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Autonomía de las comunidades, un debate aplazado

Por Claudia Carrión y Camilo Andrés Peña


En el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, diseñado por el gobierno de Iván Duque para sus cuatro años de mandato, se insiste en la descentralización y el fortalecimiento de las entidades territoriales. Incluso, hay un capítulo completo llamado ‘Pacto por la descentralización’.


Uno de los sectores que tradicionalmente tienen un espacio importante en esta discusión son las comunidades indígenas. Como lo establece la Ley orgánica del Plan de Desarrollo en sus principios generales, se reconoce la autonomía de los entes territoriales y por consiguiente los de las entidades territoriales indígenas, así como se apela a hacer efectivos los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad.


El centralismo en las políticas públicas


En el PND 2014-2018 se concertó un presupuesto indicativo de 8 a 11 billones de pesos para su ejecución, inclusión de seis artículos en la Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan y 169 acuerdos con los Pueblos Indígenas incluidos en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.


Sin embargo, en la práctica no ve cómo se va a lograr ese propósito; es más, el documento lo que verdaderamente refleja es que las decisiones de política pública, sus marcos regulatorios y la asignación de recursos de inversión seguirán dependiendo de una orden central que los define y regula de principio a fin.


Esto quiere decir que la tan anunciada autonomía territorial, desde la Constitución de 1991, es una ilusión. En este gobierno a través de su PND las entidades territoriales indígenas tampoco son tratadas con el rango de autoridad que constitucionalmente la Carta Magna les otorga.


El PND está compuesto por una parte general y un plan de inversiones. La primera parte contiene los objetivos, las metas y estrategias, así como presentará las formas de armonización de la planeación de todas las entidades territoriales. El plan de inversiones por su parte contiene los recursos financieros y los presupuestos plurianuales de los programas y subprogramas.


En la consulta realizada para el plan anterior no se lograron acuerdos en temas cruciales para la conservación del territorio como la política minero-energética, el cambio climático y la reforma a la Consulta previa, el consentimiento previo, libre e informado; por lo tanto, cuando se habla del nivel de incumplimiento a los acuerdos se menciona un 92%, justificando así la disminución del presupuesto designado para estas políticas.


También se diseñó la creación de una bolsa de fomento para el desarrollo propio de los Pueblos Indígenas con un monto inicial de $4.000 millones con un incremento hasta alcanzar $5.000 millones anualmente según la gestión y ejecución del mismo. Pero como este programa no tuvo ningún seguimiento, la Mesa Interinstitucional (DNP, Ministerio del Interior y Programa Presidencial para los Pueblos Indígenas) evalúa que sólo se logró un 31% de cumplimiento.


Mucho ruido, pocas nueces


En el ‘Pacto por la equidad de oportunidades para los grupos étnicos’ que corresponde al capítulo XII del PND del gobierno actual, se incluye a la población indígena y se habla de temas de manera general mencionando como metas aspectos tan generales y repetidos como: “fortalecer las capacidades y habilidades de los territorios étnicos y de entidades territoriales para articularse a los procesos regionales de ordenamiento y planeación”, tarea pendiente con urgencia cuando ya hay territorios que manejan recursos de manera directa, pero lo penoso es que se presenta como si eso fuera una novedad.


En este capítulo se habla de educación, salud, primera infancia, seguridad alimentaria, inclusión productiva y vivienda, y sobre estos asuntos se diseñan planes como si fuera la primera vez que se el Estado lo hiciera, es decir no se toman en cuenta los muchos enfoques que se han propuesto para planear en territorios étnicos.


Asimismo, cuando se habla de salud se hace énfasis en la prevención, no en la enfermedad y cuando se plantea la necesidad de repensar el territorio y la ampliación y saneamiento de resguardos, estos aspectos apenas si se mencionan.


Por último, el debate en el Congreso de la República se realizará en el mes de marzo, en ese escenario se espera que no se desvanezcan los esfuerzos por incluir en el PND, realmente, una mirada intercultural y plurinacional que contribuya a la construcción del Estado por parte de los pueblos indígenas.