¿Cómo proteger a la sociedad sin volverse contra la misma?

Por: Guillermo Linero Montes. Columnista Pares.

Colombia está malamente en la mira internacional, por cuenta de la incapacidad del gobierno de Duque para garantizar la seguridad de la población civil; es decir, por la falta de una estrategia de defensa efectiva, que dé resultados consecuentes con la dinámica de la realidad criminal.


Pese a ello, si observamos con imparcialidad la realidad política de nuestro hemisferio, y con mayor atención la de aquellos países que nos rodean afectivamente, encontraremos -y así lo afirman politólogos y entendidos en la materia- que la percepción generalizada coincide en que el país, política y económicamente más denigrante, es la República Bolivariana de Venezuela. No en vano cientos de miles de sus ciudadanos están huyendo de allá, y con tanta urgencia que poco o nada les importa si al país que arriban en calidad de refugiados, está igual o peor que el suyo.


Sin embargo, yo me pregunto: ¿acaso en Venezuela matan a un líder social, o a un opositor político cada día?, ¿en Venezuela semanalmente hay una masacre contra personas que de una u otra manera estaban trabajando en un contexto político contrario a los intereses de grupos económicos poderosos o en contravía del mismo gobierno? Creo que, ni siquiera trascendiendo nuestro hemisferio hasta el occidente europeo, encontraremos fácilmente un país con tan elevado índice de atrocidad socio-política como lo tiene el nuestro.


Que asesinen a los líderes sociales y/o activistas políticos, y a quienes han entregado sus armas para apostarle a la paz, de la manera en que lo están haciendo en Colombia –impune, sistemática y folclóricamente- no solo es una aberración en el modelo de una democracia, si en verdad la hubiera; sino también, a mi juicio, es una anomalía de la comunidad internacional. Una comunidad acostumbrada a visualizar los problemas de las poblaciones; pero también a proceder cuando ya es demasiado tarde.


Lo que un civilizado esperaría de la comunidad internacional, aparte de las denuncias y llamados de atención como ya lo han hecho altos funcionarios de la ONU, congresistas de los Estados Unidos y, entre otros, el parlamento inglés, es la actuación pronta frente a cuestiones de barbarie evidente, pues ante estas no deberían existir fronteras y, respecto a la protección de la vida, lo que debería existir es una moral y una ética unificadas.


Bien sabemos, que en Suramérica la guerra fría dio origen a un modelo de defensa politizado, donde los ejércitos actuaban con tanta autonomía administrativa que la amenaza de golpes de estado y su ocurrencia, era parte del potencial intrínseco de los ejércitos y, en tal suerte, cada presidente se cuidaba de escoger su ministro de defensa. Naturalmente, un militar que les sirviera más que para la creación de políticas de defensa, para que le defendiera a sí mismo, trayéndoles las decisiones de las cúpulas militares, en cuanto a defensa y seguridad nacional.


No olvidemos la dependencia del expresidente Julio César Turbay de su ministro de defensa Luis Carlos Camacho Leyva y la de Belisario Bentancur de su ministro Gustavo Matamoros, ambos funcionarios castrenses formados en el ambiente internacional de la denominada Operación Cóndor.


Naturalmente, un militar que le permitiera más que para servirle en la creación de políticas de defensa, para que le defendiera a sí mismo, trayéndoles las decisiones de las cúpulas militares, en cuanto a defensa y seguridad nacional. No olvidemos la dependencia del expresidente Julio César Turbay de su ministro de defensa Luis Carlos Camacho Leyva y la de Belisario Betancur de su ministro Gustavo Matamoros, ambos funcionarios castrenses formados en el ambiente internacional de la denominada Operación Cóndor.



Q

e asesinen a los líderes sociales y/o activistas políticos, y a quienes han entregado sus armas para apostarle a la paz, de la manera en que lo están haciendo en Colombia –impune, sistemática y folclóricamente- no solo es una aberración en el modelo de una democracia, si en verdad la hubiera; sino también, a mi juicio, es una anomalía de la comunidad internacional.

Lo cierto es que, ya acabada y lejana la guerra fría, los ministros de defensa pasaron de ser intermediarios entre la cúpula militar y los gobiernos para ser lo que en esencia siempre deberían ser: intermediarios entre el gobierno y la sociedad civil. Una intermediación necesaria para mantener el orden constitucional; pero, especialmente para proteger y garantizar los derechos y libertades de todos los residentes de un país.


