Por: Laura Cano
Periodista Pares
En horas de la mañana de este miércoles, 3 de noviembre, se conoció que en Paz de Ariporo, en el departamento del Casanare, se reportó una fuerte explosión a causa de un atentado contra una patrulla del Ejército. El hecho habría ocurrido en el sector de Guayabal, vereda La Motosbaja, luego de que, al parecer, se simulara un accidente, el cual iba a ser atendido por los militares. No obstante, cuando los uniformados del Batallón Guías N°16. de la Décimo Sexta Brigada del Ejército llegaron a la zona, se habrían activado los artefactos explosivos.
La explosión habría causado la muerte de cuatro personas: tres militares y un civil. Sobre el caso de los integrantes del Ejército, de quienes se ha dado información, las víctimas han sido identificadas como el cabo primero Edison Manuel Buitrago Prada y los soldados Diner Inocencio de Dios y Brayan Esteban Morales Rincón.
Sobre el hecho, desde el Ejército se comunicó que se “dispuso de un equipo interdisciplinario para hacer el acompañamiento a los familiares de nuestro personal militar herido y asesinado en este repudiable hecho, y extiende un sentimiento de pésame a los familiares, compañeros y amigos del personal militar asesinado en cumplimiento del deber”.
Entre tanto, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseveró al respecto: "Solidaridad con familias de fallecidos y heridos. Que sepan los autores del crimen que la fuerza pública los perseguirá día y noche. No podrán esconderse”.
Hay que traer a colación que, luego que fueron conocidos estos hechos, se conoció un comunicado que, al parecer, habría sido emitido por el ‘Frente 28 José María Córdoba’, de las disidencias de las FARC, bajo el mando de Dairon Rodríguez, en el cual esta estructura se habría atribuido la responsabilidad por lo ocurrido.
Así las cosas, vale la pena señalar que, el 5 de junio de 2020, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta 023 para el departamento de Casanare, en donde se puntualizaba lo siguiente: “Los reductos guerrilleros auto-referidos como FARC, quieren retomar las antiguas zonas de control en las estribaciones de la cordillera Oriental, justificada en el «incumplimiento de los acuerdos firmados Gobierno – FARC EP» en el año 2016, representando un incremento de las acciones militares en la zona. Este actor armado no estatal parte del conflicto armado corresponde a una de las Facciones Disidentes de las ex FARC que se autodenomina como ‘FARC frente 28’, en alusión directa al frente de la extinta guerrilla que delinquió en este territorio hasta el 2016 (también conocido como el Frente José María Córdoba). Estaría integrada por presuntos ex integrantes de los antiguos frentes 10, 28, 38 y 45 de la ex guerrilla de las FARC -EP, bajo la coordinación de estructuras de mando vinculadas a la ‘Segunda Marquetalia’”.
En el mismo documento, el organismo advierte que, además de este grupo guerrillero, también tiene presencia el ELN, ubicándose en la cordillera Oriental, punto donde confluyen los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. Su posición en esta zona se encontraría motivada, entre otras cosas, por la obtención de rentas, así como por la intención de generar un mayor reclutamiento de menores. “Estos actores armados no estatales parte del conflicto armado, habrían acordado el control del territorio con base en la distribución que históricamente mantuvieron las extintas FARC EP y el ELN, coexistiendo en el territorio a partir de pactos de no agresión. Como consecuencia del Acuerdo para el fin del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera entre las FARC EP y el Gobierno Nacional, se generó un vacío territorial que coyunturalmente el Estado no logró cubrir eficazmente, siendo inicialmente ocupado por el ELN, pero que posteriormente, y en la medida en que se fortalecía, fue retomado por la Facción Disidente de las FARC frente 28”, se lee en la Alerta señalada.
Así las cosas, y con la responsabilidad del hecho que habría asumido el ‘Frente 28’, es necesario estar al tanto de qué acciones se van a tomar por parte de las instituciones correspondientes, sobre todo teniendo en cuenta las acciones violentas similares que han ocurrido en otras zonas, y la actual situación de violencia que parece expandirse por todo el territorio nacional. Asimismo, también se hace necesario establecer quién fue la persona civil que perdió la vida en el hecho para comenzar el debido proceso de investigación y judicialización.
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