pueden leerse como un saboteo que genera más desconfianza en el ambiente, lo que termina limitando los diálogos locales y departamentales”.