Por: Sebastián Mora, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad – Pares
Hace unos años, el Contralor General de la República era elegido por el Congreso de una terna nominada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; pero eso cambió el 27 de junio de 2018, día en que se sancionó la Ley 1904, que reglamenta la convocatoria y elección de Contralor.
Como novedad, se definió que una universidad (en este caso fue la Universidad Industrial de Santander) aplicara un sistema de evaluación que permitiera medir el mérito de los candidatos. En él, se debe ponderar el nivel académico, la experiencia profesional y la producción académica de cada postulante, con el fin de servir de filtro antes de la elección final por parte del Congreso, lo que le dio un carácter clasificatorio.
La prueba de conocimiento era eliminatoria y solo pasaban quienes hubieran sacado como mínimo 75 puntos de 100. Así, de todos los candidatos, la Universidad seleccionaría al menos 20. Después, una comisión accidental del Congreso eligiría 10 para ser puestos a consideración de las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.
Hasta este punto todo parece un proceso objetivo. Sin embargo, desde el Congreso se empezó la aplicación de maniobras políticas que benefició a los candidatos del Centro Democrático, siendo José Felix Lafaurie su abanderado principal.
Como primera medida, el 19 de julio sancionaron una resolución que modificaba la Ley 1904 y excluía el numeral 6 del artículo 4 que reza: “(…) En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección de Contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos.” Días después, el 26 de julio, fue modificada la calificación mínima del examen de conocimiento, bajando de 75 puntos a 60.
Lo anterior fue una habilitación expresa para José Felix Lafaurie, ya que su esposa es María Fernanda Cabal, actual senadora del Centro Democrático. Con Lafaurie, son cuatro los opcionados a Contralor del Centro Democrático. Dos de ellos, Alonso Pío Fernández y Marco Antonio Velilla, no hubiesen podido estar entre el grupo de 10 inicialmente, pues sus puntajes en la prueba académica fueron menores a 75 puntos.
De hecho, el único candidato del partido de Uribe que cumplía con las reglas iniciales de elección es Carlos Felipe Córdoba.
Todo esto deja en evidencia que, aunque la nueva forma de elección se basa en un proceso más objetivo y técnico, el Gobierno y la mesa directiva del Congreso siguen teniendo una potestad importante para controlar la elección del Contralor, ya que pueden cambiar las reglas de juego a medida que avanza el proceso.
Si José Felix Lafaurie es elegido como Contralor General de la República, será claro que fue beneficiado por la mesa directiva del Congreso. Esto resulta preocupante teniendo en cuenta que sería el encargado de hacer control fiscal a un Congreso y Gobierno cuyos presidentes, e incluso miembros de su familia, hacen parte de su mismo partido: el Centro Democrático. Adicionalmente, Lafaurie ha sido mencionado en casos de corrupción privada en Fedegan y ha tenido como asesor a José Miguel Narváez, recientemente condenado por el crimen de Jaime Garzón, lo que restaría legitimidad a la Institución y sus actuaciones.
Comments