La entrega de armas individuales de las Farc y el inicio de la búsqueda de las 949 caletas de esta guerrilla, son los hechos que más resalta la Fundación Paz y Reconciliación en su segundo informe ‘Cómo va la paz’, que evalúa la implementación de los acuerdos de paz, firmados el 24 de noviembre pasado, durante el último trimestre.
Aunque el balance de este período de tiempo es positivo, son varias las advertencias expuestas en el informe de Paz y Reconciliación, sobre todo, en lo que compete a la seguridad de los miembros de las Farc, así como la de los líderes sociales y defensores de derechos humanos; la presencia del Gobierno en las llamadas zonas postfarc, y el aumento de grupos armados ilegales y de delincuencia común en estos territorios.
El informe ‘Cómo va la paz’ resalta que, en el proceso de dejación de armas individuales, la relación de arma por combatiente fue de uno por uno, calificándolo como “un hecho sin precedentes en todos los procesos de paz que se han llevado a cabo en el mundo”. para sustentar tal afirmación, toma como ejemplo dos procesos: el de los paramilitares en Colombia y el de Afganistán.
Sobre el primero, señala que, además de tomar tres años (entre 2003 y 2006), la cantidad de armas entregadas por 31671 combatientes fueron 18051, es decir, casi dos paramilitares por cada arma. En cuanto al de Afganistán, que era el proceso de dejación de armas que tenía una relación más alta de armas (0.76 por cada combatiente), 63000 desmovilizados entregaron 47575 armas. Además, el informe señaló que en el proceso de las Farc esta cifra aumentará cuando se ubiquen todas las caletas.
Además, también resaltó que el cese al fuego bilateral ha sido efectivo, pues “en los 281 municipios priorizados para el posconflicto se pasó de 3.507 homicidios a 3157. Igualmente, en muchos de estos municipios los secuestros descendieron hasta llegar a cero”. Pero, a pesar de estos indicadores que muestran que la implementación va por buen camino, el informe también hizo varios llamados de atención al Gobierno para que atienda las necesidades más urgentes en algunas comunidades.
La primera de ella es que, aunque el cese al fuego sí se ha cumplido (con algunas excepciones independientes, como ha resaltado la Misión de la ONU en Colombia en repetidas ocasiones), las zonas que dejaron las Farc están siendo copadas por otros grupos armados ilegales -incluyendo a las disidencias de esta guerrilla-, lo que pone en riesgo la seguridad en estos territorios.
Así, la Fundación Paz y Reconciliación explica que en los 242 municipios en los que hacía presencia las Farc, “se esperaba que estos espacios fueran ocupados por la institucionalidad, sin embargo, hacia estos territorios se han estado desplazando otras estructuras ilegales”. Doce municipios han sido ocupados por el Eln, 74 por grupos armados organizados (GAO, antes llamadas por el Gobierno como bacrim y que varios han señalado como grupos paramilitares), zonas donde ha aumentado la delincuencia común (lo que el informe define como “anarquía criminal”) y otras donde se está “consolidando el Estado”.
Sobre los municipios donde ha aumentado la presencia de bandas criminales, el informe explica que esto se debe a que son territorios donde hay actividad económica ilegal, como “minería criminal y cultivos de uso ilícito”. Además, explica que la forma en la que se expanden grupos como el Clan del Golfo es mediante “la subordinación de grupos más pequeños, que tienen operatividad en el plano local, pero carecen de la capacidad armada y económica para mantener el control de una región de manera independiente (…) Esto permite que la expansión de las estructuras criminales en las regiones no se produzca con altos niveles de violencia, no hay confrontaciones y se hace uso de la violencia de manera selectiva”.
La disidencia de las Farc, explica Paz y Reconciliación, tiene alrededor de 310 hombres y hace presencia en Guainía, Vaupés, Guaviare, Meta y Caquetá. El Eln, por su parte, ha copado territorios en Arauca, Norte de Santander y Chocó, aunque “se espera que en la medida en que avance el proceso de paz con esta guerrilla y se materialice un cese bilateral al fuego y de hostilidades, los índices de violencia puedan disminuir”.
En cuanto al avance de la implementación en el Congreso, mediante el mecanismo del fast-track, «la mayoría de leyes y decretos promulgados hasta el momento favorecen a los actores directos del conflicto». Además, señala la importancia de la próxima legislatura, pero alerta que la cercanía del año electoral puede tener un impacto negativo en la implementación de los acuerdos por «las posiciones aparentemente ambiguas de partidos como Cambio Radical y el Conservador sobre lo que queda por aprobar».
Otra alerta que hace el informe es el de la seguridad de los líderes sociales (algo apenas lógico pues, en lo que va de 2017, van 54 asesinados), y asegura que son ataques sistémicos, y no aislados. “Cada cuatro días se comete un homicidio contra un líder social en Colombia y cada dos, hay uno amenazado”, concluye. De todas maneras, también asegura que “se comienzan a ver avances institucionales en seguridad”. Por un lado, el Ejército tiene “una presencia estable en todo el territorio nacional con cerca de 300000 efectivos” y la Policía “cuenta con un despliegue de 172000 policías distribuidos en 8 Regiones en todo el país”.
La conclusión final del informe es que el 10 % del acuerdo de La Habana se refiere a los actores del conflicto, y el 90 % restante, a la sociedad en general, y que es en ese punto donde “aún hace falta trabajar de manera más rigurosa para que las expectativas de transformación de los territorios más olvidados puedan materializarse en acciones de política pública concretas”.