Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Es clara la predilección que tienen las organizaciones criminales internacionales por Colombia. Así lo demostraron esta semana cuando, en menos de ocho días –fruto de operaciones conjuntas de la Interpol y Europol– le fueron capturados en el país, por lo menos, 17 de sus integrantes.
Según los informes de la Policía, los capturados son ciudadanos de República Dominicana, Perú, Holanda, Italia, Albania y Venezuela –además, por supuesto, de Colombia–. Y hacían parte de varias organizaciones criminales internacionales, entre ellas, la Red Corona de República Dominicana, Los Bruno de Perú, el grupo NL de Países Bajos y la Negrangheta de Italia.
Adicionalmente, informaron que las capturas se realizaron en lugares muy dispersos del país: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cundinamarca, Nariño, Risaralda y Valle del Cauca. Territorios donde estas organizaciones tradicionalmente realizan negocios ilícitos como narcotráfico, lavado de activos y financiamiento de otras organizaciones criminales.
Esta extraña y casi inédita operación ocurrió luego del asesinato –en una playa privada en la isla de Barú en Cartagena–del fiscal especializado Marcelo Pecci. Acción que, según informes de inteligencia, fue dirigida por la estructura criminal Punto 50, que pertenece al Primer Comando Capital (PCC), y que se ejecutó como retaliación a que el fiscal antimafia de Paraguay los tenía en su mira.
Son dos hechos los que llaman la atención de esta situación: el primero, lo atractivo que resulta nuestro país para el crimen organizado internacional. Colombia es un territorio plagado de negocios ilícitos y, en su mayoría, con incidencia en el mercado internacional. De aquí se exporta el 70% de la cocaína del mundo, se tiene una abundante y variada minería ilegal y, además, se comparten con otras organizaciones internacionales el lucrativo negocio de tráfico de migrantes.
Además, para las organizaciones criminales resulta muy conveniente tener a sus hombres y mujeres de confianza residiendo en el país. Para los ilegales, resulta muy fácil ingresar a territorio colombiano y mantenerse en la clandestinidad con relativa tranquilidad. De allí que a la mayoría de los capturados se les sorprendió realizando labores cotidianas: desplazándose en una calle en compañía de su familia, en la entrada de un centro comercial o en sus habituales lugares de residencia.
El segundo hecho que llama la atención es la efectividad con que actuó la policía internacional para atacar estas estructuras criminales. Quedó ilustrado lo apropiado que resulta para las autoridades el trabajo conjunto y comprometido de sus agencias para atacar a estas organizaciones trasnacionales.
Lo que lleva a plantear la necesidad de continuar ejecutando mancomunadamente en la persecución del crimen organizado. Ya se ha visto que si se dejan solas a las autoridades colombianas en esta labor, los avances son y serían pocos. Pero si se trabaja de forma conjunta en temas de uso de nuevas tecnologías y de inteligencia policial –financiera, informática, etc. –, y se comparten conocimientos del recurso humano calificado, entre otros aspectos, podría lograrse mucho.
Estamos ante una ventana de oportunidades para combatir a las organizaciones criminales que, como dejó claro en las pasadas semanas el Clan del Golfo, tienen mucho poder en el país. Nuestras organizaciones criminales nos han dicho que el componente económico y financiero pesa, y que golpes en este sector pesan, incluso más que la captura de sus capos.
En ese sentido, hay que reconocer que una de las formas más efectivas para luchar contra estas organizaciones es afectando sus finanzas criminales. Hay que avanzar en el combate financiero de los clásicos negocios de producción y comercialización de estupefacientes, minería ilegal y extorsión; igualmente, luchar contra el contrabando, el tráfico de migrantes, el comercio ilegal de armas y el fraude aduanero.
En conclusión, es necesario que en una lucha contra el crimen organizado se le de protagonismo al componente económico, para avanzar en un efectivo desmonte de las estructuras criminales. Se necesita realizar acciones concretas y efectivas contra las finanzas ilícitas de estas organizaciones armadas criminales que permitan su bloqueo económico para desincentivar la presencia de estos negocios en el país.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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