De ahí la preferencia de los gobiernos democráticos por el nombramiento de ministros ajenos a la formación militar y conocedores de la realidad civil; es decir, conscientes de las causas sociales que dan pie a los hechos suscitadores de políticas de defensa y seguridad, bien basadas en el uso de la fuerza -al estilo de los ministros de la Operación Cóndor- o bien basadas en la promoción de la paz -según el modelo de los estados democráticos de derecho-.


Un cambio de agujas hacia el camino de las democracias modernas, cuyo soporte organizacional reside en la defensa de los derechos humanos, dándole solución a los conflictos por medio del diálogo y descontando las manías represivas. Colombia, que es un estado social de derecho, en correspondencia con esos principios, ha de privilegiar a los ciudadanos (estado social) y a la constitución (estado social de derecho) y no a los gobernantes, ni a los militares, cuya estricta tarea es cuidar esos principios.


No por otra razón los gobiernos que, siendo fieles a la constitución y a las leyes, poseen la cualidad de reaccionar rápida y positivamente a los problemas de los ciudadanos, generan confianza o, para decirlo con un término que además de la responsabilidad incluye la sensibilidad, generan responsiveness. Un concepto geopolítico que pareciera alertar a los gobernantes subrayándoles que antes de tomar decisiones deben captar los mensajes emitidos por el pueblo que los eligió. A Duque por ejemplo, se le pidió en materia de defensa el desmonte del Esmad, la desconsideración del uso del glifosato y la protección a los líderes sociales.


“El concepto de responsiveness -Así lo explica la investigadora uruguaya de ciencias políticas, Dominique Romeau- toma sentido a partir de la emisión por parte del ciudadano de sus preferencias a través de mensajes o señales. Éstas pueden provenir directamente de la ciudadanía, caso en el que el gobierno puede captarlas a través de sondeos de opinión pública, o provenir de los propios partidos políticos en la medida en que durante el período de campaña electoral se comprometan a la realización de determinadas políticas públicas”.*


De ahí la importancia de los ministros de defensa, por cuanto en ellos recae la más seria de las asesorías al presidente, como es crear políticas públicas de defensa y seguridad nacional. De tal suerte, el nombramiento de un nuevo ministro de defensa –el doctor Diego Molano- ha puesto a pensar a muchos en que, tal vez, cambie de alguna manera la política del gobierno en ese flanco administrativo.


Con todo, resulta obvio que en un sistema donde el presidente es rey –el presidencialismo- los ministros escuchan y obedecen; de modo que esperar a que cambie la política militar de un gobierno porque cambia el ministro de defensa, es ingenuo. Si hubiera cambios, porque suelen ocurrir, siempre serían por decisión exclusiva del mandatario, no importa si por seguir el consejo de su ministro, o porque siguió el suyo o el de otro que le domina.


Desde la lógica no es difícil hacerse esta pregunta, cuyo tono encierra la respuesta: ¿qué puede esperarse de un ministro enemigo de las marchas y de la minga indígena, a quienes no duda en calificar de manera explícita e implícita en sus comentarios de terroristas? Sin ser maquiavélico imagino, para evacuar las opciones malignas, que el nombramiento de un ministro de ese talante, debe conformar una estrategia para contener sin reparos las marchas que se dinamizarán con la vacunación masiva si alcanzara a haberlas.


Hay países que le dan tranquilidad y paz a su pueblo porque viven bien y se divierten sanamente (social bacanería le llaman los pacatos); y hay otros que la fundan en la represión y el miedo y la única música que permiten, qué paradoja, es la producida por las cornetas de los minutos de silencio. La primera es un proceso necesariamente limpio de corrupción, cuyo principal motor es la educación.


La segunda, es un escampadero del hampa, de quienes no escuchan sino sus propias precariedades y su principal motor es estimular los ánimos políticos vengativos. Yo me pregunto: ¿si al nuevo ministro le parecen terroristas las manifestaciones sociales, qué opinión tendrá de los líderes sociales?


En una entrevista que diera para Noticias Caracol, dejó en claro su prioridad; emplearse a fondo contra los micro traficantes –que son jóvenes desempleados, entre 16 y 25 años, provenientes de hogares desarmados por la pobreza, por la indolencia gubernamental y recientemente por los estragos de la pandemia- y no contra los grandes narcotraficantes, a quienes piensa atacar fumigando con glifosato las huertas de los campesinos.


 

 
EL CONTROL CIVIL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFENSA: UN MODELO DE ANÁLISIS BASADO EN LA TEORÍA DEL PRINCIPAL – AGENTE T. Dominique Rumeau (Docente e investigadora del Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. E-mail: domirumeau@fcs.edu.uy)